Ballenas e institucionalidad ambiental

Columna de opinion de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en portal web Partidospoliticos.cl el 04 de julio de 2008.

Santiago ha albergado durante todo el mes de junio la 60 reunión de la Convención Ballenera Internacional, ocasión en la que delegados de todo el mundo debaten sobre temas relacionados con la caza científica de cetáceos y los problemas de conservación que afectan a estas especies. 

Esta cita internacional ha permitido visibilizar, en la opinión pública nacional, la problemática de la caza de ballenas y la dramática situación de conservación en que se encuentran las poblaciones de cetáceos en el mundo, movilizando a muchos chilenos, especialmente jóvenes que han tomado conciencia de la trágica historia reciente de estos gigantes del mar, que mantiene a varias especies al borde de la extinción desde hace décadas. Producto de la sensibilización frente al tema, se han generado acciones públicas, como la realizada el domingo último en el Parque O’Higgins, en la cual muchos chilenos se movilizaron para formar una gigantesca ballena humana que fue fotografiada desde el aire, como una manera de testimoniar la creciente preocupación. 

Esta preocupación llegó también al gobierno, que decidió concretar varias iniciativas legales a favor de las ballenas: un proyecto de ley, enviado al Congreso, que propone declarar al territorio nacional libre de captura, caza y comercialización de cetáceos, y dos decretos supremos, uno que otorga a 43 especies de cetáceos la categoría de Monumento Natural, amparado en la Convención de Washington , y otro que da el carácter de indefinida a la moratoria a la caza de ballenas en Chile, vigente hasta el año 2025.

Estas medidas sin duda reflejan una posición pro-conservacionista del gobierno chileno. Sin embargo, en lo que respecta a la protección de las ballenas en aguas chilenas, estas buenas intenciones pueden quedar en el papel si no van acompañadas de mecanismos para su implementación y de una reforma significativa en la actual institucionalidad responsable de estas tareas, cuestión que no es abordada en las iniciativas anunciadas. 

En efecto, no basta con tener la voluntad de proteger especies amenazadas; se requiere una institucionalidad acorde, cuyo objetivo sea la protección y conservación de especies y de los ecosistemas en que éstas habitan. Nuestro país no cuenta en la actualidad con dicha institucionalidad, pues las entidades públicas encargadas de la protección y conservación del patrimonio natural se encuentran dispersas en diversos organismos públicos dependientes de diferentes ministerios. Chile requiere con urgencia de la creación de una Sistema de Áreas Protegidas Públicas y Privadas que se haga cargo de manera exclusiva del diseño, creación, mantención y proyección de todas las áreas protegidas reconocidas por la legislación vigente (parques, reservas, monumentos naturales, santuarios, etc.). 

En lo que respecta a los ecosistemas marinos, en la actualidad apenas entre un 0,01 y un 0,03 por ciento del territorio marino chileno cuenta con algún tipo de protección. Este dato cobra mayor relevancia si se piensa que el territorio marítimo chileno es tres veces la superficie terrestre. En relación a la protección de los cetáceos, hoy el mayor peligro en las aguas chilenas lo constituyen los desechos tanto sólidos como líquidos que contaminan los mares, provenientes de actividades productivas tanto terrestres (la industria de la celulosa y minería) como marítima (pisciculturas, pesca a gran escala). 

Actualmente estas zonas protegidas son responsabilidad de la Subsecretaria de Pesca, que es también la encargada de promover y fiscalizar las actividades productivas, principalmente la pesca y la acuicultura. Es evidente que se trata de dos usos del territorio que con frecuencia entran en conflicto; el hecho de que una sola entidad esté a cargo de ambas lleva a un desequilibrio y fuerza una situación que tiende a favorecer el desarrollo productivo en desmedro de la conservación. 

Para que las medidas anunciadas por la Presidenta Bachelet esta semana tengan las consecuencias que se espera, deben ir acompañadas de modificaciones institucionales que aseguren la existencia de una entidad del estado con suficientes facultades, que se responsabilice de ejecutarlas adecuadamente. De otra manera, corremos el riesgo de encontrarnos frente a un nuevo marco regulatorio que tiene pocas posibilidades de ser un aporte realmente significativo a la protección y conservación de las diversas especies de cetáceos que habitan y circulan por los mares de Chile.

 

Flavia Liberona
Directora Ejecutiva
Fundación Terram