Investigan corte ilegal de bosque nativo protegido en zona austral

El corte ilegal se desarrolló en el marco de un convenio que mantiene Energía Austral con Vialidad para la construcción de un camino necesario para su proyecto de represa en el río Cuervo, en circunstancias que la iniciativa aún no ha sido ingresada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ni, por lo tanto, evaluada ni eventualmente aprobada por la Corema que desde ayer preside quien fuera seremi de Obas Públicas. La Segunda Internet, 24 de julio de 2008.


La Brigada Investigadora de Delitos del Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural (Bidema) de la Policía de Investigaciones se encuentra pesquisando en la Región de Aysén una denuncia hecha hace algunas semanas por corta ilegal de bosque nativo, incluida la especie protegida de ciprés de Las Guaitecas, con el objeto de construir un camino para materializar la represa río Cuervo de la sociedad Energía Austral, en la zona de Puerto Aysén.

La gravedad de la situación radica en que se vulneró el Decreto 701 sobre Fomento Forestal y la Ley de Bosque, en el contexto de, según ha reconocido la compañía, "la construcción de 30 kilómetros de camino entre el Lago Los Palos y el Lago Meullín, con el mejoramiento 15 kilómetros camino público entre Puerto Aysén y Lago Los Palos", que se enmarca en un convenio que mantiene la compañía con la dirección regional de Vialidad, cuyo superior jerárquico era -al momento de la suscripción del acuerdo- el seremi de Obras Públicas que asumió ayer como intendente regional.  Incluso se autorizaron estos trabajos en circunstancias de que la iniciativa aún no ha sido ingresada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ni, por lo tanto, evaluada ni eventualmente aprobada por la Corema.  Es, de alguna forma, un mecanismo para evitar el análisis ambiental de esta obra en particular.

La denuncia, interpuesta entre otros por el director regional de Codeff, Peter Hartmann, primero ante la Bidema y posteriormente refrendada ante la Fiscalía Regional, señala que se hizo "tala rasa y cortado entre 10 a 12 hectáreas de bosque nativo, incluyendo el protegido ciprés de Las Guaitecas, incluso en sectores de cauce de aguas, todo esto sin la existencia del Plan de Manejo Forestal de Obras Civiles que exige la Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal", situación que configura el delito de corte ilegal, en terrenos mayoritariamente en propiedad del Estado.  Anteriormente la ingeniero forestal Lorena Valenzuela había hecho la misma denuncia ante Conaf.

Ya hace algunos días el Superintendente de Relaciones Comunitarias de Energía Austral, Alejandro Bórquez (seremi de Transportes en los gobiernos de Frei y Lagos) expresó que en el marco del citado convenio "Energía Austral pone a disposición el financiamiento y ejecución de las obras y la dirección de Vialidad, la ingeniería y la gestión de permisos pertinentes", agregando que "debido a un error de información, se cortaron árboles para la formación de la pasarela (peatonal) sin tener los permisos necesarios de las autoridades, por lo cual incurrimos en una falta, (tema que hoy) ya se encuentra resuelto con Conaf y se ha establecido el pago de una multa, la obligación de reforestar al menos una superficie igual a la cortada con especies como coihue y ciprés a razón de diez individuos por cada uno de los que fueron cortados. Además, debemos trasladar los productos de la corta al lugar de acopio que el seremi de Bienes Nacionales indique".

Para los denunciantes esta especie de avenimiento sería irregular considerando que el tema está radicado hoy en la Fiscalía Regional, y lo que existió fue "un daño ambiental efectuado al patrimonio fiscal y a todos los chilenos, y lo que corresponde es que haga valer el Estado de Derecho por parte de la empresa y su mandante, y se apliquen las medidas punitivas que correspondan".

Además, señaló Peter Hartmann, corresponde establecer claramente si fue realmente un error o la ilegalidad fue autorizada por alguna autoridad regional en coordinación  con la empresa.  "Y también es necesario que se explique claramente a la ciudadanía cómo fue la expropiación de la franja fiscal por parte de Bienes Nacionales para un camino privado que a su término sólo serviría a Energía Austral y su proyecto.  Además, como fue que los organismos del Estado se prestan para ayudar a evadir SEIA con funcionarios públicos y recursos fiscales" puntualizó.  

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