Entrevista con Marcelo Mena, ministro del Medio Ambiente.

El secretario de Estado defiende su gestión y califica de “absurdas” las críticas que se han cernido sobre ella. Además, reconoce que se debe fortalecer la normativa ambiental. Fuente: Pulso, 22 de septiembre de 2017.


Entrevista con el ministro del Medio Ambiente. Desde Nuevo York, el secretario de Estado defiende su gestión y califica de “absurdas” las críticas que se han cernido sobre ella. Además, reconoce que se debe fortalecer la normativa ambiental.

Es la primera vez que el ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, acompaña en su calidad de titular a la Presidenta Michelle Bachelet a una Asamblea General de las Naciones Unidas. Un viaje especial para el ministro, pues uno de los conceptos centrales de la última intervención de la mandataria en la ONU ha sido el de “crecimiento sustentable” que él ha promocionado. En conversación con PULSO desde Nueva York, el secretario de Estado aborda el desempeño de la cartera, y niega algún “respaldo especial” de parte de La Moneda, luego que hace tres semanas saliera el equipo económico completo, tras el rechazo al proyecto Dominga.

Usted ha acompañado a la Presidenta Michelle Bachelet en la mayoría de las actividades en la ONU, y ella ha hecho mucho hincapié en crecimiento sustentable, algunos ven esto como un respaldo a su trabajo tras el cambio de gabinete, ¿lo siente así?

– Hoy día tenemos muchos ministros que han trabajado para poder tener una agenda con transformaciones y no lo veo como un respaldo para mí en particular. Lo que propone la Presidenta es la agenda de mundo, la agenda 2030 y del Acuerdo de París, en donde es absolutamente indispensable que haya coordinación entre los aspectos ambientales, económicos y sociales, en forma indivisible. Esa es la visión que ha tenido la Presidenta y es eso lo que hemos ido llevando a cabo, en donde todos los temas de agenda progresista son indivisibles. Tenemos un matrimonio igualitario, un aborto en tres causales, pero también el tema de la educación de calidad y una reforma tributaria que mejora los temas de inequidad, de ingresos, y una energía renovable y barata, además, de la ciudad sustentable. Si se ve, el programa de la Presidenta ha sido una consecución de los objetivos en materia sustentable, por eso cuando el ministro Barraza presenta nuestros avances, hace poco, Chile se destaca. Los objetivos de desarrollo sustentable están en el ADN no sólo de la Presidenta sino de todos los ministros que están hoy en el Gobierno.

¿Está en la misma sintonía el resto del gabinete? Porque la decisión del cambio del equipo económico se toma porque esa sintonía no estaba clara…

– El Gobierno está completamente sintonizado hoy día más allá de la polémica cuyo resultado ya se ha discutido. Hoy nos encontramos con que cada ministro tiene una agenda de sustentabilidad, de tema de equidad social importante, desde la agenda del ministro Rebolledo en temas de energía renovable al impulso de transporte sustentable de menores emisiones de la ministra Tapia. Desde las construcciones con aislación térmica con mejor calidad de vivienda de la ministra Saball hasta la agenda de género que impulsa la ministra Pascual. O el ministro de economía con una serie de instituciones como Corfo que van apuntando hacia un desarrollo más sustentable. Es difícil pensar que alguno de los sectores no tenga hoy esa visión de desarrollo sustentable que impulsa la Presidenta.

En esto, ¿hay un mea culpa o un balance de cómo se llevan los proyectos? ¿De cómo se tratan las iniciativas más complejas como Dominga, entre lo político y lo técnico? Hay quienes piden revisar la forma en que se califican los desarrollos.

-Las reformas que ha impulsado la mesa presidencial con respecto al Servicio de Impacto Ambiental (SEA) van en la línea de mejorar la tramitación para poder otorgarle características especiales para el proyecto estratégico, para mejorar las etapas de participación ciudadana temprana en donde se pueda tener un diálogo incidente con la comunidad y para ampliar la participación ciudadana. Hay que fortalecer las normativas ambientales para dejar menos en duda si un proyecto cumple o no normativas. Por eso hemos trabajado con el SEA para mejorar las normativas del ruido o mejores estándares para hidroeléctricas, sistemas de enfriamiento en termoeléctricas y una serie de aspectos que permiten dar garantía y objetividad a los inversionistas de que si cumplen ciertos requisitos no van a tener problemas. No recojo el guante de que el obrar de este Comité de Ministros haya sido inapropiado. Nosotros nos hemos basado siempre en aspectos técnicos, los instrumentos que fundan nuestras decisiones están a la vista de todos, hemos tenido un escrutinio del poder judicial en donde hemos sido exitosos en el sentido de que cuando aprobamos un proyecto termina siendo a firme, no así en períodos anteriores donde proyectos terminaron no resolviéndose o no siendo concretados porque se consideró que el actuar del Comité de Ministros era ilegal. Pienso que la garantía real que uno tiene que darle al inversionista es que el proyecto se concrete de verdad, no a través de un acto no final como el administrativo de parte del Comité de Ministros sino de una decisión que sea lo suficientemente blindada para someterse al escrutinio judicial. Nosotros hemos perdido solamente tres proyectos ante la Corte Suprema de más de 60 que han sido reclamados, eso significa que el Comité de Ministros ha actuado correctamente y aquellos aspectos que perdimos con respecto a la participación ciudadana, he dado la señal de que es necesario mejorar esas instancias de participación y agotar las instancias de manera que no se judicialicen los proyectos. Pienso que hemos aprobado una gran cantidad de grandes proyectos, y aquellos que no cumplen las normativas no es bueno que se aprueben porque no es justo para empresarios que la han cumplido.

Esto se compara con lo que sucedió con CAP, que está a 50 kilómetros de Dominga. Tuvo una tramitación menor y el visto bueno, ¿cuál es la diferencia entre los dos?

– El proyecto CAP en sí puede cumplir la normativa ambiental, pero cuando entra un proyecto como Dominga tiene que demostrar que la adicionalidad de este, el efecto sinérgico que puede haber, no causa impacto ambiental. Y por otro lado un tema esencial, es que no puede haber base deficitaria, uno no puede aprobar un proyecto que no tiene la información necesaria, básica y esencial para poder tramitarlo. Ahora quiero destacar también que el Servicio de Evaluación Ambiental ha denunciado que este proyecto debió ser evitado o sacado de tramite el 2013 por carecer de la información relevante para poder proseguir, y el mismo Servicio ha instruido una investigación sumaria para ver qué pasó en esos momentos. Ocurre que el proyecto Dominga, recién el 2016 se empiezan a evaluar temas que nunca reconoció el titular que tienen que ver con el medio marino y transporte. Por tanto, un proyecto que no mide sus impactos correctamente y que no demuestra que la mitigación es suficiente no puede ser aprobado. Si hacemos eso, estamos relegando problemas ambientales relevantes a comunidades que no merecen eso. Son compatibles las inversiones si es que uno tiene la visión de considerar cambios necesarios para la tramitación ambiental. El ejemplo más claro es el proyecto Pelambre. El proyecto Pelambre tenía inicialmente un puerto proyectado en Pichidangui y lo decidió trasladar por razones socio ambientales y estoy seguro de que en este caso el proyecto será presentado con la consideración de hacerse cargo de sus impactos ambientales y buscando un emplazamiento que sea compatible con territorios donde quiere llevar a cabo esas actividades.

Si un proyecto lleva años de tramitación y se traba en la parte política, ¿qué imagen se da? Se ha acusado de presiones políticas…

– Hay que basarse en aspectos técnicos y tener mejores normativas ambientales, esa es la mayor claridad, transparencia y garantía. Siempre he encontrado bien absurdas las críticas a mi gestión, siendo independiente y siendo que mi gabinete entero es independiente. Cuando nosotros aprobamos un proyecto como Til Til fue por razones técnicas y cuando rechazamos un proyecto como Dominga fue por razones técnicas, siempre hemos sido de una forma y los antecedentes que han fundado estas decisiones están a la vista de todos.

También se ha apuntado a su cercanía con la jefa de gabinete de la Presidenta, Ana Lya Uriarte…

– Eso no tiene ningún sentido, mi relación con Ana Lya se relaciona con ver la agenda de la Presidenta para ver las actividades que tenemos. Yo como ministro de Estado trabajo en el contexto de la institucionalidad ambiental con mis otros pares ministros para poder dar garantías a todas las personas de que nuestro actuar va a ser fundado en la ley y eso es lo que hemos hecho desde el comienzo de mi gestión y hasta que me vaya en marzo.

No hubo presiones de la Moneda en este caso..

-Eso lo encuentro súper absurdo porque cuál sería la razón para eso, por lo demás por qué entonces es que 11 de 14 servicios son tan tajantes y lapidarios con respecto a la falta de información para la aprobación de ese proyecto. Creo que son absurdas estas acusaciones y creemos que cuando sean impugnados estos actos tendremos la solidez necesaria para mantenerlo firme.

Según Cochilco, hay cerca de US$60 mil millones en proyectos mineros en carpeta. Muchos de ellos sin resolución medioambiental, ¿qué precedente sienta esto?

– El mismo precedente que tienen los más de $7.800 millones que hemos aprobado desde que se rechazó Dominga. En general la señal que le he dado a todos los inversionistas, es que tenemos que trabajar con la comunidad de manera que se agoten las instancias de participación ciudadana para lograr la validez que se requiere para estos proyectos, porque usualmente es ahí donde existen los problemas de judicialización que se dan posteriormente y por lo tanto estoy convencido y he conversado con empresas como BHP, Antofagasta Minerals, Anglo American, que la mayoría de estos proyectas que están en carpeta tienen una visión distinta, tienen infraestructura compartida, tienen emplazamiento de puertos de menor impacto, tienen agua desalada que no consume el agua de los vecinos sino que les da agua y muchas veces no solamente se compensa sino que se crean santuarios de la naturaleza en forma de poder mitigar los impactos de la operación. Por lo tanto yo creo que es perfectamente compatible.

Va a haber un cambio de Gobierno, ¿Cree que estas políticas se puedan mantener en esta misma línea?

-Tenemos políticas de Estado importantes que mantener como los compromisos internacionales y, por lo tanto, creo que sería inaceptable que echemos pie atrás con la Agenda 2030 y con el Acuerdo de París. Sin embargo, no creo que esté garantizada la protección ambiental con quien gobierne hacia el futuro, por lo tanto tenemos que buscar que los candidatos tengan un resguardo ambiental en sus programas de gobierno, pero tengo mis dudas con el actuar de algunos candidatos porque fui testigo, y muy crítico como académico del actuar. Por ejemplo, en temas de calidad del aire pienso que hubo avances en la normativa, pero poca acción real en la reducción de la contaminación. La falta de aplicación de normativas legales permitió, por ejemplo, que en Santiago tuviéramos retrocesos o estancamientos en la calidad del aire en el gobierno de Piñera. Por lo tanto, nosotros creemos que no da lo mismo quién gobierna. Para mí no están garantizado los logros ambientales que hemos tenido y por lo tanto es importante decidir en consecuencia.

El tema crecimiento va a ser clave para la elección, ahí se están jugando las mayores cartas y es una de las cosas que la gente le identifica al ex Presidente Piñera, ¿hay una disonancia entre el crecimiento y el medio ambiente?

– El crecimiento verde es una oportunidad de poder reemplazar una economía contaminante por una menos contaminante. El crecimiento verde es fundamental para entregar mayor bienestar a las personas y lo que hemos hecho en este tiempo de la baja del súper ciclo del cobre es generar las bases para que este nuevo súper ciclo sea de mayor productividad por los menores costos energéticos que van a tener las empresas cuando reactiven sus proyectos de inversión. Uno puede señalar al contrario que la agenda medioambiental es parte importante del crecimiento fuerte que viene para el país y no un freno para el desarrollo del país.

“(Eliminar las bolsas plásticas) no va a significar mayores costos necesariamente”

Uno de los anuncios que hizo la Presidenta en la ONU, fue enviar un proyecto de ley para que las zonas costeras en Chile puedan, de aquí a un año, terminar con las bolsas plásticas, ¿cómo se piensa aplicar ese proyecto?

– Se entiende que gran parte del plástico que llega al mar viene de ciudades costeras. Chile tiene 102 comunas costeras de las 346 comunas y, por lo tanto, esas van a verse beneficiadas con playas más limpias. Más de 60 comunas ya han implementado esta medida y han visto que no ha sido ningún freno al desarrollo, sino que un incentivo a la creatividad y a la innovación. No se acabó el mundo en esas zonas.

¿El proyecto es factible de tramitar en los pocos meses que quedan de trabajo legislativo?

-El proyecto de ley va a ser simple, tiene no más de tres artículos, va a ser de fácil interpretación y, por lo tanto, creemos que va estar vigente dentro del mandato de la Presidenta Bachelet.

¿Cuántas comunidades se podrían ver beneficiadas con este proyecto?

-Cualquier persona que vive en Chile, que come peces, que se ve beneficiado por los ecosistema marinos, va a verse beneficiado, pero sobre todo las comunidades costeras que no van a tener plástico desperdigado por los paisajes. Es decir, al menos un 20% de la población.

¿Este proyecto va a incluir incentivos económicos? Porque las realidades de las comunas costeras son distintas, hay algunas con más recursos y otras más pobres.

– Chile tiene múltiples comunas que han implementado esto con mayores o menores recursos y no ha sido ningún impedimento. Creo que tener una bolsa de género, una bolsa reutilizables, no implica para nada mayores costos. Lo que hagamos hoy día va a definir los próximos cien años del plástico en los océanos para nuestros hijos y nuestros nietos. Por lo tanto, el esfuerzo que hagamos va a ser simplemente un cambio cultural, pero no va a significar mayores costos necesariamente.

¿No hay una cifra de cuánto se necesita para poner en práctica este proyecto?

-No calcularía que hay costos reales, porque no hay nada más caro que botar bolsas plásticas a la tasa que lo hacemos, de poner una bolsa plástica dentro de otra bolsa plástica, eso no va a hacer posibles con este tipo de ley .

Se le acusa al Gobierno de tener una amplia agenda de proyectos que quiere sacar antes de terminar el mandato, es este otro de ellos, ¿va a encontrar ese apoyo transversal?

-Todas las leyes que ha impulsado la Presidenta de carácter ambiental han sido con votación unánime, como la ley de reciclaje, y en este caso no parte de cero porque es una indicación sustitutiva que parte en la segunda etapa, por lo tanto puede ser de fácil tramitación. He conversado con los presidentes de la comisiones de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y del Senado y ambos me han manifestado su apoyo al proyecto de ley.

¿Cuándo ingresaría el proyecto?

– En octubre, fundamentalmente porque debemos sacar de la comisión del Senado el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, por lo tanto, una vez que termine ese entra este otro proyecto, para que los senadores puedan ver esta ley que ellos mismos impulsaron en su momento, porque esta es una ley de larga data, esta es una ley que fue inicialmente impulsada para bolsas plásticas en ciudades de Magallanes, por lo tanto, este es un intento que ha tenido mucho esfuerzo pero que nunca había gozado del apoyo explícito por parte del Ejecutivo.

Gladys Piérola

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