Marcela Godoy, presidenta del Segundo Tribunal Ambiental: «Uno de los puntos de mi gestión es hacer un trabajo en el tema de las conciliaciones»

La primera mujer en presidir la entidad fija, además, su meta de reducir los plazos en la dictación de la sentencia y en general en la resolución de la conflictividad ambiental. Y adelanta su intención de retomar la discusión para mejorar el sistema de nombramiento de ministros. Fuente: Diario Financiero, 1 de diciembre de 2023.


Hoy la institucionalidad ambiental está prácticamente liderada por mujeres y los Tribunales Ambientales no son la excepción. A la sede en Antofagasta que desde hace más de un año es encabezada por Sandra Álvarez, se sumó el Segundo Tribunal Ambiental ubicado en Santiago que tiene a Marcela Godoy hace más de dos meses como su primera ministra presidenta. En su
primera entrevista en el cargo, reflexiona que, «más que el género de quien lidera, la posibilidad que no existan cortapisas, sino que sean miradas solo las competencias técnicas, objetivas y competencias blandas para que una persona pueda ser nombrada y finalmente pueda liderar, es lo fundamental».

La abogada relata que no tenía una relación con el equipo previamente, salvo con los ministros actuales que están integrando el Tribunal que tuvieron un paso también por Antofagasta donde también trabajó como relatora, pero reconoce que «ha sido tremendamente satisfactorio pasar a ser parte de este Tribunal».

En la presidencia, junto al secretario abogado, han estado trabajando en visualizar dónde pueden generar mejoras para optimizar los trabajos y, por otro lado, conocer cuál es la planificación y los objetivos específicos de cada área. Pero Godoy ya tiene un foco claro desde que postuló a este rol: eficientar aún más los tiempos en la dictación de la sentencia y en
general en la resolución de la conflictividad ambiental.

“Han habido intentos con ministros anteriores de los tres tribunales en orden a plantear una propuesta de reforma, pero eso se ha visto interrumpido por distintos factores como la pandemia y la primera propuesta constitucional”.

Según explica, la resolución de los conflictos ambientales para que sea eficiente tiene que ser pronta y oportuna. «No puede ser una resolución de conflicto que podemos tenerla a través de una sentencia que puede ser muy robusta, científica, técnicamente y jurídicamente, pero desfasada. Eso para mí no es una aplicación correcta de justicia. La resolución de los conflictos socioambientales urge de una resolución oportuna, pronta, eficaz y evidentemente en el equilibrio que sean resoluciones -como lo exige nuestra ley- técnica y jurídicamente fundamentada», enfatiza.

Respecto a los plazos, asegura que se han ido superando con creces los promedios históricos de este Tribunal que tuvo retardos importantes en materia de dictación de sentencia y en tramitación: «Lo que correspondería ahora sería eficientar más ese proceso y acortar aún más esos plazos. La forma de cómo lo vamos a hacer es introduciendo factores de medición objetivos y que no dependan de un ejercicio interno, sino que más bien externo, donde podemos principalmente detectar dónde se genera los principales retrasos, cuáles son las brechas, por qué nos podríamos retrasar, y así entonces logramos una eficiencia en acortar los tiempos de la dictación de resolución».

Pero también, Godoy recalca que la ley les otorga la posibilidad de generar procesos conciliatorios que cumplan con soluciones que pasen por el estándar de una indemnidad ambiental. «En la medida en que eso sea posible, soy una convencida de que, si legalmente tenemos el instrumento, obviamente tenemos que ejecutarlo, y ahí también vamos a tener un espacio importante de acortamiento probablemente de la resolución del conflicto propiamente tal», adelanta.

Y sentencia: «Uno de los aspectos que me ha interesado y que ya lo he levantado como uno de los puntos de mi gestión es hacer un trabajo aún mayor y más profundo en el tema de conciliaciones».

– ¿Cómo se podría fortalecer la conciliación en este Tribunal?

– Uno tiene ya competencias en esa línea, pero siempre son mejorables. La disposición también del Tribunal a echar mano a este recurso, la voluntad de las partes y el requerimiento de las partes hacia el Tribunal es fundamental. Para que esas mayores competencias puedan dar resultados evidentemente tiene también que existir una confianza y un requerimiento de las partes en esa línea. Convergiendo estos factores evidentemente podemos llevar a cabo este mecanismo de resolución alternativa. De lo contrario, todo quedará como un mecanismo que está incorporado en la ley, pero del cual no se puede utilizar.

Estoy convencida que la conciliación es un excelente mecanismo de término de controversias socioambientales. Todas las partes involucradas, en general, van a tener un resultado. No sé si es un resultado óptimo, pero sí un buen resultado. Y lo más importante que el resultado que sea tiene que dar protección al medio ambiente. Es muy importante que ese concepto lo vayan
tomando los abogados que litigan acá. Uno ve hasta a veces a los mismos abogados participantes, porque creen en el proceso de conciliación.

– ¿Los funcionarios ya tienen un plan de capacitación?

– Trabajamos anualmente en planes de capacitación y justamente uno de los que se está trabajando es en esa línea. A propósito de la planificación estratégica también obviamente vamos introduciendo las mejoras y también determinando qué cosas a juicio del tribunal es más necesario hacer.

– ¿Y cómo se puede lograr ese trabajo de confianzas, considerando que es un vínculo difícil de
lograr?

– La institucionalidad ambiental en general está en una etapa de bastante madurez. Por lo mismo también como toda institución ya madura requiere mejoras. Los Tribunales Ambientales también hemos logrado una consolidación, una confianza. El Tribunal lo ha medido con distintos instrumentos que se realizan permanentemente y, con independencia de una resolución en caso a caso, el público o nuestros principales requirentes tienen bastante confianza en el trabajo del Tribunal y en las formas en que ejerce sus funciones. Si bien nuestra función no se determina en base a aquello, sí nos preocupa poder generar las confianzas necesarias para que esta institución ejerza también su labor con mayor credibilidad.

– Pone énfasis en la reducción de los plazos. ¿Las demoras se deben a los problemas en la
integración de ministros o hay temas internos que influyen?

– Salvo en Valdivia este año, nunca están todos, y eso es una causal importante de la demora. No solo influye en la demora temporal sino que también en el producto final. Y en la especialidad. La justicia especializada es un tremendo aporte, pero de la forma también cómo se modeló esta propuesta de organismo y en la medida en que estemos funcionando siempre con la mitad o menos incluso de los ministros, evidentemente hace más lento los procesos y además se pierde el objetivo principal que estas causas, que tienen un contenido muy técnico, sea conocido finalmente solo por ministros abogados.

– ¿Pero cómo se puede trabajar en la baja de plazos con esta variable en la que poco pueden hacer?

– Han habido intentos con ministros anteriores de los tres tribunales en orden a plantear una propuesta de reforma, pero eso se ha visto interrumpido por distintos factores como la pandemia y la primera propuesta constitucional en que se supone que desaparecían básicamente los tribunales especializados. Es un tema a retomar y, a lo menos desde mi mirada, ya he ido acercando conversaciones con ministros de los otros tribunales que todavía no han sido formalizadas en algún encuentro, pero volverá a ser uno de los temas que nos llevará a coordinarnos y a poder en definitiva generar alguna propuesta común para efectos de mejorar este sistema de nombramiento.

– ¿Esto puede ser retomado en el encuentro de Tribunales Ambientales que intentó plantear
una propuesta respecto a la falta de integración de ministros?

– Al menos de manera extraoficial he ido tomando la posta para tratar de retomarlo. Si bien los tribunales son organismos autónomos, es fundamental entre los tres tribunales tener mínimas coordinaciones, ya sea para efectos de trabajar en mejoras respecto de nuestro órgano jurisdiccional, pero también en temas que quizás interesa que estemos coordinados. Nunca es malo, entre pares, poder conversar, aunar criterios y evidentemente no comparar pero sí aportar desde la experiencia de cada uno.

– ¿Y cuál es su propuesta en cuanto al sistema de nombramiento?

– No es desconocido que tuvo bastante resistencia y desconfianza la creación de tribunales especializados. Esto llevó también a que en algunos de los tribunales costó mucho que se pudiese instalar. Los requerimientos que se hicieron en aquel momento para la elección de los ministros, quizás se justificaba porque había exigencias altas, pero actualmente algunas de ellas podrían derechamente eliminarse y sobre todo las inhabilidades posteriores, porque, al ser además un cargo que al concluir genera inhabilidades por un tiempo no menor, desincentiva a cualquiera a postular. Incluso dentro de los tribunales hay mucha gente que quizás cumple perfectamente con los perfiles de cargo, pero no están dispuestos a tener un período de vencimiento. Prefieren mantenerse en la institucionalidad porque además es un trabajo estable, no así la de los ministros.

Hay etapas -que no sé si el término es eliminarlas-, pero que se deben intervenir y simplificar, porque cualquier concurso que dure dos años o dos años y medio desincentiva a cualquiera. Prefiero no indicar cuáles serían las mejoras que quisiera hacer, porque preferiría tener una visión comunitaria para efectos de cuál será nuestra posición al momento de plantearla y ante
quién plantearla.

Las causas que reciben

– ¿Cómo están viendo el quehacer de los tipos de causas que están enfrentando y los desafíos
que eso impone?

– Este mismo año con la creación del Sistema de Biodiversidad se amplían nuestras competencias. Como Tribunal nos anticipamos a aquello y tomamos en su minuto las distintas estrategias para enfrentar este aumento de competencia. También tenemos un equipo de estudio donde vamos haciendo seguimiento a los principales proyectos que tengan connotación ambientales y que de alguna manera, ya sea directa o indirectamente, nos van a afectar desde el punto de vista de nuestra competencia.

Este es el Tribunal que presenta más variación en las materias que conoce. Lo nuevo que también ha ido ingresando en mayor cantidad son los temas urbanísticos, de planificación territorial y en esa línea se mantiene ruido que es un buen volumen de causas y las más comunes en nuestra judicatura que son las causas de reclamos por sancionatorios de la Superintendencia de Medio Ambiente o por evaluación ambiental respecto del SEIA.

– ¿Cuál le gustaría que fuese el sello de su gestión?

-Siempre me he desarrollado básicamente en el sector público. Soy una persona muy comprometida con los intereses públicos y desde ese punto de vista me siento muy llamada a generar una gestión lo más eficiente posible, a todo nivel, administrativo, jurídico y también un liderazgo con mucha cercanía para poder proyectar y en el fondo posicionar al equipo de alto nivel que actualmente lidero. Creo que es muy importante que nuestro tribunal sea reconocido por quien nos da el sustento para eso que es el equipo de alto nivel del cual hoy formo parte.

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