Judicialización de los procesos de evaluación ambiental de proyectos se duplica desde 2008

Según cifras del Servicio de Evaluación Ambiental, en 12 años se han llevado a juicio 108 Estudios de Impacto Ambiental, de los cuales 15 obedecen al convenio 169 de la OIT. Pulso, 21 de agosto 2012.
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Es sindicada como la gran traba en el desarrollo de las iniciativas de inversión del país. La judicialización se instaló casi como un factor de riesgo implícito en el desarrollo de cualquier proyecto y es materia de conversación constante dentro del empresariado chileno.

Según el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en 12 años se han llevado a juicio 108 Estudios de Impacto Ambiental (EIA), de los cuales 15 obedecen al convenio 169 de la OIT, que reconoce derechos sobre la tierra y los recursos naturales y exige a los estados que se consulten a  los pueblos indígenas cuando éstos puedan ser afectados.

Es precisamente este convenio suscrito en septiembre  de 2008 el que ha duplicado las judicialización de proyectos en los últimos 4 años.

Según las estadísticas del SEA, previo a 2008, el promedio de juicios ambientales se reducía a 6 instancias por año, mientras en el rango que comprende los años 2009 y 2011, esta cifra aumentó ostensiblemente, a un promedio de  11 recursos presentados cada doce meses.

“Considero que este tratado debe ser visto como una oportunidad para las empresas de acercarse a la comunidad”, afirma Ignacio Toro Labbé, director ejecutivo del SEA.

En cuanto a las Declaraciones de Impacto Ambiental (DEA), el total de propuestas llevadas a juicio suma 38 proyectos, de los cuales dos fueron paralizados por la justicia de acuerdo al convenio con la OIT.

De acuerdo a cifras de la Sofofa, en la actualidad hay más de US$20.000 millones en grandes proyectos de inversión que no han visto la luz debido a la resistencia de ciertas comunidades. La entidad empresarial revela que de las 100 mayores iniciativas privadas hasta 2020, que suman US$ 124.616 millones, hay a lo menos ocho grandes proyectos que se encontrarían en riesgo de desarrollo y que totalizarían US$ 22.084 millones.

“Lo que está sucediendo en el sector energía es que los proyectos de expansión del sistema están tomando demasiado tiempo en materializarse. Esto, principalmente debido a la judicialización”, dice Andrés Concha, presidente de Sofofa.

Para el director del SEA, la mejor manera para evitar la judicialización es blindar los EIA, reconociendo todos los elementos que interactúan con el entorno. “Si tú no tienes la certeza técnica, la certeza jurídica no la tendrás jamás”, afirma Toro.

En un terreno de mayor consenso, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, opina que el aumento en la judicialización es una coyuntura cuyas responsabilidades son compartidas, y añade que es primordial llegar a un equilibrio que permita dar mayor rapidez a la concreción de los proyectos.

“Siempre es malo echarle la culpa al empedrado; aquí debe haber responsabilidades recíprocas (…) ahora, también creo que hay que establecer equilibrios que hagan esto viable y razonable y dejar de tener expectativas que son inabarcables y que constituyen abuso de derecho y verdaderas extorsiones que son inaceptables”, comenta Villarino.

 

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