Superintendencia ambiental busca suplir déficit en fiscalización
El sistema actual no responde a una estrategia de cumplimiento sino de sanción. Así lo determina el rediseño de la institucionalidad ambiental: la amalgama de organismos con competencia para fiscalizar no se ajusta al aumento de proyectos. De hecho, la fiscalización no supera el 20%. La Nación, 03 de abril de 2008.
Fiscalizar y sancionar. Ésas serán las funciones centrales de la Superintendencia de Medio Ambiente cuya creación irá de la mano con el Ministerio en un proyecto de ley que debiera ingresar en las próximas semanas al Congreso.
La Superintendencia deberá administrar un sistema integrado de fiscalización para garantizar el cumplimiento de las regulaciones ambientales. Esto porque, de acuerdo al diagnóstico que realizó la autoridad en la tarea de afinar su creación, se determinó que el sistema actual es disperso lo que genera muchos costos- y poco eficiente en el trabajo en terreno. Además, sus metodologías y programas no se conocen públicamente, la dotación de personal es limitada, y tiene un énfasis sancionatorio y no de respeto de la normativa porque no responde a una estrategia integral de cumplimiento.
En la actualidad son muchos los organismos con competencia medioambiental que actúan paralelamente y se necesita una coordinación de procedimientos ante la complejidad de los proyectos que se evalúan. Entre estos organismos, aparecen la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), la Dirección General de Aguas (DGA), el Servicio Agrícola y Ganadero, la Corporación Nacional Forestal e incluso algunos ministerios y seremi, entre otros. "Necesitamos un sistema integrado de regulación ambiental", ha reconocido la ministra Ana Lya Uriarte.
Este desorden ha quedado en evidencia en terreno. Un ejemplo: tras los derrames provocados por la planta Licancel de Celulosa Arauco en el río Mataquito, actuaron la autoridad sanitaria -prohibió el funcionamiento de la planta-, la SISS abrió un proceso de sanción en contra de Celco-, la Conama regional ídem- y la DGA -ordenó la destrucción de ductos-.
Otro objetivo es realizar una fiscalización más eficiente, lo que se hace imperioso por el creciente número de proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). De acuerdo a los datos de CONAMA, desde 1999 a 2006, la fiscalización nunca ha superado el 20% del total de los proyecto evaluados en el sistema. Un dato: en 2006 fueron aprobados 7.281 proyectos y apenas fueron fiscalizados 978.
Incentivos
Para atenuar la tendencia sancionatoria, la nueva Superintendencia tiene herramientas que promueven el respeto de las normas, como incentivos de cumplimiento, inspecciones, monitoreos estatales y externos, reglas precisas de control de la actividad fiscalizadora y acciones legales de contenido administrativo, civil y penal en caso de incumplimientos.
El nuevo organismo tendrá competencia en la inspección de los instrumentos de gestión, como las Resoluciones Calificación Ambiental, medidas de planes, normas de calidad y de emisión, y planes de manejo de la Ley de Bases del Medio Ambiente.
El proyecto establece también las formas de fiscalizar, esto es, a través de fiscalización directa, fiscalización indirecta, denuncia ciudadana, autodenuncia, programa de cumplimiento, registro público de sanciones y el sistema integrado de fiscalización ambiental.
DURA RESPUESTA A NEW YORK TIMES
El ministro de Energía, Marcelo Tokman reaccionó a la editorial de The New York Times que criticaba el proyecto de HidroAysén en la Patagonia. El secretario de Estado dijo que el periódico desconoce la realidad eléctrica del país y “llama la atención que se nos vengan a dar lecciones desde un país que ha emitido muchos más gases efecto invernadero que los que emite Chile”, agregó.
HidroAysén, en tanto, a través de un comunicado fustigó el uso de la figura del “fantasma” de Pinochet para atacar el proyecto, la campaña de desprestigio y desinformación de ONG y dijo que son las personas y las instituciones chilenas las que deben decidir sobre el tema.