Areas protegidas, uno de los retos de la nueva institucionalidad ambiental

El proceso para constituir la nueva institucionalidad ambiental está en marcha y tanto o más importante que la conformación del Ministerio de Medioambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia y los Tribunales ambientales, hay una quinta repartición que hasta ahora ha pasado inadvertida: el Servicio Nacional de Biodiversidad y Areas Protegidas. El Diario Financiero, 16 de abril 2010.


La definición de esta instancia implica ni más ni menos que determinar cuántas y cuáles serán las zonas del país que serán dedicadas a preservar el ecosistema y, lo que es más crucial, qué actividades productivas estarán permitidas en dichos territorios, redefiniendo la forma en que hasta ahora gobierno, empresas, grupos ambientalistas, académicos y expertos, se han relacionado con estos territorios.

Actualmente y bajo diversas categorías, cerca del 30% del territorio de Chile continental corresponde a áreas protegidas.

A juicio de diversos sectores, se trata de un tema no menor, que aunque tiene que ser zanjado a principios de 2011, debería comenzar a discutirse ahora para arribar a una fórmula que permita el equilibrio entre la conservación de estas zonas y el desarrollo de una economía como la chilena, basada en la extracción de recursos naturales.

"Es un hito positivo y modernizador de la institucionalidad dedicada al resguardo del patrimonio natural de nuestro país", asegura Manuel Sánchez, director de consultoría de POCH Ambiental.

Compromisos varios

La creación de este servicio, que concentraría la administración de las zonas dedicadas a preservar la biodiversidad, fue uno de los compromisos que la ex presidenta Michelle Bachelet alcanzó durante su campaña electoral con los grupos ambientalistas, para quienes de esta forma se llena un vacío regulatorio de varias décadas.

Para otros sectores esta discusión, que en virtud de otro acuerdo político fue desplazada hasta enero de 2011, cuando se cumpla un año de la aprobación de la ley que crea el Ministerio de Medioambiente, puede representar una amenaza para el futuro de una serie de actividades productivas, por lo que en el sector privado están expectantes de conocer los lineamientos de la propuesta que el gobierno presentará al Parlamento.

"Las definiciones sobre áreas protegidas que tendremos son importantes porque a partir de ellas sabremos con claridad dónde y cómo se puede intervenir el territorio y también hacerse cargo de que hay una ciudadanía activa, que tiene ganas de participar en materia ambiental", señala la ex titular de Medioambiente, Ana Lya Uriarte.

Desde cero

Luis Cordero, investigador del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, explica que el tema de fondo no es establecer una nueva repartición, sino que replantearse desde cero lo que ha sido el manejo de las zonas protegidas.

"No existe un cuerpo único que defina estos territorios, sino que desde la década de los ’30 se ha dado una especie de ‘teletón’ en que por distintas vías se han declarado las zonas de protección", indica.

A juicio del profesional, que asesoró a la Conama en la reforma, ahí debe enfocarse el trabajo de las nuevas autoridades.

"El criterio que se ha usado hace que en la práctica aunque sean muchas las hectáreas bajo protección, se trate de zonas aisladas y no representativas, lo que hace al sistema ineficiente, con lo cual no se está conservando nada", advierte Cordero.

Hoy son 22 los reglamentos, decretos y leyes que regulan áreas protegidas, lo que entrega un rango de discrecionalidad importante a la hora de permitir o restringir actividades en estas zonas, lo que genera incertidumbre a nivel del empresariado.

Privados expectantes

Mientras en el mundo ambientalista esperan que la autoridad cumpla con los plazos comprometidos para enviar al Congreso este proyecto que se avizora complejo, en el empresariado esperan un indicio de cómo se actuará.

Al analizar la relación de los distintos sectores productivos con las zonas protegidas, son cuatro las actividades que podrían verse impactadas si el criterio que impera en esta definición es restrictivo, como plantea el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, Joaquín Godoy. Él es partidario de permitir en estas áreas únicamente actividades relacionadas con turismo, siempre y cuando éste sea sustentable.

Otros puntos débiles son minería y energía, actividades que están emplazadas en zonas que podrían ser objeto de restricciones de acceso desde el punto de vista de la conservación ambiental.

"En general las áreas protegidas no afectan las faenas mineras en operación o ya descubiertas, pero sí a sectores prospectivos y ahí hay que tener cuidado", advierte el presidente de la división Metales Base de BHP Billiton, Diego Hernández.

A su juicio, en esta etapa y respecto de esta actividad "el gobierno tiene que medir bien dónde se puede y no se puede hacer exploración, teniendo en cuenta un criterio de mayor flexibilidad sin pragmatismo".

Hasta ahora no hay indicios de cuál será la propuesta de la autoridad, ya que el grupo Tantauco dedicado al tema -instancia hoy disuelta- no alcanzó a analizar esta materia, de acuerdo a lo que comenta uno de sus ex integrantes.

Pese a los requerimientos de este medio, en el Ministerio de Medioambiente no estuvieron disponibles para referirse a este próximo proceso regulatorio.


 

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