Royalty a la salmonicultura
Carta al director de Francisco Pinto Coordinador Programa de Recursos Naturales de Fundación Terram, publicada en diario La Tercera 07 de abril de 2007.
Sr. Director:
El reciente proyecto de royalty salmonero presentado por parlamentarios PS y que establece un cobro del 5% sobre las utilidades de la industria, pretende abrir un necesario debate en torno al aporte real de la salmonicultura al desarrollo nacional.
La industria del salmón ha sido tremendamente exitosa en materia comercial con retornos que hoy superan US$2.200 millones anuales. No obstante, en las regiones donde esta presente la actividad y particularmente en la de Los Lagos, ha mostrado un escaso aporte, la distribución del ingreso sigue siendo de las peores y los salarios promedios de los trabajadores se traducen en ingresos para los hogares cercanos a la línea de la pobreza. En materia ambiental, las negativas externalidades de la actividad, como la contaminación de los fondos marinos, alteraciones del paisaje y escapes de salmones han sido totalmente asimiladas por la comunidad sin existir compensación alguna por parte de las empresas.
Los argumentos esgrimidos por los parlamentarios para aplicar este instrumento, se centran en que las empresas pagan una patente de ínfima cuantía por el uso del territorio ($75 mil pesos por hectárea explotada) que es propiedad de todos los chilenos y que no se corresponde con los impactos que tiene desde el punto de vista económico y con la rentabilidad obtenida. Sin embargo, es importante aclarar que un instrumento como el royalty no tiene por objeto compensar el escuálido aporte del sector o compensar por el daño ambiental, no se trata de un impuesto sino de un precio –justo, por cierto – que debe cobrarse por la utilización de un insumo más y que debe ser percibido por el propietario del recurso – el Estado-. En el caso particular de la acuicultura, “el agua y disposición del borde costero” son recursos naturales que juegan un rol clave como insumos y por los cuales hoy no cobra.
El cobrar por nuestros recursos naturales no sólo es justo, sino que además es necesario para equilibrar los beneficios económicos de una actividad que sólo ha enriquecido a unos pocos.