Cómo funcionará la ley de reciclaje pionera en América Latina

La nueva legislación, cuyos reglamentos están en elaboración, crea un ecosistema en el que las empresas responsables de seis productos prioritarios deberán cumplir metas de reciclaje. Fuente: Pulso, 15 de junio de 2016


El pasado 17 de junio, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la Ley de Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor, cuyo objetivo es disminuir la generación de residuos en Chile e incrementar las tasas de valorización de estos, incorporando nuevos instrumentos de gestión ambiental.

Esta iniciativa legal busca formalizar una industria del reciclaje en Chile, responsabilizando a fabricantes e importadores de seis productos prioritarios de organizar y financiar la recuperación de los residuos generados por sus productos.

El instrumento central de esta es la obligación a fabricantes e importadores de seis productos prioritarios a recuperar un porcentaje de éstos, una vez que terminan su vida útil (es decir, cuando se transforman en residuos), porcentaje que será fijado anualmente por el Ministerio del Medio Ambiente. Si no se cumplen estas metas, se exponen a multas de hasta 10 UTA (casi $5.400 millones).

Productos prioritarios

Tras la promulgación de la ley, se abre un plazo de un año para que el Ministerio del Medio Ambiente elabore los decretos respectivos para cada uno de los productos, sus metas de recuperación y valorización, así como obligaciones sobre etiquetado, entrega separada, ecodiseño e instalaciones de recepción y almacenamiento, entre otras.

Esto regirá para productores de aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, envases y embalajes, neumáticos y pilas. No obstante, el Ministerio del Medio Ambiente podrá incorporar a futuro nuevos productos prioritarios a esta lista, mediante la dictación de un reglamento. Esta selección, obedece principalmente a que estos son de consumo masivo, generan grandes volúmenes de residuos y además son valorizables. O sea, su reutilización tiene un valor posterior al producto original.

Para cumplir con las metas de recolección y valorización, los productores tendrán la obligación de organizar y financiar los llamados sistemas de gestión, cuyo objetivo será la recuperación de residuos. Estos podrán ser individuales -correspondiente a un solo productor- o bien colectivos, conformado por varios productores organizados a través de una persona jurídica sin fines de lucro. La ley contempla reglas de funcionamiento para estos sistemas colectivos, a fin de evitar que se afecte la libre competencia.

Para participar en este sistema, el Ministerio del Medio Ambiente creará un registro de gestores de residuos que deberán contar con las autorizaciones respectivas (sanitarias, ambientales, etc.). A este registro también se podrán incorporar los 60 mil recolectores de base del país, lo que formalizará su actividad.

En paralelo, y a fin de colaborar con el cumplimiento de las exigencias establecidas a los productores, los municipios podrán celebrar convenios con los sistemas de gestión y recicladores de base, y además deberán incorporar en sus ordenanzas la obligación de recolección selectiva cuando así lo determine el decreto de un determinado producto, promoverán la educación ambiental en materia de residuos y podrán implementar medidas de prevención de generación de estos, entre otros.

Para apoyar este tarea, la ley contempla un Fondo del Reciclaje por $2.000 millones en régimen, destinado a financiar proyectos y programas para prevenir la generación de residuos y fomentar su reciclaje, que sean ejecutados por municipalidades o asociaciones de estas.

En este momento, se están elaborando los reglamentos de la nueva ley, los que se espera, que estén listos en el primer semestre de 2017.

Para participar en este sistema, el Ministerio del Medio Ambiente creará un registro de gestores de residuos

La ley contempla un Fondo del Reciclaje por $2.000 millones para financiar proyecttos orientados *reciclaje

Daniel Fajardo

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