Institucionalidad ambiental

Carta al director de Paola Vasconi, Coordinadora del Programa de Medio Ambiente de Fundación Terram, publicada por el Diario Financiero el 22 de octubre 2009.


En artículo publicado por su diario se hace un análisis sobre la iniciativa del gobierno para Reformar la Institucionalidad Ambiental actual y los puntos del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los senadores miembros de la Comisión de

Medio Ambiente, con vistas a que el proyecto de Ley que crea el Ministerio de Medioambiente, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y la Superintendencia Ambiental, vea la luz verde antes que finalice el mandato de la presidenta Michelle Bachelet.

Según su diario, los principales puntos del acuerdo se relacionan con la creación del nuevo Servido de Áreas Protegidas y Biodiversidad, la Superintendencia, Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, las Corema, la Evaluación Ambiental Estratégica, la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental, definiciones conceptuales y cambios en la caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), pero sobre todo estaría condicionando la reforma ambiental al envío, por parte del Ejecutivo, de un proyecto de Ley que crea los tribunales ambientales.

Terram considera importante que los distintos actores/sectores se pongan de acuerdo en temas tan trascendentales para el país como el de la reforma a la institucionalidad ambiental Sin embargo, éste no pareciera ser el caso. De hecho, llama la atención que finalmente el Gobierno, cediendo a las presiones del sector empresarial representado en la Comisión por los senadores de la Alianza, se haya comprometido ha ingresar a la brevedad un proyecto de Ley que crea los tribunales ambientales y que la creación del Servido de Áreas protegidas y Conservación de la Biodiversidad, parte del programa de Gobierno de la presidenta Bachelet, compromiso explícito del Acuerdo de Chagual, considerada en la propuesta original del Ejecutivo, haya sido finalmente relegada a una solución transitoria dejando una vez más nuestro patrimonio natural a la deriva.

Desde nuestra perspectiva, este acuerdo no puede ser sinónimo de que las discusiones pendientes y los temas aún no resueltos no sean abordados en profundidad. Esta es la oportunidad de pensar país y no proyectos personales, y de que la Reforma Ambiental que finalmente se apruebe responda a las necesidades ambientales presentes y futuras de Chile. Esperamos que esta sea la premisa del Ejecutivo y los senadores cuando se materialice o no la firma del acuerdo. 

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