Opositores a represas acudirán a la justicia
En el Consejo de Defensa de la Patagonia explican que el proyecto hace caso omiso a enunciados de política pública, como planificación territorial, gestión de cuencas y participación ciudadana. La Nación, 26 de marzo de 2008.
Darle incertidumbre al proyecto de HidroAysén. Ésa es la nueva estrategia que acordó el Consejo de Defensa de la Patagonia -que integran más de 40 organizaciones ecologistas nacionales y extranjeras- en su primera sesión del año realizada en la casa central de la Universidad de Chile. También se definió el camino para hacerlo: judicializar el tema con presentación de recursos en los tribunales a partir de abril.
"Tomamos este camino porque el Gobierno no nos da garantías del cumplimento de un Estado de Derecho con las desafortunadas declaraciones de algunos de sus personeros, que más bien parecen lobbistas del proyecto", dijo el secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia, Patricio Rodrigo. El ecólogo apuntó al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, quien hace un mes respaldó públicamente el proyecto de cinco centrales hidroeléctricas en la región de Aysén que pretenden realizar las eléctricas Endesa y Colbún. Además, acusó a esa sociedad de "usar tergiversadamente la información", pues las aéreas de inundación serían superiores a las 5.900 hectáreas que anuncia HidroAysén y el costo de la inversión por megawatts haría inviable económicamente el proyecto.
Otro razón para ir a tribunales es que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) no es capaz de asumir por sí solo los alcances de un proyecto de esta envergadura, según explica el vicepresidente del Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora (Codeff), Eduardo Giesen. "En muchos casos el SEIA ha sido insuficiente porque se han contrapuesto distintas legislaciones que han hecho imposible la resolución mediante esa vía".
No es todo. Patricio Rodrigo también apuntó a los tendidos de trasmisión eléctrica -que HidroAysén aún negocia con Transelec para hacerse cargo del traslado de la energía- y sus eventuales costos. "Que una línea de trasmisión atraviese más de dos mil kilómetros donde hay comunidades indígenas, áreas protegidas y sitios prioritarios de biodiversidad es un desafío mayor. La gente que vive del turismo no va a dejar que esta empresa transnacional haga un negocio depreciando sus propiedades", comentó. De hecho, a partir de este mes la campaña Patagonia sin Represas inició un trabajo de información para la población de Aysén sobre los lugares por donde se instalarían las torres y tendido de transmisión eléctrica para que se informen de los efectos que tendría en el valor de sus terrenos.
En la cita de ayer se confirmó a Rodrigo en su labor en la secretaria ejecutiva y técnica, y asumieron Giesen en participación ciudadana, Juan Pablo Orrego en la división internacional y a Manuel Baquedano en el marco político-institucional.