Crecen denuncias por robo de agua en zona de escasez

En las regiones de Coquimbo y Valparaíso. Canalistas afirman que les rompen las compuertas. Disputas llegan "a los combos", dice el alcalde de Monte Patria. El Mercurio, 06 de diciembre 2010.
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Sólo una brisa permite capear el calor en el pueblo de Punta Colorada, 130 km al norte de La Serena. Quinientas personas viven allí vendiendo aceitunas, limones y naranjas. A 50 metros de la calle principal hay una huerta de cuatro hectáreas que pertenece a la junta de vecinos. La dirigenta Margarita Ortiz abre una llave y no sale ni una gota de agua. "Mire estos naranjos: se están secando al sol porque hace tres meses que no los podemos regar", se queja.

En el poblado acusan al dueño de un fundo ubicado a 5 km. Lo acusan de sobreexplotar los derechos que tiene sobre un acuífero para vender agua a las mineras. "¡Quién los va a supervisar si están tan lejos, por allá!", reclama la mujer.

Por la ruta se ven camiones llevando el líquido con el que mojan los caminos. Aunque los vecinos no tienen pruebas, la Dirección General de Aguas (DGA) confirmó que hay una investigación en curso. Casos como éste son comunes entre regantes, canalistas y agricultores de la IV y V Región, donde el MOP decretó escasez hídrica en varias comunas.

Según el Ministerio Público, las denuncias por usurpación de agua aumentaron respecto de 2009. El año pasado, en la IV Región hubo 24 denuncias, mientras que durante 2010 van 32. En Valparaíso, de 78 se pasó a 156.

Con vigías

Carlos Galleguillos, director de la DGA de Coquimbo, precisa que el robo -castigado con presidio menor y multas de hasta 20 UTM- se hace con mangueras y que en otros sectores van camiones aljibe directo a los cauces.

"Es evidente que el riesgo sube en períodos secos", asume.

No obstante, una gran cantidad de denuncias no llega a la justicia por el largo trámite. De hecho, se solucionan "a la mala". El alcalde de Monte Patria, Juan Carlos Castillo, reconoce que "muchas veces las disputas llegan a los combos. Es casi una cultura ancestral en la zona".

Los canalistas de El Melón, en Valparaíso, describen un panorama funesto. "Estamos perdiendo absolutamente todo. Tenemos 1.200 hectáreas y somos 350 a 400 pequeños agricultores sin capital de trabajo… Nos meten mangueras, nos rompen o palanquean las compuertas", explica su presidente, José Lorenzo Muñoz.

En el río Illapel, la junta de vigilancia ejerce un férreo control: tienen celadores y un sinfín de candados en las compuertas. A pesar de ello, en los canales que salen del cauce el delito es muy frecuente. "Hasta gente profesional persiste en tener políticas de usurpación. Eso hace que a algunos regantes de más lejos no les llegue nada", dice Jaime Tapia, titular de esa junta de vigilancia.

La intención de la DGA, dice Galleguillos, es aumentar el número de fiscalizaciones en terreno, y si llegan recursos ante una eventual declaratoria de emergencia agrícola, contratar más celadores. Mientras, los regantes piden mayor presencia policial en la zona. 

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