Municipios en pugna por el Salto del Laja

Instalación de central hidroeléctrica dejaría sin agua la cascada y el pueblo.El único alcalde de la zona que está a favor de la iniciativa es el de Cabrero, Hasan Sabag, quien afirmó que el proyecto ayudará al país porque generará energía limpia y diversificará la producción de la zona. La Nación, 23 de eenro de 2008.

"Salvemos el salto" rezaba una de las pancartas que los vecinos de Laja usaron hace unos días para protestar pacíficamente por la construcción de la central hidroeléctrica Trupán, una obra que dejaría a la comuna lajina literalmente sin agua.

Según el alcalde José Luis Pinto, los 16 mil habitantes de la ciudad sacan todo el vital elemento que necesitan del afluente que separa a las comunas de Los Ángeles y Cabrero, en la VIII Región. "De manera que estamos preocupados por esta situación ya que Laja se quedará sin agua para consumo humano", subrayó el jefe comunal.

Agregó que durante los últimos años el caudal del río ha bajado enormemente, por lo tanto la construcción de una central haría que disminuyesen aún más los niveles provocando una grave crisis para la comunidad, los empresarios turísticos y los productores agrícolas.

Otro de los puntos que recalcó el edil es que el Salto del Laja, un atractivo natural que calificó como patrimonio nacional, dejará de existir "porque el agua que se extraerá para la hidroeléctrica no regresará al torrente e irá a parar al río Itata".

MÁS AFECTADOS

Otro que se opone al proyecto es el alcalde de San Ignacio, José Aedo, quien aseguró que "los canalistas ocuparán el triple del agua que han usado históricamente -de 12 m3 a 38 m3- y eso afectará al río y a los demás agricultores que riegan con el agua del Laja".

Añadió que con la construcción de esta central se desperdiciarán 183 millones de dólares que el Gobierno usó para mejorar el canal Laja-Diguillín, ya que las aguas serán desviadas hacia otro río y no pasarán por esa zona. Además de San Ignacio, también se verían afectadas Yungay, Bulnes, Pemuco y El Carmen.

Por su parte el juez de aguas del río Diguillín, Francisco Saldías, señaló que se sienten desprotegidos frente a la asociación de canalistas porque ellos cuentan con recursos y poder para conseguir lo que quieren.

Manifestó que han sucedido muchas situaciones extrañas durante el conflicto, ya que los permisos se han conseguido rápida y silenciosamente, y no se han recibido respuestas de las autoridades, como el senador Hosaín Sabag, quien ha mantenido silencio y no ha escuchado a los vecinos.

El único alcalde de la zona que está a favor del proyecto es el de Cabrero, Hasan Sabag, hermano del parlamentario, quien afirmó que la central ayudará al país, ya que generará energía limpia y diversificará la producción de la zona.

Según el presidente de los canalistas del Zañartu Patricio Sabag, no pretenden dañar con la central, al contrario, sólo buscan beneficiar a sus 3 mil asociados.

Aseguró que la planta funcionará de acuerdo al flujo de agua que vaya en el torrente, sin afectar a los demás regantes del Laja ni al salto y rechazó las críticas sobre irregularidades en los permisos.

"Absolutamente todo se ha hecho dentro de la ley y todas las críticas se deben a la falta de información", sentenció Patricio Sabag.

La Central
 
El proyecto energético pertenece a la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, quienes aseguran tener derechos sobre las aguas del río Laja desde que firmaron un convenio en 1958.

Este acuerdo -que regula la extracción máxima permitida para las veinte agrupaciones de regantes que utilizan el recurso hídrico- fue suscrito entre la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas y Endesa.

La autorización permite usar un máximo de 45 metros cúbicos por segundo, cuestión que entre los caudales disponibles y los derechos de los demás regantes produciría un importante déficit.

Sin embargo, lo cierto es que la construcción de la central Trupán fue aprobada a fines del año pasado por la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema). Por lo que se extraerán aguas del río Laja, vaciándolas en forma posterior en el río Huépil, para luego conducirlas hasta el río Itata; sin que el recurso hídrico regrese a su fuente natural.

Esto provocaría graves efectos sobre las más de 90 mil hectáreas de terrenos cultivables de la zona.