Último de los 354 contaminados por plomo recibió pago de indemnización del Estado
Un niño de 14 años fue el último beneficiado con la indemnización que la Corte Suprema determinó para las personas afectadas por la contaminación por desechos tóxicos en Arica. La Nación, 15 de septiembre de 2008.
En mayo de 2007 la Corte Suprema de Santiago dictaminó que el Estado debía pagar 8 millones de pesos a cada uno de los afectados por la contaminación emanada del acopio de desechos tóxicos como plomo, zinc y arsénico, en el sector de Cerro Chuño en la ciudad de Arica.
El dinero debió pagarse sesenta días después de dictada la sentencia, sin embargo, por trámites burocráticos al interior del Gobierno, las personas afectadas sólo pudieron recibir su indemnización tras un año de espera. "El proceso de pago comenzó el 28 de abril y para el 15 de mayo ya se había pagado a 347 personas", dijo José Ignacio Pinochet, quien fuera director ejecutivo de la FIMA hasta mayo de este año. "Hoy hemos puesto fin a este proceso al habérsele entregado el pago en notaría a un menor de 14 años que se encontraba con su padre en el extranjero y que regresó para recibir su indemnización.
Todo comenzó en 1984, cuando la empresa chilena Promel ingresó al país 21 toneladas de desechos de minería de origen sueco. Sin embargo, estos desechos tóxicos quedaron abandonados en terreno fiscal y junto a ellos se construyeron viviendas sociales, provocando la exposición directa de los habitantes a la contaminación, generándoles graves daños en su salud.
En 1998 las personas afectadas recurrieron al abogado Fernando Dougnac, presidente de FIMA, y a José Ignacio Pinochet, director ejecutivo de la época, para que los ayudaran a establecer una demanda civil por los daños que la contaminación les había producido. La ONG se hizo cargo del caso y presentó una demanda en el Tercer Juzgado de Letras de Arica.
El año 2006 la Corte de Arica sentenció al Servicio de Salud de la zona a indemnizar a 177 personas víctimas de la contaminación por no entregarles la atención necesaria. FIMA recurrió al máximo tribunal del país, para luego de 10 años de lucha, lograr aumentar la cantidad de indemnizados a 354 personas, según el fallo final y definitivo de la Corte Suprema.
El pago a los afectados de este conflicto es el más alto que ha tenido que desembolsar el Gobierno de Chile por un caso de contaminación ambiental, además, la sentencia ha sentado un precedente en esta materia.