Aún queda mucho por hacer

La Ley de Bosque Nativo establece un hito en el desarrollo sustentable de los recursos naturales del país. Sin embargo, promulgada esta normativa, es imperioso abordar con urgencia los temas pendientes derivados de dicho cuerpo legal. Columna de opinión de Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, publicada en la revista Chile Forestal de agosto de 2008.


Pocas veces en la historia de Chile una ley había tenido una tramitación tan larga. Fueron 16 años desde que ingresó en el Congreso hasta su aprobación, pasando luego por el Tribunal Constitucional antes de su promulgación. En el intertanto, se contabilizaron varias versiones del texto, largos períodos de completo estancamiento y el esfuerzo de decenas de personas y organizaciones que trabajaron durante años por sacar adelante una ley que representara un efectivo aporte a la protección, conservación y recuperación del bosque nativo de nuestro país, tal como señala su título.
Pero pese a la satisfacción que implica la aprobación de esta ley, queda sin duda la sensación que hay tareas pendientes. La ley aprobada representa un hito, y en su texto se abordan temas de gran importancia, pero también deja fuera otros temas de la misma relevancia que deberán ser discutidos en instancias futuras.

Al analizar tanto el proceso de discusión de este proyecto de ley, como el texto final aprobado, queda claro que durante años no hubo acuerdo entre los diversos sectores respecto a la importancia que se le asigna al bosque nativo y al rol que debe tener el Estado de Chile respecto del manejo, conservación y protección de los ecosistemas vegetacionales y su biodiversidad.

En estos 16 años, muchos temas trabaron la discusión del proyecto. Las posiciones disímiles de los distintos sectores sobre la sustitución del bosque nativo o el cambio de uso de suelo son, tal vez, las que reflejan más claramente las diferencias de visión en cuanto a la relevancia que se le asigna al patrimonio natural de nuestro país. Por una parte, se sitúan los grandes empresarios forestales y agrícolas que defienden la forma en que han desarrollado sus negocios y, por tanto, trasmiten la importancia del desarrollo económico, resaltan las buenas prácticas de sus empresas y la cantidad de empleos que proporcionan. Por otra parte, se encuentran los sectores ambientales y sociales, que promueven una visión ecológica, donde la valoración, conservación y protección de los ecosistemas naturales tiene un rol preponderante, así como también el resguardo a las comunidades (incluidas las indígenas) que habitan en los territorios y el mantenimiento de las economías locales.

Son estas diferencias de visión las que están en el trasfondo de la mayoría de las discusiones ambientales en Chile y son las que, en definitiva, muestran posiciones distintas sobre cómo debe gestionarse el desarrollo de nuestro país. Son estos temas los que deberán ser abordados en las futuras discusiones en relación a la sustitución. Esta diferencia de visión y de prioridades no ha sido zanjada. Tras la promulgación de esta ley, resulta de la mayor urgencia comenzar a trabajar en estas materias pendientes.

Lo que ocurrió con la tramitación de esta ley puede ser extrapolado a diversos temas ambientales. Sólo basta mirar cualquier problemática ambiental en nuestro país para darse cuenta que los tomadores de decisiones, sean estos Gobierno, Parlamento o grupos económicos dominantes, salvo algunas honrosas excepciones, no tienen interés por garantizar el resguardo de los ecosistemas nativos y, por el contrario, le asignan una bajísima prioridad a la protección del patrimonio natural. Esto se hace más evidente al revisar la intrincada normativa ambiental chilena, donde salta a la vista la relevancia de las decisiones políticas por sobre las técnicas, la escaza participación ciudadana y de los actores locales, la carencia de regulaciones en diversos ámbitos, la insuficiente capacidad fiscalizadora del Estado y el bajo nivel de cumplimiento efectivo de los tratados internacionales suscritos por Chile.

Esta situación es más grave aun si restringimos la mirada sólo a aquello que tiene que ver con protección de ecosistemas y biodiversidad, donde claramente el país está muy atrasado si se compara con otros.

La debilidad en materia ambiental se debe básicamente a que Chile ha optado por un modelo de desarrollo basado en la extracción y exportación de recursos naturales con bajo nivel de procesamiento, fortaleciendo el establecimiento de enclaves productivos con una fuerte expresión territorial. El problema es que estos enclaves productivos muchas veces no tienen una relación de dependencia con los bienes y servicios que puede proporcionarle la zona en que se instalan. En general, se ubican en zonas donde es posible desarrollar una actividad económica que se basa en la extracción de un recurso natural presente en ese territorio, como es el caso de la minería en el norte, o donde pueden desarrollar sistemas de cultivos o productivos intensivos que se imponen por sobre las economías locales, como ocurre con la industria forestal basada en plantaciones de especies exóticas, o el cultivo de peces de especies exóticas, como los salmones.

Pero este tipo de desarrollo económico no tiene ningún arraigo; hoy puede desarrollarse aquí y mañana en otro lugar, si encuentra condiciones más favorables. Estas economías llegan desde fuera, se desarrollan y generan ganancias y algunas veces empleos locales, pero no se vinculan con el territorio, no valoran las economías locales ni los ecosistemas naturales que existen en la zona. Además, tienden a destruir las economías locales y la diversidad de fuentes laborales, y generan impactos en las comunidades locales y el medio ambiente.

Chile funciona de esta manera. Durante muchos años el Estado y los gobiernos de turno han propiciado el desarrollo económico a gran escala por sobre los pequeños desarrollos locales, y han impulsado a través de políticas públicas el desarrollo de un modelo económico que genera grandes retornos en el corto plazo, que permite la concentración del poder económico en pocas manos y en el cual no existe una relación con el territorio: no se valora ni se respeta a los habitantes ni a los ecosistemas naturales.

La historia de Chile está llena de ejemplos que evidencian la mínima valoración, casi el desprecio, por lo propio, por lo nativo, lo que se refleja en acciones de destrucción voluntaria o involuntaria. De hecho, como país hemos realizado más acciones por destruir los ecosistemas nativos que por protegerlos, conservarlos, manejarlos y generar algunas formas de desarrollo productivo local. En Chile nos gusta las cosas “a lo grande”: ser grandes exportadores de cobre, celulosa o salmones, pero carecemos de una mirada territorial, de una mirada local. De alguna forma, se ha instalado en nuestra cultura y en nuestros gobernantes la noción de que lo más importante es el crecimiento macroeconómico, una visión que promueven grandes consorcios empresariales, pero carecemos de una sensibilidad básica por nuestro territorio, nuestra gente, su forma de vida y sus culturas. Esto tiene su correlato en la poca importancia que le asignamos a nuestro patrimonio ambiental.

Acuerdo de los actores

Por esto, la aprobación de la Ley de Bosque Nativo tiene un doble valor. Por una parte, la relevancia de haber logrado acuerdos mínimos que permita contar con una legislación que promueva la protección, manejo y conservación del patrimonio forestal nativo y, por otra, haber generado consenso entre diversos sectores que representan posiciones opuestas y visiones de desarrollo disímiles. Los dos últimos años de discusión de la ley muestran un cambio en la voluntad para lograr acuerdos entre sectores que tradicionalmente representan visiones distintas. Las razones que impulsaron a un sector u otro pueden ser diversas, pero lo concreto es que encontramos un camino para buscar soluciones en el cual fue fundamental el rol del Estado (Gobierno y Parlamento) como generador de espacios de diálogo y garante de que todos los sectores tienen el legítimo derecho a expresar su opinión y a ser considerados.

Para lograr la aprobación de la Ley de Bosque Nativo fue necesario que el Gobierno jugara un rol activo, que asumiera compromisos y que se involucrara en la búsqueda de soluciones. La entonces Subsecretaria de Agricultura, Cecilia Leiva; la Directora Ejecutiva de CONAF, Catalina Bau, y el trabajo de sus equipos técnicos fue fundamental para dar garantías y establecer las necesarias confianzas en todos los sectores, dando las garantías de que existían espacios reales de negociación y que el Gobierno estaba comprometido con sacar este cuerpo legal adelante bajo condiciones que garantizaran la protección y conservación de los bosques nativos. Tema no menor, pues durante años los gobiernos anteriores no habían adoptado un rol activo que diera garantías a las organizaciones ambientales y sociales para expresar su posición e involucrarse en el proceso.

Por eso, al mirar hacia atrás resulta evidente que la demora en la tramitación legislativa no fue casual, sino que fue el reflejo de la escasa importancia que los gobiernos precedentes le asignaron a nuestros bosques, ecosistemas naturales y a las personas y organizaciones que trabajan ligadas al bosque nativo.

Pero la aprobación de esta Ley de Bosque Nativo no es suficiente; la experiencia de los últimos dos años nos indica que es posible generar acuerdos, y sin duda queda mucho por hacer, pues resulta urgente mejorar las regulaciones ambientales. No nos podemos dar el lujo de esperar otros 16 años para aprobar otra ley de estas características. Hoy sacar las tareas pendientes es cada vez más urgente y cuidar el patrimonio natural en cada lugar del planeta resulta prioritario.

Valioso patrimonio natural

Chile se caracteriza por tener un valioso patrimonio natural, de características únicas, con especies y ecosistemas tanto terrestres como acuáticos que han sido reconocidos por distintas instancias a nivel mundial. Sin embargo, la importancia que organizaciones internacionales como WWF, UICN, TNC, Conservation International, entre otros, le asignan al patrimonio natural de Chile, no ha sido internalizado por los propios chilenos y menos aún por quienes de una forma u otra son identificados como las instituciones o grupos de poder capaces de generar conciencia y desarrollar normativas tendientes a resguardar y mejorar las condiciones de nuestro patrimonio natural, ya sea terrestre o acuático.

Con la aprobación de esta ley se cumple con una tarea pendiente y se abre un espacio para avanzar en la generación de nuevas regulaciones en relación a los bosques de Chile y su biodiversidad, pero también nos permite ampliar la mirada y ver que aún hay muchas materias que abordar.

En materia forestal, no se ha realizado una actualización del catastros de especies vegetacionales, y tampoco existen avances en establecer protecciones efectivas a especies de flora y fauna ni a ecosistemas relevantes que han sido identificados como prioritarios por la estrategia nacional de biodiversidad, y que hoy están severamente amenazadas. Para qué mencionar temas más complejos, como establecer regulaciones a las plantaciones forestales o normar a la industria de celulosa, así como normativas sobre descargas de riles y contaminación difusa por pesticidas, por nombrar sólo algunos. También existen temas país, como implementar una estrategia nacional de cuencas hidrográficas, o desarrollar e implementar una política energética de largo plazo.

La aprobación de la Ley de Bosque Nativo es claramente un hito pero, como vemos, aún falta mucho por hacer y es urgente actuar.

Comments are closed.