La Tercera, 28 de septiembre 2013.- El último catastro encargado por el Ministerio del Medio Ambiente demostró que al menos cinco ecosistemas que no estaban representados...
La Tercera, 28 de septiembre 2013.- El último catastro encargado por el Ministerio del Medio Ambiente demostró que al menos cinco ecosistemas que no estaban representados en las áreas que protege el Estado comienzan a ser resguardados gracias a iniciativas privadas.
Está ubicado a sólo 60 kilómetros de Santiago y es considerado a nivel internacional como uno de los 64 “hot spots” o sitios prioritarios para la conservación. Esto porque la zona de Altos de Cantillana, formada por un cordón montañoso en la comuna de Alhue, es una de las que mayores niveles de endemismo presenta en el país. No sólo es el hábitat de especies emblemáticas como la guiña, el gato Colo-colo y el elusivo lagarto de Valeria, que habita exclusivamente en la zona central de Chile, sino que también alberga especies como el roble de Santiago, única en su tipo y que se instaló en esta región tras la última glaciación.
Pero uno de los principales problemas de conservación que enfrenta la zona es la fragmentación de sus hábitats debido a la intervención del hombre. Si bien desde 1996 que existe en este lugar la Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha, administrada por Conaf, muchas de las especies que dependen de este ecosistema se ven circunscritas a lugares cada vez más reducidos. Pero nuevas iniciativas privadas en el área auguran una solución a este problema: dos nuevas reservas comienzan a interconectar estas áreas, la última de las cuales fue creada este año. En efecto, el interés de los privados por la conservación ha crecido notoriamente en las últimas décadas, que se incorporan a esta tendencia atraídos por aprovechar servicios como el turismo, el agua que se extrae de los bosques y la obtención de bonos de carbono. Y es la zona mediterránea la que mayor interés ha despertado en los privados en las últimas décadas.
Así lo demuestra el más reciente catastro en el tema, un proyecto del Ministerio de Medio Ambiente y del programa GEF del Pund considerado “clave” para la creación de un sistema nacional integral de áreas protegidas para Chile: a los aproximadamente 14,5 millones de hectáreas resguardadas por el Estado a través del Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas (Snaspe), se suman 1,7 millones de hectáreas que cuentan con protección gracias al interés de los propietarios privados en la conservación.
Nuevos ecosistemas protegidos
Leonel Sierralta, jefe de la división de Recursos Naturales del Ministerio del Medio ambiente, explica que la relevancia de estas iniciativas radica en que complementa los esfuerzos públicos de conservación. “No todos los ecosistemas donde existen altos niveles de biodiversidad están cubiertos por el Estado. Muchas de estas áreas están en manos de privados”, dice. Fernando Valenzuela, coordinador del proyecto, explica que este nuevo catastro, realizado por la Fundación Senda Darwin en colaboración con Conserva Chile, reveló un importante aumento de estas iniciativas en las últimas dos décadas.
Si antes se contabilizaban cerca de 10 propiedades privadas destinadas a conservación por década, a partir del año 90 los datos indican que la cifra ahora se eleva a cerca de 100 iniciativas por década. Una de las más beneficiadas es la zona mediterránea, desde el sur de la III Región hasta la VIII Región: “En estas zonas existían importantes vacíos de conservación en el sistema público”, afirma Fernando Valenzuela.
Un ejemplo son los ecosistemas de matorral chileno, en la zona central, compuestos de bosques de tipo esclerófilo y caducifolio, como los que se ubican en la zona de Alhue. Este año se creó la reserva San Juan de Pichi, que se suma a Altos de Cantillana. Ambos esfuerzos privados ayudan a complementar la labor de protección que desde hace más de una década realiza Conaf en la zona a través de la Reserva Roblería del Cobre de Loncha. “Esto permite interconectar la biodiversidad que habita en estas áreas, estableciendo los llamados corredores biológicos”, explica el biólogo Fernando Zoronde, que trabaja en una iniciativa que busca convertir a toda la comuna de Alhue en zona de paisaje de conservación, lo que transformaría a esta comuna en la primera del país en ostentar este título. Y es que el mayor interés de los privados por destinar sus predios a la conservación termina generando un efecto cascada, que atrae a nuevos propietarios interesados en aprovechar los llamados “servicios ecosistémicos” que ofrece mantener, por ejemplo, un bosque.
Uno de los principales de estos servicios es la provisión de agua limpia. Estudios realizados por el Núcleo Milenio Forecos de la Universidad Austral de Chile han demostrado que el bosque nativo posee un gran potencial para proveer de agua, lo que resulta crucial en períodos de verano, cuando el agua proveniente de deshielos disminuye drásticamente. Otro poderoso atractivo para la conservación entre los propietarios privados, según el estudio, es la participación en el mercado de los bonos de carbono y el turismo de intereses especiales.
Las hectáreas de los privados
A nivel nacional, el estudio identificó 308 Iniciativas de Conservación Privada (ICP), las que cubren una superficie estimada de 1.651.916 hectáreas (se encuestó al 79% de este universo). La investigación demuestra que prácticamente en todas las regiones del país existen esta clase de iniciativas, salvo en la Región de Tarapacá. En términos de número de iniciativas de conservación y concentración de sus mayores superficies, éstas se localizan en la Región de Los Lagos (86 iniciativas con una superficie de 480 mil hectáreas), de Los Ríos (72 esfuerzos privados con una superficie de 190 mil hectáreas) y Magallanes (ocho proyectos con una superficie de 360 mil hectáreas).
Otro dato interesante es que más del 60% de estas iniciativas privadas de conservación corresponden a pequeños propietarios, vale decir, con superficies inferiores a 200 hectáreas, pero cinco de ellas concentran gran parte de la superficie en manos de privados, con tamaños superiores a las 100 mil hectáreas: en total, estas suman 1.044.655 hectáreas, lo que equivale al 63% de las hectáreas destinadas por privados a la conservación a nivel nacional.
También se destaca el hecho de que el 44% de la superficie que ocupan los privados para conservación coinciden territorialmente con sitios prioritarios para la preservación de la biodiversidad. Otro de los más relevantes y extensos se ubica en la zona de Chiloé. Allí, el llamado bosque resinoso templado costero no recibía protección de parte del sistema público, lo que amenazaba a especies nativas emblemáticas del sur de Chile, como el ciprés de las guaitecas.
Pero gracias al interés de los privados, este ecosistema cuenta ahora con un área de protección que asciende a 275 mil hectáreas, lo que equivale a tener bajo resguardo al 42% de este ecosistema característico de los fiordos patagónicos del sur de nuestro país.
El gran valor de este trabajo es que representa un paso adelante para establecer un sistema integral de áreas protegidas para Chile, una meta de la cual la iniciativa privada no puede estar ausente: fuera de las áreas protegidas por el Estado, que corresponden al 20% del territorio nacional, el 65% de la propiedad de la tierra corresponde a privados. Y si hasta hace algunas décadas el principal interés radicaba en la explotación de las tierras, el estudio revela un creciente interés también en la conservación de la biodiversidad a lo largo de Chile.
60% de las iniciativas de conservación privada están en manos de pequeños propietarios.