Puyehue: Responsabilidad y consecuencia
Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada por el diario El Llanquihue, el 19 de octubre de 2008.
El cambio climático, la conservación y protección del medio ambiente son temas de creciente importancia en todos los países. Hoy existe consenso a nivel político y científico en que los seres humanos dependemos de la naturaleza para nuestra subsistencia, y por lo tanto sólo si conseguimos convivir de manera armónica con nuestro entorno natural, podremos generar un desarrollo sostenible en el tiempo.
Gran responsabilidad tienen en esta materia las autoridades electas o designadas por el gobierno que, desde distintas instancias y servicios, deben velar y tomar las decisiones correctas en circunstancias muchas veces complejas y sometidos a una serie de presiones externas.
Resulta decepcionante, entonces, cuando desde la ciudadanía constatamos que esto no ocurre, y que la autoridad política de turno opta por privilegiar ciertos intereses particulares por sobre el bien común, como ocurrió recientemente con la aprobación en la Corema de Los Lagos del proyecto de minicentrales hidroeléctricas Palmar-Correntoso, de la empresa Hidroaustral, que pretende ocupar una parte del Parque Nacional Puyehue, que además es Reserva de la Biósfera.
Es necesario recordar que Chile suscribió y ratificó la Convención de Washington, lo que convierte este cuerpo legal en ley de la República y, por lo tanto, cualquier ley que se dicte en el país en materia de conservación debe ser coherente con este tratado. Dicha convención internacional regula las actividades permitidas dentro de un Parque Nacional y es muy clara al señalar que no se puede realizar ningún tipo de actividad comercial.
Como si este argumento no bastara, al menos media docena de los servicios públicos llamados a pronunciarse sobre el tema emitieron informes desfavorables frente a la iniciativa, considerándola incompatible con los fines propios del parque y dañina para el ecosistema local. Por ello resulta particularmente grave que los respectivos seremis hayan optado por votar favorablemente el proyecto, contrariando con esto a los servicios públicos que representan, y que son los que emiten opiniones técnicas sobre las propuestas.
Debe quedar muy claro, entonces, que este proyecto ha sido aprobado políticamente y no técnicamente. Una propuesta de generación eléctrica para sólo 13 MW, es decir, que aporta muy poco al sistema de generación nacional y que se emplaza dentro de un Parque Nacional, fue aprobada obedeciendo a una decisión política que debe ser justificada por las autoridades que la tomaron; estos funcionarios, incluyendo al intendente regional, deberían tener responsabilidad legal en las decisiones que toman, asumiendo las consecuencias y responsabilidades que sus acciones generan.
Después de analizar en detalle los antecedentes de este caso y los argumentos esgrimidos por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para rechazar el recurso de protección presentado por un grupo de parlamentarios, resulta evidente que este es un problema que necesita ser urgentemente abordado en nuestra legislación, pues las autoridades no pueden seguir eludiendo su responsabilidad cuando toman decisiones políticas sin el respaldo de los servicios públicos con competencia en el tema. Es evidente que esto le hace mal al país y a los ciudadanos nos deja en una situación de frustración e indefensión.