Cores de la Región Metropolitana se suman a reclamaciones contra Los Bronces Integrado

Once Consejeros regionales se hicieron parte de las reclamaciones de la comunidad ante la resolución del Comité de Ministros que aprobó el proyecto minero. Fuente: Reporte Minero, 23 de diciembre de 2023.


El pasado 8 de noviembre el Comité de Ministros aprobó el proyecto de Anglo American Los Bronces Integrado. Ante esto, diversas organizaciones presentaron reclamaciones para que el tribunal ambiental retrotraiga la autorización ambiental del proyecto hasta que este no sea nuevamente evaluado.

“Las reclamaciones presentadas por nuestros representados, buscan que se resuelvan elementos críticos no evaluados o deficientemente considerados y que tienen gran impacto para sus vidas y el medio ambiente. Estamos hablando de un proyecto que no se hace cargo de la grave situación climática que enfrentamos, sin entender el funcionamiento de una cuenca y cómo los impactos aguas arriba van a afectar todo un sistema de vida aguas abajo, poniendo en riesgo las condiciones hídricas del país para los próximos años y afectará a muchos glaciares que ni siquiera considera dentro de su área de influencia”, señala Macarena Martinic, abogada de ONG FIMA y representante de las partes reclamantes.

Al respecto, la Consejera Regional Sofía Valenzuela, señala “La crisis climática es una realidad que impacta fuertemente a nuestro territorio. Hoy tenemos 22 comunas con decretos de escasez hídrica vigentes y como consejeros regionales metropolitanos, nos genera máxima preocupación el resguardo de los glaciares y fuentes hídricas de nuestra región. Acá vive más del 40% de la población del país y en este contexto, como Gobierno regional rechazamos la ampliación de la minera Los Bronces, pues entre varios factores, en el proceso de evaluación ambiental su área de influencia fue subestimada dejando fuera 85 glaciares de nuestra cordillera”.

El eventual impacto ambiental

De acuerdo con los consejeros regionales, entre los elementos reclamados se encuentran, la exclusión de forma injustificada de la evaluación sobre los impactos del proyecto en la subcuenca del río Mapocho y del río Aconcagua; deficiente modelación y caracterización hidrogeológica del área a intervenir por el proyecto; falta de consideración de los factores climatológicos, para la cual no se consideraron las condiciones de escasez hídrica y sequía en ambas regiones; condiciones que contravienen el derecho humano al agua, principio fundamental que no fue considerado por el comité de ministros al dar la autorización.

A lo anterior, los consejeros suman las deficiencias en la evaluación de los grandes reservorios de agua dulce, al no inclurir en el área de influencia glaciares y glaciaretes que se encuentran en el entorno del proyecto; la falta de información respecto al efecto del material particulado sedimentable y el carbono negro que se depositaría sobre su superficie, comprobado componente que es precursor del cambio climático.

Mientras que otra de las preocupación que presentaron fueron los eventuales efectos en la contaminación del aire y las inadecuadas medidas de compensación presentadas por Anglo American, las cuales incluyen acciones como aspirado (día por medio) de calles en ruta G-21, Pavimentar todas las rutas por donde pasen vehículos que sean parte del proyecto, reemplazar los calefactores de leña con calefactores eléctricos en al menos 89 hogares alrededor de la ruta G-21, entre otras, lo que no soluciona los posibles problemas en la salud de las personas que pudieran acentuarse en una ciudad que ya tiene elevados niveles de polución.

“Tenemos estudios académicos que dan cuenta que un 82% del derretimiento de glaciares en nuestra región se estaría produciendo por la actividad minera. Es por esta razón que creemos que el Estudio de Impacto Ambiental no consideró todos los factores críticos para la resolución de calificación ambiental y hoy venimos a presentar todos los antecedentes para solicitar la invalidación administrativa”, indicó Sofía Valenzuela.

Tras esta presentación, el Segundo Tribunal Ambiental deberá llamar a alegatos a las partes para luego resolver respecto las razones del actuar del Comité de Ministros. La iniciativa contempla una inversión inicialmente estimada de US$3.300 millones, además de una adicional en torno a los US$200 millones, para el cumplimiento de los compromisos ambientales definidos por la autoridad.  

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