Exploración minera en Reserva Nacional Las Vicuñas
Columna de opinión de Flavia Liberona Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en diario La Nación el 31 de agosto de 2007.
El permiso de la Corema de Tarapacá para realizar una exploración minera mediante una declaración de impacto ambiental en la Reserva Nacional Las Vicuñas plantea, por decir lo menos, un escenario complejo. La aprobación para este tipo de faenas mineras en un área silvestre protegida no respeta la legalidad vigente. La Ley de Bases del Medio Ambiente y su reglamento correspondiente establecen que en áreas silvestres protegidas (parques y reservas nacionales) y/o zonas con especies de flora y fauna en categorías de conservación, sólo se permitirán actividades que respeten los fines de la conservación. Es claro que las actividades mineras no caen dentro de estos propósitos.
Pero de acuerdo con la ley, para efectuar cualquier actividad en zonas bajo protección, el proceso de calificación ambiental es el Estudio de Impacto Ambiental, no la Declaración de Impacto Ambiental. Este último fue el mecanismo para autorizar el proyecto en Las Vicuñas: declaración ambiental en que la empresa se compromete a respetar ciertas condiciones, pero no tiene por objetivo evaluar el impacto y no considera la participación ciudadana o la posibilidad de reclamación administrativa.
Es muy grave que la Corema, encabezada por la intendenta, haya otorgado un permiso ambiental sin respetar la legalidad, dejando además a la ciudadanía sin posibilidad de participar. Peor aún: el área en cuestión ha sido declarada zona de interés científico para la minería. Eso significa que para actividades distintas de la científica, se debe contar con una autorización de la Presidenta, cosa que no ocurrió. Todavía más: esta reserva, junto con el Parque Nacional Lauca y el Monumento Natural Salar de Surire, forman una unidad como Reserva de la Biosfera otorgada por la Unesco, en 1981. Es un área de interés mundial. Y por si fuera poco, al autorizar esta exploración minera en una reserva nacional se están violando convenios internacionales como los de la Diversidad Biológica, la Convención de Washington, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural y el Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, además de no respetar apartados ambientales en el pacto comercial entre Chile y Canadá.
La situación es alarmante y merece ser analizada no sólo como un hecho puntual, sino como un caso que puede sentar un precedente nefasto en materia ambiental y de políticas públicas, que además tiene consecuencias gravísimas en los derechos nacional e internacional. El hecho de que funcionarios públicos no respeten la legislación vigente es muy embarazoso y puede interpretarse como una política de Gobierno. Es preciso que las autoridades políticas y ambientales se manifiesten, porque de su conducta se desprenderá cuál es el compromiso del Gobierno con el medio ambiente. El Ministerio de Agricultura, mediante la Conaf, ha sido el único servicio público que se ha manifestado de acuerdo con las leyes y ha informado sobre la gravedad de este hecho. No sabemos la posición de otros ministerios con competencia en temas ambientales y tampoco sabemos cuál es la posición de Conama y la ministra de Medio Ambiente.
Es lamentable que debamos ser las organizaciones ambientales y los parlamentarios preocupados por el tema los que demos la alarma y salgamos en defensa de nuestro patrimonio. Podemos entender que las autoridades regionales cometan errores, pero deben ser corregidos con rapidez. Ha pasado un mes desde que el proyecto fue aprobado y no hemos visto, al menos en público, una clara voluntad del Gobierno de enmendar el error. Un último dato: el proyecto de exploración minera, cuyo nombre es Choquelimpe, es de propiedad de Minera Vilacollo, perteneciente al grupo Angelini. Uno de los mayores conglomerados económicos del país, propietario de Celco, el responsable de la muerte de cisnes en Valdivia y el derrame tóxico en el río Mataquito.
Si la situación de Las Vicuñas no se revisa y revierte, los chilenos podremos estar seguros de que en nuestro país no existe Estado de Derecho ambiental y que las personas a cargo del tema siguen los intereses de los grandes consorcios económicos.