Organizaciones ambientalistas y comunitarias denuncian proyectos que impactarían su medio ambiente

La Comisión de Recursos Naturales escuchó a la Agrupación de Vecinos de Penco, que se opone a la instalación de una Central Termoeléctrica; al Movimiento Ecológico Quilicura sobre su oposición a la instalación de una segunda estación de transferencia de basura y a los representantes de las comunidades territoriales de Curarrehue, por el aumento de peticiones mineras en el cordón cordillerano. Camara.cl, 08 de septiembre 2009.


“Ellos quieren que cada proyecto ambiental respete no tan sólo la institucionalidad ambiental sino también el derecho de los ciudadanos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, dijo el presidente de la instancia parlamentaria, diputado RN Roberto Sepúlveda, refiriéndose a las inquietudes, reclamos y también aspiraciones de un grupo de comunidades ambientalistas y comunitarias, que expusieron ante este organismo.

“Creo que ha sido una jornada también muy fructífera porque nos ha permitido no tan sólo tomar contacto con la gente sino también tener un estado de alerta a nuestra Comisión con respecto de lo que está sucediendo en nuestro país en la toma de decisiones de proyectos ambientales que impactan la calidad de vida e hipotecan nuestro futuro”, puntualizó el diputado Sepúlveda.

Una de las comunidades que expuso ante la comisión fue la Agrupación de Vecinos de Penco, comuna que cambió el uso de suelo de 27 hectáreas para destinarlas a la actividad industrial y donde sus habitantes se oponen a la instalación de una Central Termoeléctrica por considerarla altamente nociva, según señalan sus dirigentes.

“Queremos apelar al derecho constitucional de vivir libre de contaminación, porque todos sabemos que al trabajar esta termoeléctrica con carbón (…) va a matar la vida marina porque va a recoger agua para las calderas para enfriamiento y la va a devolver con temperatura, y lo segundo, es que son 2 mil toneladas diarias de material particulado que van a emitir sobre la población, porque va a trabajar con carbón bituminoso, traído de Colombia, que es altamente contaminante”, dijeron los representantes de la comunidad.

Curarrehue

Otra inquietud comunitaria fue la que expusieron los representantes de las comunidades territoriales de Curarrehue y del cordón cordillerano de esa zona que incluye a Cunco, Melipeuco, Pucón y Villarrica, en el sentido que en el último tiempo han aumentado las peticiones mineras en el área, poniendo en peligro el ecosistema con la contaminación de ríos y lagos, lo que le ha hecho daño al turismo en la zona, según informó el diputado PRSD, Fernando Meza.

“Esta es una situación recurrente en Chile, falta una legislación adecuada en torno a una ley minera, en torno al Código de Aguas, que se traduce en una violación de los derechos de los pueblos originarios, concretamente el pueblo pehuenche en la comuna de Curarrehue, sector de Reigolil, a más de mil kilómetros de la región Metropolitana y de Valparaíso”, expresó el parlamentario.

De acuerdo al vocero de estas comunidades, Abel Allapán, estas comunidades viven del turismo y la agricultura de subsistencia y con estas exploraciones mineras sus actividades se ven afectadas.

Por su parte, el diputado PRI Eduardo Díaz señaló que “lo que ellos están planteando es que aquí no se les ha consultado ni para el proyecto geotérmico, ni tampoco se les ha consultado para las peticiones mineras que hay para Rigolito I, que se supone que son para extracciones de pumicita, que es un material que puede contaminar todos los ríos de una zona, que tiene una belleza natural y un potencial turístico enorme. Ni tampoco se les hace las consultas correspondientes para hacer más proyectos acuícolas. La idea que ellos están planteando es que quieren participar y ser consultados”.

Agregó el parlamentario que afortunadamente con la entrada en vigencia próximamente del Convenio 169 de la OIT -que tendrá un rango mayor a las normas que rigen a la minería y el agua por tener un carácter constitucional al ser un tratado internacional de derechos humanos- se podrá poner en práctica la exigencia de que las comunidades étnicas sean consultadas para este tipo de proyecto que impactan negativamente el medio ambiente y las actividades productivas.

Quilicura

Por su parte, la Agrupación Movimiento Ecológico de Quilicura, representada por su presidenta María Sagredo Oliva, expuso ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales su inquietud por la futura instalación de una segunda planta de transferencia de basura, que se sumaría a la de KDM.

“Queremos también hacer hincapié que nuestra comuna se abastece de agua subterránea, por lo tanto, nosotros nos preguntamos qué va a pasar con los líquidos percolados, que va a pasar con nuestros suelos”, razón por la cual exigen un estudio de impacto ambiental.

“Vamos a oficiar a las distintas autoridades y también servicios públicos para que nos den una respuesta clara, precisa y categórica respecto de las falencias y de alguna negligencia que hemos detectado en este último proceso”, precisó el diputado Sepúlveda respecto a estas tres situaciones.

 

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