Protección de la ballena
Columna de opinión de Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, publicada en La Nación el 01 de julio de 2008.
La Presidenta Michelle Bachelet, acompañada de la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, anunció la semana pasada en Quintay una serie de iniciativas gubernamentales encaminadas a proteger a las ballenas y a otras especies de cetáceos que habitan y/o transitan por las aguas territoriales chilenas. Por un lado, puso su firma en un proyecto de ley que tiene el propósito de declarar en todo el territorio nacional la prohibición de captura, caza, transporte y comercialización de los cetáceos. Junto con ello, mediante sendos decretos, otorgó el estatus de Monumento Natural a 43 especies de cetáceos y prorrogó por tiempo indefinido la prohibición de caza de ballenas en aguas chilenas, medida que hasta ahora estaba vigente hasta 2025. Estas iniciativas habían sido propuestas por parlamentarios y las organizaciones ambientalistas y por cierto constituyen una clara señal en cuanto a la postura conservacionista del Gobierno chileno en relación con la protección y conservación de cetáceos.
Sin embargo, estas medidas entran en contradicción con la actuación del Gobierno en otros ámbitos. En efecto, el Ejecutivo envió también al Congreso hace poco la anunciada reforma de la institucionalidad ambiental, un asunto que es de primera necesidad porque las actuales instituciones del sector se han mostrado insuficientes e incapaces para atender los requerimientos y desafíos actuales.
Lamentablemente, el proyecto de institucionalidad ambiental que discutirá el Legislativo carece de un aspecto central en materia de conservación y protección de la biodiversidad para el país. A última hora fue retirado del proyecto la propuesta para la creación de una institución encargada en forma exclusiva de las Áreas Silvestres Protegidas Públicas y Privadas, un anhelo largamente esperado por el sector ambiental. En la actualidad, se identifican para Chile alrededor de 21 categorías para la protección de áreas silvestres, públicas y privadas y la responsabilidad de administrarlas se encuentra repartida entre varias entidades públicas. En el caso de las áreas marinas, se encuentran bajo la jurisdicción de la Subsecretaría de Pesca (dependiente del Ministerio de Economía), mientras que los parques terrestres son administrados por la Corporación Nacional Forestal (dependiente del Ministerio de Agricultura). Otras áreas están sujetas al manejo de los ministerios de Educación, de Minería y de Bienes Nacionales, entre otros.
El problema radica en que no existe una institucionalidad definida que se haga cargo de la generación y de la implementación de políticas de protección y conservación del patrimonio natural. El Estado de Chile no le ha conferido hasta ahora al cuidado y a la protección de sus recursos naturales una institucionalidad en la administración del Estado que refleje con claridad la importancia que se dice se le brinda a este tema. Es más, en algunos casos las instituciones a cargo de la conservación del patrimonio natural deben también impulsar actividades de fomento productivo, cuestiones que son en muchas oportunidades claramente contradictorias. Y, por desgracia, ante la disyuntiva, la mayoría de las veces la balanza se inclina en favor de las actividades productivas (la pesca, la acuicultura, las plantaciones forestales, etc.), pero en desmedro de las necesidades de conservación y protección de ecosistemas críticos.
Debido a esta razón, se considera fundamental la creación de una institución única e independiente que sea capaz de implementar los compromisos en esta materia suscritos por nuestro país a nivel internacional, generar las normativas nacionales pertinentes y establecer un equilibrio dentro del aparato del estado entre instituciones que realizan fomento y aquellas que se preocupan por la protección y conservación del patrimonio natural. A la hora de legislar sobre la materia, es importante que nuestros parlamentarios sepan que Chile no podrá responder como se espera a los desafíos en materia de conservación y protección de la biodiversidad genética, de especies y ecosistemas, si no cuenta con una institucionalidad unificada y con el piso político suficiente y las facultades legales para hacerlo. La declaratoria de monumento natural o la prohibición de caza de cetáceos no representarán un avance significativo en materia de protección y conservación de la biodiversidad si nuestro país no logra crear una institucionalidad que se haga cargo de la generación e implementación de políticas para las áreas silvestres públicas y privadas terrestres y marinas.