Exploración minera en reserva nacional Las Vicuñas
Frente a la reciente autorización que diera la COREMA a la minera Vilacollo, para realizar una exploración minera, vía Declaración de Impacto Ambiental en la Reserva Nacional las Vicuñas, ubicada en la región de Tarapacá, Fundación Terram opina:
– La aprobación para realizar faenas mineras dentro de un área silvestre protegida, como lo es la reserva nacional Las Vicuñas, no respeta la legalidad vigente. En la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y su reglamento correspondiente, se establece que en áreas silvestres protegidas, como parques y reservas nacionales y/o las zonas que albergan especies de flora y fauna en categorías de conservación, solo se permitirán actividades que respeten los propósitos de la conservación.
– Según la ley para realizar cualquier actividad en zonas bajo protección el proceso de calificación ambiental establecido es el Estudio de Impacto Ambiental y no una Declaración Ambiental, como ocurre en este caso. Mediante dicha declaración, la empresa, se compromete a respetar ciertas condiciones, pero no tiene por objeto evaluar el impacto de la actividad a desarrollar, y no contempla participación ciudadana, ni posibilidad alguna de reclamación administrativa.
– Resulta muy grave que la COREMA regional, presidida por su intendenta haya otorgado un permiso ambiental, no respetando la legalidad vigente y además dejando a la ciudadanía sin posibilidad de participar. El área en cuestión está declarada zona de interés científico para la minería, esto significa que para realizar actividades distintas a la científica se debe contar con una autorización de la Presidenta de la República, cosa que no ocurrió.
– Las Vicuñas, junto con el Parque Nacional Lauca y el Monumento Natural Salar de Surire conforman una unidad como Reserva de la Biosfera, otorgada por la UNESCO el año 1981, es decir es un área de interés mundial. Al autorizar esta exploración minera se están violando Convenios internacionales, tales como: el Convenio de la Diversidad Biológica, la Convención de Washington, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural y el Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, además de no respetar apartados ambientales de acuerdos comerciales como el de Chile- Canadá.
– El hecho que funcionarios públicos no respeten la legislación nacional e internacional vigente, es grave y puede interpretarse como una política de gobierno. Es preciso que las autoridades políticas y ambientales se manifiesten ante este caso, pues de su forma de actuar se desprenderá cual es el real compromiso de este gobierno con el medio ambiente y la legislación vigente. El Ministerio de Agricultura a través de CONAF, ha sido el único servicio público que se ha manifestado de acuerdo a las leyes y ha informado sobre la gravedad de la situación. Nada sabemos de la posición de otros Ministerios con competencia en temas ambientales.
– El proyecto de exploración minera que se pretende realizar dentro de esta área silvestre protegida, cuyo nombre es Choquelimpe es propiedad de la empresa minera Vilacollo, que a su vez es propiedad del grupo Angelini. Uno de los mayores conglomerados económicos de nuestro país, propietario de la empresa CELCO, responsable de la muerte de cisnes en Valdivia y del derrame de desechos tóxicos en el río Mataquito.
– Si la situación de la Reserva Nacional las Vicuñas no se revisa y revierte, los chilenos podremos estar seguros que en Chile, no existe el Estado de Derecho en materia ambiental y que quienes tienen cargos públicos, obedecen en forma clara y prioritaria a los intereses de los grandes consorcios económicos.