Procesos mineros con agua de mar y desalinización
Columna de opinión de Joseline Canio, investigadora de Fundación Terram, publicada en portal El Chasquis el 10 de diciembre de 2010.;
La semana del 15 de noviembre, la minera Esperanza, filial de la empresa Antofagasta Minerals, ubicada en la región de Antofagasta, comenzó a extraer agua de mar para utilizarla en sus procesos productivos. Esta mina perteneciente al grupo Luksic, trasladará el recurso hídrico extraído del mar desde la localidad de Michilla, hasta la faena minera ubicada a 2.300 metros de altura, en un sector conocido como Sierra Gorda.
El consumo hídrico que requiere la planta, según el estudio de Impacto Ambiental presentado ante la ex Conama, es de 600 lt/seg, de los cuales sólo 50 lt/seg serán desalados, es decir, el 8% del agua tomada del mar. El agua dulce será utilizada en procesos en la costa de lavado del concentrado y en la mina misma para el consumo humano. Para el resto de los procesos será utilizada el agua salada, a partir de la aplicación de nuevas tecnologías que permiten utilizar este tipo de agua en el proceso.
Dentro del informe presentado ante la ex Conama, hay algo que llama fuertemente la atención y que deja ver la falta de normativa que existe en Chile, tanto para la utilización industrial de agua de mar como para la instalación del funcionamiento de desalinizadoras. En el Anexo II-6, en donde se presentan los certificados que indican que el suministro de agua para el proyecto Esperanza, se menciona que durante la etapa de construcción existen contratos con Aguas Antofagasta S.A., quien es la encargada de suministrar con el agua de característica industrial a la minera, entregando una tarifa de 0.08 UF por m3. En este también se indica que “durante la operación se utilizará agua de mar”, sin embargo no se presenta ningún tipo de certificado que de testimonio de algún tipo de valor que se le entregue al agua de mar o de retribución al estado de Chile por la utilización de un recurso que es de todos los chilenos.
Es evidente que existe una ausencia de marco regulatorio que genera confusión al interior del sistema de evaluación de impacto ambiental y que delata el vacío existente en la legislación chilena, ya que no queda claro la forma en que está funcionando esta planta y que normativas debe cumplir, y cuales son los certificados que se deben presentar para realizar de forma adecuada y de manera responsable la extracción de agua marina. Esto ocurre debido a que en el Chile actual, país OCDE y camino a ser desarrollado, no existe ningún tipo de ley o norma que regule el proceso de la toma de agua de mar para ser utilizada en procesos industriales, ni tampoco leyes o normas que controlen y/o regulen la instalación de desalinizadoras.
Es necesario destacar que en la zona centro y norte de nuestro país la disponibilidad de agua, tanto potable como para procesos industriales, es escasa, lo podemos comprobar simplemente con los 4 decretos firmados por el Ministro de Obras Públicas, Hernán de Solminihac decretando zonas de escasez hídrica a las regiones de Coquimbo y Valparaíso. O con las denuncias de robo de agua en zonas de escasez que se han presentado los últimos días.
Nos estamos acercando, más rápido de lo que quisiéramos, a una etapa de escasez de agua. Por ello, la toma y utilización de agua del mar para procesos industriales, así como la desalinización de agua de mar comienzan a ser cada vez más frecuentes y se presentan como “alternativas” para palear los problemas de escasez de agua. Sin embargo, las cosas no son tan simples ya que estas actividades pueden generar impactos en el borde costero y economías locales, por una parte no sabemos mucho de los procesos industriales con agua de mar y cuáles son sus impactos, pero si sabemos que las desalinización de agua de mar es muy intensiva en el uso de energía, lo que en el norte se ve traducido en la instalación de más termoeléctricas.
Mientras no exista una normativa que permita regular los procesos de toma de agua del mar, ya sea para utilización directa o desalinización, así como regular los depósitos de salmueras producidas del proceso de desalinización, la instalación de generadoras eléctricas de fuentes no sustentables las cuales permitirán el funcionamiento de las plantas desalinizadoras, la instalación de este tipo de industrias y la generación de agua dulce podrían convertirse más que en una solución, en un gran problema ambiental que afecte una gran parte de la población. Con el propósito de avanzar en mejoras respecto de la situación actual y lograr que estas actividades sean desarrolladas de manera responsable, es necesario que el Chile de hoy, comience a generar ordenamiento territorial, leyes, normas y procesos de fiscalización que puedan ser aplicados a este nuevo tipo de empresa que recién comienzan a desarrollarse en el país.