Balance ambiental 2006

Columna de opinión de Rodrigo Pizarro, Director Ejecutivo de Fundación Terram, publicada en diario La Nación el 02 de enero de 2006.

Columna de opinión de Rodrigo Pizarro, Director Ejecutivo de Fundación Terram, publicada en diario La Nación el 02 de enero de 2006.


Suponiendo que no ocurra algo extraordinario, se nombrará un ministro en marzo. Esperemos que esto marque el inicio del programa ambiental y se implemente la reforma.

Un balance en materia medioambiental no puede separarse de la gestión general del Gobierno y cuánto le ha costado precisar e implementar su programa durante 2006. Esta temática ambiental no escapa de la lógica generalizada de una gestión marcada por la confusión, con mayor razón porque quien tiene la responsabilidad política del asunto es la ministra secretaria general de la Presidencia. Lo irónico es que lo mejor y peor de 2006 es lo mismo: el proyecto de ley para crear el cargo de presidente de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama), con rango de ministro de Estado.

La Presidenta Michelle Bachelet identificó de una manera correcta la estructura institucional como el problema de fondo en el fracaso de la misión ambiental de la gestión del Presidente Ricardo Lagos. En consecuencia, ella planteó en el sector una reforma sustancial. Su propuesta consiste en tres ejes: la creación de un Ministerio del Medio Ambiente, institución a cargo del diseño e implementación de la política respectiva; la creación de una Superintendencia de Fiscalización Ambiental, con el objetivo de ordenar y fortalecer el control en este ámbito, y la generación de un servicio que gestione el Sistema de Áreas Protegidas.

Pero a pesar de la claridad en estas propuestas y el consenso con los actores de la sociedad civil y los partidos políticos, el Gobierno decidió implementar esta reforma mediante una enmienda: la creación del cargo de presidente de la Conama, que sería un ministro de Medio Ambiente sin cartera.

La creación de este cargo represente, sin lugar a duda, un avance: permite elevar la prioridad política al tema ambiental y ordenarlo en el gabinete, también se define un interlocutor claro ante la sociedad civil y los inversionistas privados. Pero no hay que confundirse, la existencia de un ministro no varía la estructura de la institucionalidad ambiental básica y, en consecuencia, no resuelve los problemas de fondo de un diseño en el que se agudizan los conflictos, como ha ocurrido con los casos Celco, Minera Los Pelambres o las hidroeléctricas de Aysén.

Al optar por el envío del proyecto de ley y a la espera de la conclusión del trámite legislativo, el Gobierno asumió que había cumplido su compromiso y entendió por realizado lo pendiente en la gestión medioambiental. Pero este hecho significó dejar inmovilizado no sólo la reforma mayor, sino la agenda ambiental 2006. Las contradictorias declaraciones de los ministros sectoriales (Bitrán, Poniachik y Rojas) en esta materia, así como la salida de altos funcionarios de la Conama representan una expresión de esta realidad.

En consecuencia, gracias al proyecto del ministro de Medio Ambiente, 2006 es un año perdido para la gestión en esta área. Ni el bullado proyecto de gestión integral de cuencas -artificio comunicacional- ni la reevaluación del plan de descontaminación atmosférico de Santiago -escaso avance- hacen que cambie la verdad de los hechos: excepto el proyecto que crea el cargo de ministro no hay avance alguno en materia ambiental en la temporada que recién concluyó.

Este año termina sin avances en el debate de la reforma institucional de fondo, el eje del programa ambiental de la Presidenta, la razón por la que organizaciones ambientales apoyaron su programa. No se ha nombrado comisión alguna para discutir lo que debería ser una de las enmiendas institucionales más relevantes del Gobierno. No se ha contactado a las organizaciones de la sociedad civil, las agrupaciones de base o incluso a los profesionales del medio ambiente (incluyendo los funcionarios de la Conama) para escuchar su opinión sobre la futura reforma.

El Ejecutivo no ha generado por ahora instancias de participación en el único tema en el cual se le exige al Estado organizar la consideración formal de las opiniones de la población, mediante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y donde existen instancias establecidas, como son los consejos consultivos y el consejo de desarrollo sustentable, por ejemplo.

Sin una reforma a la institucionalidad ambiental, los conflictos se agudizarán, dañando no sólo la calidad de vida de las personas -en especial de las comunidades más vulnerables- sino la seguridad jurídica de las inversiones que se contempla realizar. Suponiendo que no ocurra algo extraordinario dentro de los próximos meses, se nombrará un ministro de Medio Ambiente en marzo. Esperemos que esto marque el inicio del programa ambiental de la Presidenta y se implemente la ansiada reforma en el sector. ¿O acaso seguiremos esperando a Godot?

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