Petorca triunfa: DGA revoca derechos de agua a Edmundo Pérez Yoma y a otros empresarios

En un amplio reportaje realizado por CIPER se entregan detalles minuciosos acerca de la medida adoptada por la DGA (Dirección General de Aguas), que revoca los derechos de aguas a diversos personeros ligados principalmente a la DC y sociedades agrícolas denunciadas reiteradamente por vecinos de Petorca, La Ligua y Cabildo, entre otras. El Ciudadano 25 marzo 2014.

Los afectados son empresarios conocidos en la zona, como el ex ministro de interior (2008-2010) Edmundo Pérez Yoma, su cuñado Osvaldo Junemann Gazmuri, (casado con Ximena Pérez Yoma), el ex alcalde de Cabildo, Eduardo Cerda Lecaros (DC), hijo del ex diputado por la zona, Eduardo Cerda García (DC).

Edmundo Pérez Yoma es propietario de Agrícola Cóndor, una de las sociedades con más derechos de aguas en la zona y “Sociedad Agrícola La Loica”, las que son administradas por su hijo Cristián Pérez Vergara. El ex ministro Pérez Yoma además es asesorado en varios litigios de aguas por Rodrigo Weisner Lazo, ex director de la DGA durante la administración de Bachelet. También ha oficiado de testigo en la querella contra el dirigente de MODATIMA, Rodrigo Mundaca. Asimismo, Rodrigo Weisner es asesor de CCU (del grupo Luksic), para la instalación de una mega planta en Paine para extraer el agua de sus acuíferos, pese a que el mismo Weisner la declaró zona de restricción cuando fue director de la DGA.

El cuñado de Edmundo Pérez Yoma, Osvaldo Junemann Gazmuri, es propietario de la sociedad Agrícola Los Graneros; tanto la sociedad agrícola como Junemann como persona natural poseen también importantes derechos de agua en la zona, y también ha sido denunciado y sancionado por la DGA. En agosto del 2011 la Agrícola los Graneros fue condenada en la zona a pagar una multa de $825.260 a beneficio fiscal “por la extracción no autorizada de aguas subterráneas”.

Otra empresa que aparece entra las sociedades cuyo uso de derechos ha afectado a los vecinos de la zona es Agrícola Santa María de Vitahue, del ex alcalde de Cabildo, Eduardo Cerda Lecaros (DC). Su padre Eduardo Cerda García (DC), ex diputado por la zona, es propietario además de Agrícola Pililén, junto a su familia, la cual también en el 2011 tuvo que hacer frente a la justicia por extraer aguas subterráneas desde cuatro pozos por un caudal mayor al autorizado por la DGA. En el año 2013, el Juzgado de Letras de la Ligua multó a la Agrícola Pililén del ex diptado DC con 15 UTM, señalándose en el fallo que Agrícola Pililén extrajo agua ilegalmente sobre cerca del 600% de lo autorizado por la DGA.

Otra de las empresas denunciadas en reiteradas ocasiones tanto por los vecinos, como por la DGA a la justicia es Agrícola Liguana, del ex Intendente de Santiago Marcelo Trivelli Oyarzún (ex DC) y sus hermanos (Gonzalo, Daniel y Pablo), sobrinos del ex presidente Patricio Aylwin. Según resolución de la DGA de mayo del 2011 la empresa agrícola construyó un pozo y un dren alimentador para extraer agua sin autorización, modificando el cauce del estero Alicahue. La DGA solicitó multar a la empresa agrícola por infringir el Código de Aguas, sin embargo la causa no tuvo resultados en la justicia. Cabe recordar, además, que Gonzalo Trivelli, propietario de Agrícola Azul en la zona, tuvo que salir de la vicepresidencia de comercialización de Codelco como uno de los responsables en el escándalo de pérdidas en mercados de futuros, en el llamado caso “Davilazo”; por su parte y según la edición 1394 del diario El Siglo, en un reportaje titulado “Cómo se roban el sueldo de Chile” se señala que Marcelo y Pablo Trivelli, son propietarios de “Extend y Dynal, respectivamente, que en conjunto representan transacciones por 711 mil 65 dólares con Codelco. Ambos son hermanos de Daniel Trivelli, (ex) Gerente de la División Andina de Codelco”.

También otros políticos y reconocidos empresarios han sido investigados y algunos multados por usurpación de aguas y construcción de drenes no autorizados. Además de Edmundo Pérez Yoma y Eduardo Cerda se encuentra aún bajo acusaciones el mismo Marcelo Trivelli y Martín Strazza. También lo está el enólogo Aurelio Montes, cuya agrícola está vinculada, según fuentes de la DGA, a la salida de uno de los dos fiscalizadores que había en la zona. Además, el ingeniero civil hidráulico Alberto Piwonca, de Agrícola Pullacón, quien fue sancionado a pagar una multa ante el Juez de Letras por petición de la DGA por realizar faenas sobre el cauce del río La Ligua sin contar con autorización.

Según fuentes de la misma zona hay al menos tres agrícolas que “tienen el valle seco” y contra las que se han hecho una serie de denuncias. Una de ellas es la Agrícola Petorca, ligada a los empresarios Juan Cristobal Vial y Martín Strazza Silva, cuya familia es accionista de Falabella. También la Agrícola Río Tinto, ligada al empresario Álvaro y Fernán Gazmuri Plaza (ligado a la Fundación Pinochet).

Otra sociedad investigada es Agrícola El Sobrante Limitada, cuyo representante legal es Francisco Ignacio Álamos Jordán, cuñado del senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. Antes ya se habían investigado sus agrícolas San Ignacio y Chalaco, pero se cerraron las investigaciones por no constatarse infracciones.

Dentro de las sociedades que enfrentan líos hídricos y acusaciones en la zona se encuentra la Agrícola Viña Zapallar, ubicada en el sector de Catapilco, y cuyos socios son el conocido enólogo Aurelio Montes, fundador de la Viña Montes, dedicada a producir vinos premium en Chile, y los empresarios Andrés Turner, Patrick Turner y Patricio Bambach.

MODATIMA: Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente

Para Rodrigo Mundaca, presidente de MODATIMA, la violación sistemática del derecho humano de acceso al agua es un tema grave que ha sido registrado por los informes anuales del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Universidad Diego Portales. Hay muchos dirigentes sociales que han denunciado la usurpación del agua en reiteradas ocasiones y el mismo Rodrigo Mundaca se ha enfrentado judicialmente con Pérez Yoma por sus denuncias sistemáticas de estos hechos. Como consecuencia ha sido llamado en doce oportunidades a los tribunales por los abogados de Pérez Yoma, quienes solicitan que pida perdón por las acusaciones realizadas acerca de la usurpación del agua en la zona.

Pero su consigna es una sola: “La lucha por el agua es la defensa de la vida”. Ha señalado además que “este es un conflicto estructural que Bachelet deberá enfrentar a la brevedad. Durante su período de campaña, la mandataria señaló que iba a designar un delegado presidencial para hacer un diagnóstico de la situación hídrica del país, dentro de los primeros 100 días”.

“No hay que hacer ningún diagnóstico, el diagnóstico es que el país se seca desde Arica a Magallanes y se seca porque la codicia empresarial está desregulada y la institucionalidad es incapaz de fiscalizar, y de castigar”.

Hoy en día hay una larga lista de grandes proyectos que podrían arruinar todavía más el difícil panorama chileno acerca de la escasez del recurso hídrico, ya que hay cerca de 108 municipios en “emergencia agrícola” y tres de ellos (Cabildo, Petorca y La Ligua) han sido declarados como “zona de catástrofe” por la Comisión Nacional de Riego.

El proyecto Andina 244 de Codelco, por ejemplo, en el valle del Aconcagua, se apropiará de cerca de 25 glaciares que forman parte de la reserva de agua dulce más importante del país. Por otro lado, en caso de avanzar con el proyecto Alto Maipo, iniciativa del grupo Luksic y Aes Gener, se pondría en riesgo la disponibilidad del agua para todos los habitantes de la Región Metropolitana.

La presidenta Bachelet deberá terminar con el lucro del agua y uno de sus instrumentos privatizadores, el Código de Aguas, creado en 1981, en plena dictadura militar. Además, es necesario recuperar el agua para los diversos territorios que hoy sufren catástrofes como la de Petorca o un déficit hídrico catalogado de emergencia agrícola.

La base regulatoria del agua en Chile considera a este recurso como un bien de uso comercial. El Código de Aguas de la dictadura, principal enemigo de las comunidades defensoras, separó la propiedad del agua del dominio de la tierra. Al privatizarla dejó de ser un derecho ciudadano y una responsabilidad fundamental del estado garantizarla.

“Para ser más riguroso, la dictadura privatiza el agua y la Concertación en 1997 toma la decisión de privatizar también las empresas sanitarias. Ese mismo año Frei y Menem firman el famoso Tratado Binacional Minero que le entregan cientos de nuestras cuencas hidrográficas a toda la mega minería”, ha señalado Rodrigo Mundaca.

Hoy en día el marco regulatorio permite que el Estado entregue derechos de aprovechamiento de aguas gratuitamente y de forma perpetua a quien los solicite. Un ejemplo emblemático del funcionamiento del Código de Aguas es lo ocurrido con algunas comunidades mapuches favorecidas por los procesos de recuperación de tierra de la Conadi: gran parte de ellas fueron devueltas sin derecho de propiedad de agua.

Uno de los muchos expertos que están por cambiar la actual situación señala que: “Estamos por la derogación del Código de Aguas. Ese es el problema principal que ha permitido el empobrecimiento de las comunidades campesinas, y en general, de la gente sencilla de este país”.  Por David Rubinstein