Gobierno apura nominación de miembros del Consejo para la Transparencia

Tras promulgación de la Ley de Acceso a Información Pública. Las autoridades disponen de dos meses para constituir el nuevo órgano autónomo, pero se busca adelantar el proceso. El Mercurio, 12 de agosto de 2008.


Con la promulgación este lunes de la nueva Ley de Acceso a Información Pública se puso en marcha el proceso de conformación del Consejo para la Transparencia, futuro órgano autónomo que tendrá la tarea de promover la transparencia en la administración del Estado y garantizar que a los ciudadanos se les proporcione la información que requieran a la dirección estatal.

La nueva ley es una pieza fundamental de la agenda de probidad que ha impulsado el gobierno de la Presidenta Bachelet, aunque tuvo su origen en una moción de enero del 2005, presentada por los senadores Hernán Larraín (UDI) y Jaime Gazmuri (PS), que luego fue complementada por una indicación sustitutiva del Ejecutivo.

Los dos senadores se hicieron presentes ayer en la ceremonia en La Moneda en la que la Presidenta promulgó la normativa, que pasó a ser la Ley 20.285, acto al cual no asistieron representantes de Renovación Nacional, en señal de molestia con el Gobierno por el reciente rechazo en el Senado de Alfredo Pfeiffer para integrar la Corte Suprema.

La Mandataria aseguró en la ceremonia que esta nueva ley es uno de los legados más trascendentes que dejará su gobierno, norma que a su juicio cambiará la forma como los ciudadanos se relacionan con el Estado.

Aunque el cuerpo legal entrará en vigencia ocho meses después de su publicación en el Diario Oficial, una de sus innovaciones, la creación del Consejo para la Transparencia, debe constituirse a 2 meses de promulgada.

Para tal fin, el ministro Viera-Gallo iniciará una ronda de conversaciones con los senadores de todos los partidos a fin de concordar nombres para que integren el consejo de 4 miembros, que deberá colaborar en la puesta en vigencia plena de la ley.

El senador Larraín señaló que aún no han conversado nombres con el Gobierno. Los senadores RN se reúnen hoy para tal fin.

Ley incluye a las empresas del Estado

La normativa promulgada ayer impone nuevas obligaciones de transparencia activa y pasiva (entregar información a requerimiento de un solicitante) a todas las empresas públicas o sociedades en las que el Estado tenga participación accionaria superior al 50 por ciento, incluidas Codelco, BancoEstado, TVN, EFE y Enami.

Las empresas deberán difundir en sus sitios electrónicos su marco normativo, organización interna, estados financieros, composición de sus directorios y las remuneraciones de sus directivos y ejecutivos.

También estarán obligadas a entregar a la Superintendencia de Valores y Seguros la misma información a que están obligadas las sociedades anónimas abiertas. En caso de incumplimiento, sus directores se exponen a multas a beneficio fiscal de hasta 500 unidades de fomento.

Las atribuciones de un nuevo Consejo

La ley recién promulgada establece que el Consejo para la Transparencia es una corporación autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya misión esencial será promover la transparencia, fiscalizar el cumplimiento de la normativa y garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la información en poder de la administración del Estado.

Para tal fin, podrá dictar instrucciones generales y formular recomendaciones a los órganos estatales, además de imponer sanciones a los funcionarios (multas y suspensión temporal del cargo) y velar por la protección de los datos personales que estén en poder de la administración pública.

Prerrogativas y limitaciones de los futuros consejeros

La instancia clave que tendrá a su cargo la misión de dar eficacia al derecho de acceso a información pública estará integrado por cuatro consejeros que duran seis años en su cargo y pueden ser designados por un segundo periodo. Debe renovarse por mitades cada tres años.

La primera designación de los integrantes del Consejo para la Transparencia parte de una propuesta de la Presidenta, que debe ser ratificada por los dos tercios de los senadores en ejercicio. Se votan en un solo acto los 4 nombres.

En la primera nominación, la Presidenta indica los dos consejeros que durarán 6 años y los otros dos que les corresponden 3 años.

Los integrantes eligen al presidente del Consejo, quien dirime las votaciones que resulten en empates y dura 18 meses en el cargo.

El cargo de consejero para la transparencia es incompatible con otros cargos superiores de la administración del Estado, con la condición de funcionario público o integrante de los cuadros directivos de los partidos políticos.

Sobre las remuneraciones, la ley especifica que los integrantes del Consejo tendrán una dieta equivalente a 10 UF ($ 206.447 al valor de ayer) por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 100 UF ($ 2.064.476) por mes.

Por su parte, el presidente del nuevo órgano tendrá una remuneración similar a la que reciben los subsecretarios, es decir, unos $ 4.890.000.

Nombres que se barajan para integrar la entidad que promoverá la transparencia

LUCAS SIERRA
Abogado, investigador del Centro de Estudios Públicos y experto en telecomunicaciones.

ALEJANDRO FERREIRO
Ex ministro de Economía y ex secretario ejecutivo de la Comisión de Ética Pública.

JOSÉ ZALAQUETT
Abogado, profesor de derecho y especialista en derechos humanos.

ÁNGELA VIVANCO
Profesora de derecho constitucional en la Universidad Católica.

JUAN PABLO OLMEDO
Abogado, presidente de la Fundación Pro-Acceso.

FERNANDO COLOMA
Académico, ex integrante del Consejo de Equidad y ex presidente del consejo de Canal 13.

PAULINA VELOSO
Abogada, profesora de derecho, integrante del CDE, ex ministra de la Segpres.

LEONIDAS MONTES
Decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.

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