HidroAysén regresa a la agenda del gobierno

En marzo debería producirse la reunión del Comité de Ministros que resolverá el futuro del proyecto. La Tercera, 02 de marzo 2013.


De cara al inicio del último año de gobierno de Sebastián Piñera -que estará marcado por las elecciones de noviembre-, un tema sensible ocupa uno de los primeros lugares en la agenda del Ejecutivo, desde que a inicios de 2013 fijara para marzo la cita del Comité de Ministros -integrado por las carteras de Medio Ambiente, Salud, Economía, Agricultura, Minería y Energía- en que se estudiarán las reclamaciones a HidroAysén.

En dicha instancia se podría autorizar la construcción de las centrales.

El proceso estará marcado por la decisión que en mayo de 2012 adoptó Colbún, dueña del 49% de HidroAysén (el 51% restante corresponde a Endesa), en la que, a través de un hecho esencial informado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), recomendó no ingresar a evaluación el proyecto de la línea de transmisión de HidroAysén, situación que suspendió el proyecto.

La decisión de Colbún, que la compañía justificó por la falta de una “política nacional” en temas energéticos, sorprendió a La Moneda, y tuvo como respuesta una serie de contactos entre los ministros de Hacienda, Segpres y Energía con ejecutivos de empresas del sector y líderes gremiales, para tranquilizar al sector e informarles de los avances en la Estrategia Nacional de Energía y del entonces proyecto de ley de carretera eléctrica, enviado al Congreso tres meses después.

Tras esa decisión de Colbún, también se iniciaron reservadas e informales conversaciones entre el Ejecutivo y miembros del directorio y propietarios de las compañías socias de HidroAysén, sobre las reales posibilidades de reactivar el proyecto. Fuentes de gobierno dicen que a través de los titulares de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez; Energía, Jorge Bunster, y Segpres, Cristián Larroulet, tanto el gobierno como las compañías han sondeado las intenciones de cara a la reunión de los ministros que sellará el futuro de las represas.

En mayo de 2011, HidroAysén obtuvo la aprobación ambiental para la construcción de las centrales en la región. La decisión generó una serie de reclamaciones (tanto de opositores a la represa como de la empresa), que deben ser resueltas por el Comité de Ministros.

La instancia equivale a una nueva acción administrativa, lo que puede generar, dependiendo de la decisión, una serie de recursos judiciales por parte de los opositores al proyecto -quienes así lo han anunciado-, que podrían extender la discusión sobre la iniciativa, en un período marcado por las campañas de cara a los comicios de noviembre.

El gobierno analiza los pasos que dará en esa dirección, y es uno de los argumentos que tiene en cuenta. Desde el Ejecutivo explican que ese diagnóstico político es uno de los motivos por los que se ha aplazado y aún no se convoca el Comité de Ministros.

En efecto, HidroAysén fue una de las causas de las movilizaciones sociales de 2011 que marcaron el inicio de la caída en los índices de aprobación al gobierno. En La Moneda estiman que la repetición de manifestaciones masivas, como las de mayo de ese año, en las que los opositores al proyecto lograron congregar a entre 30 mil y 40 mil manifestantes, tendría consecuencias electorales.

Por otro lado, la presión de los gremios empresariales, cuyos portavoces han acusado falta de políticas energéticas y han adosado a La Moneda la responsabilidad de lo que consideran trabas al desarrollo de proyectos; y el escenario energético proyectado de aquí a 2016, cuyo panorama es adverso en caso de que no se sume generación de megawatts al sistema, también han sido analizados en el Ejecutivo.

En un escenario de escasez energética como el que se ha advertido, HidroAysén significa inyectar 2.750 MW a los 18.126 MW que suman el Sistema Interconectado Central (SIC) y el Sistema Interconectado del Norte Grande (Sing) en el país.

Un ministro dice que la señal que se ha entregado a los dueños de HidroAysén desde La Moneda es que existe la voluntad política para destrabar el proyecto. Esa luz verde, sin embargo, no implica que no se le hagan reparos, los que saldrían de la revisión de las reclamaciones, puntos que, según dicen altas fuentes de gobierno, se han ido abordando durante los diálogos con los representantes de las compañías socias del proyecto.

Pero la principal inquietud del gobierno en la materia es aclarar con las empresas propietarias si HidroAysén efectivamente se va a llevar a cabo. En el Ejecutivo creen que sería un “suicidio político” asumir el costo de aprobar un proyecto impopular en un año electoral para que éste finalmente no se efectúe.

Los cuestionamientos del gobierno provienen de la paralización que sufrió la iniciativa tras la decisión de Colbún y, por eso, el foco de las conversaciones en los últimos meses ha estado en la búsqueda por parte del Ejecutivo de señales y garantías de HidroAysén que aseguren que el proyecto energético será efectivamente puesto en marcha.

Para el gobierno, los propietarios del proyecto, hasta el momento, no han entregado esa seguridad.

En estos ocho meses de diálogo, los propietarios de HidroAysén han interpelado al gobierno. A los requerimientos de La Moneda por información concreta sobre la efectiva materialización del megaproyecto, las empresas han señalado que mientras no haya claridad sobre la ley que establece la carretera eléctrica, que actualmente se tramita en el Senado, es imposible responder preguntas sobre el futuro de las represas.

Para Endesa y Colbún, es clave saber qué pasará con la carretera eléctrica y, con esa información, aclarar en forma técnica la manera en que la línea de transmisión se conectará al Sistema Interconectado Central. En otras palabras, para los dueños de HidroAysén, el futuro del proyecto también depende de las decisiones del gobierno y las “reglas del juego” que establezca la ley.

Aun así, quienes han tenido conocimiento de las conversaciones aseguran que hay matices en las posturas de ambos socios, y que Colbún mantiene la posición más dura y crítica contra el Ejecutivo. En efecto, a mediados de febrero Enersis, controladora de Endesa, en el contexto de su aumento de capital, anticipó que este año se ingresaría el proyecto de la línea de transmisión al sistema de evaluación ambiental.

En el gobierno quieren impedir que se vincule el proyecto de ley de carretera eléctrica con HidroAysén, debido a que durante su gestación la iniciativa legal fue duramente criticada por los opositores a las megarrepresas, quienes lo consideraron un “traje a la medida” para HidroAysén, y en el Ejecutivo no quieren replicar la oposición ciudadana que tuvo la aprobación de la construcción de las centrales, con la tramitación de uno de sus proyectos más emblemáticos en materia energética. Tampoco quieren que ese nexo pueda modificar la decisión de los parlamentarios en pleno año electoral.

La Moneda, que ha sostenido conversaciones con los senadores Camilo Escalona (PS) y Eduardo Frei (DC) para asegurar el apoyo al mensaje en la Cámara Alta y ha mandatado al titular de Economía, Pablo Longueira, para liderar las conversaciones por los proyectos energéticos. También ha transmitido a los actores del sector eléctrico, incluidos los dueños de HidroAysén, su preocupación por que se vincule la ley con la aprobación de esta represa, con el argumento de que la trascendencia de la ley va más allá de un proyecto específico.

Por eso, en el seno del gobierno consideran que el argumento utilizado por los propietarios de HidroAysén y la vinculación entre la carretera eléctrica y el futuro de las centrales, “contamina” el trámite de la ley.

En el Ejecutivo miran con atención, además, aspectos como el tamaño del proyecto, el costo social que implica y la situación financiera de las compañías. Un punto en esa discusión ha sido la búsqueda de socios, situación que ambas empresas han negado.

En ese panorama, el Comité de Ministros aún no ha sido convocado. Las compañías mantienen cautela, aunque algunas voces al interior de ellas plantean que si bien este no es el momento de dar una señal, debido al proceso de aumento de capital que efectúa Enersis, si la decisión no se adopta en un par de meses, sería oportuno “golpear la mesa”. Eso, bajo el argumento de que si aprobar HidroAysén tiene un costo político, también debe tenerlo el no aprobarlo.

En el gobierno creen que una decisión no debería rebotarles en lo inmediato, debido a que el Comité de Ministros es una de las instancias institucionales y la aprobación de HidroAysén sólo sería un paso más en ese cauce.

En esa misma lógica, voces en el gobierno sostienen que los problemas internos de las compañías no deberían afectar. Con la aprobación, en caso de que las represas no se materialicen, la responsabilidad sería de HidroAysén y sus dueños. 
 
 
 Recuadro : 
 
 Desde que Colbún paralizó el proyecto, el gobierno y los dueños de HidroAysén han sostenido diálogos para reactivar las represas.

Un ministro dice que la señal que se ha entregado a los dueños de HidroAysén es que existe la voluntad política de destrabar el proyecto.

Las empresas han dicho que mientras no haya claridad sobre la carretera eléctrica, será imposible responder por el futuro del proyecto.

En el gobierno no quieren que la ley de carretera eléctrica sea vinculada a la aprobación de HidroAysén.

En La Moneda también han puesto atención a aspectos como el tamaño del proyecto, el costo social y la situación financiera.

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