El largo y pedregoso camino del Convenio 169, ¿llegará a su fin?

Pulso, 13 de marzo de 2013. Ayer se dio el vamos a la “Mesa de Consenso Indígena” que busca definir una manera de consultar a los...

Pulso, 13 de marzo de 2013. Ayer se dio el vamos a la “Mesa de Consenso Indígena” que busca definir una manera de consultar a los pueblos originarios para evitar la judicialización que hoy frena varios proyectos

A FIN de febrero pasado la Comisión de Expertos de Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT publicó un informe en que le pide al gobierno chileno una aplicación más clara y transparente del Convenio 169. Este acuerdo lo adoptó la OIT en 1989, para generar un marco de protección a los pueblos originarios, al que el Congreso chileno recién dio el vamos en 2008 y la entonces presidenta, Michelle Bache-let, lo ratifició en agosto de ese año. A partir de su entrada en vigencia, en septiembre de 2009, este convenio ha sido protagonista en la discusión sobre todo para el desarrollo de nuevos proyectos, cuando éstos deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Por qué? Porque el artículo 6 del convenio plantea que se debe “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Y agrega, al final de ese artículo, que “las consultas llevadas a cabo en la aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.

De hecho, actualmente está en Contraloría a la espera de su aprobación, un nuevo reglamento para el SEIA, que busca resolver este tema para ajustarse a las exigencias del Convenio 169.

Por otra parte, para responder a esta necesidad multisectorial es que ayer el ministro de Desarollo Social, Joaquín Lavín, presentó en La Moneda una “mesa de consenso indígena” para establecer un camino formal para las consultas del Convenio 169 de la OIT. Con ese fin, participaron representantes de las nueve etnias indígenas del país: Aymara, Atacameño, Colla, Quechua, Diaguita, Rapa Nui, Mapuche, Kaweskar y Yagan.

“Lo que comienza el día de hoy es la etapa final de lo que estamos definiendo, que es cuál será el procedimiento de consulta. O sea, que cada vez que haya que consultar a los pueblos originarios, cómo se consultará, a quiénes, cuándo, etc.”, dijo el ministro. Y agregó: “Se ha constituido una mesa de acuerdo, donde el Estado de Chile y los pueblos originarios van a tratar de llegar al mayor consenso posible sobre ese mecanismo. Es algo importante tener un mecanismo de consulta claro, porque de eso dependen proyectos, políticas públicas, obras, etc. Es algo que Chile necesitaba y que ojalá podamos tener de aquí a un mes”.

Marcial Colin, consejero nacional mapuche y uno de los nueve representantes de los pueblos originarios de Chile, ayer participó de esta instancia y está expectante. “No es una mesa más. Cualquiera sea el resultado va a influir en Chile. Si es favorable a nuestros pueblos, evidentemente que se iniciará un camino de diálogo y consenso permanente. Y, si no están las voluntades para conseguir ese consenso, obviamente que el movimiento indígena tendrá que asumir estrategias que permitan obligar al Estado a que cumpla con sus obligaciones internacionales”.

Juan González Caro, consejero del pueblo kawesqar, Región de Magallanes, también se oye entusiasta. “Hay buena fe. Lo más importante es que esta instancia es histórica para nosotros. El gobierno abrió las puertas, y nosotros hicimos una contrapropuesta y esperamos consensuarla con el gobierno”.

Tanto Colin como González, cuentan que parte de la contrapropuesta es derogar el decreto 124 que entró en vigencia el mismo día que el Convenio 169. Ese decreto define “el procedimiento a través del cual los pueblos indígenas interesados, a través de los sistemas que este reglamento diseña, pueden expresar su opinión acerca de la forma, el momento y la razón de determinadas medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente y que tengan su origen en alguno de los órganos de la administración del Estado”. Pero ese reglamento, no se consultó a los pueblos, por eso exigen su derogación.

Uno de los problemas clásicos en este tipo de esfuerzos, es que el cuerpo de representantes al que se le consulta, sea reconocido por sus pares. Y es lo que suele quitar la certeza que tanto se pretende, sobre todo, para evitar la judicialización de proyectos.

Respecto a este posible flanco, el director de la Conadi, Jorge Retamal, sostuvo que el proceso lleva dos años y están poniendo su máximo esfuerzo y que, pese a todo, es posible que haya gente que no quiera participar. “Ya han participado más de 15 mil personas en distintos talleres, mesas de trabajo y, por lo tanto, la gente sabe que estamos en un proceso de desarrollo que es importante para ellos, que va a derivar en toda la nueva institucionalidad para los pueblos originarios”.

Sobre la mesa que ayer se presentó, Retamal explicó que “el gobierno entregó un texto en agosto, que se puso a disposición de las organizaciones. Hubo un gran encuentro los días 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre pasados, en el que participaron más de 200 dirigentes, en el que formaron comisiones de trabajo, donde quedaron de entregar contrapropuestas a esa propuesta del gobierno. En eso estamos. Y lo que viene ahora es tener un mecanismo de consulta”.

En el Congreso

Otros que también están participando del debate que debería devenir en una nueva ley, son los parlamentarios. En enero se constituyó una comisión bicameral, para velar por el cumplimiento del artículo 6 del Convenio 169 con los senadores Juan Pablo Letelier, José Antonio Gómez, Hernán Larraín, Lily Pérez y Mariano Ruiz-Esquide y los diputados Cristián Letelier, Sergio Ojeda, Joel Rosales, Joaquín Tuma y Pedro Velásquez.

El senador Letelier, presidente del organismo, afirmó al momento de constituir la comisón que la primera fase de su trabajo será aprobar “la modificación del reglamento de la Cámara y el Senado para asegurar la implementación del Convenio 169 de la OIT que es la materialización de la definición de a quién, cuándo y cómo se consulta a los pueblos originarios cuando hay legislaciones que los afecten”.
Recuadro :
-¿Qué ha pasado? Ayer comenzó el trabajo de la Mesa de Consenso Indígena, con la convocatoria a las nueve etnias de pueblos originarios de Chile.

-¿Por qué ha pasado? Porque es necesario generar un modelo por el cual hacer las consultas que exige el Convenio 169 que vela por los derechos de los pueblos indígenas cuando un cambio administrativo o legal los afecta.

-¿Qué consecuencias tiene? Al establecer un mecanismo claro de consulta se busca evitar la judicialización de proyectos por no cumplir esta norma.

-¿Cómo me puede afectar? Si se llega a un consenso, éste puede agilizar el desarrollo de proyectos de inversión que hoy esperan aprobación del SEIA.

-La OIT hizo un informe en que pide al gobierno más claridad en la aplicación del Convenio 169.

-El problema clave es la consulta a los pueblos originarios. Ayer se formó una mesa de consenso que busca resolver ese tema.

-Entre las primeras peticiones de la mesa de consenso indígena, piden la derogación del decreto 124.

-A mediados de abril, según los planes del gobierno, debiera haber un acuerdo que destrabe la forma de dar cumplimiento al Convenio 169 y con esto, avanzar en proyectos de inversión.