Fuerte impacto medioambiental y social pone en jaque millonario proyecto energético de Codelco

Termoeléctrica Farellones en la Región de Coquimbo. No ha brillado el sol para las apuestas energéticas este mes. A; las negativas observaciones del estudio de impacto ambiental presentado por Hidroaysén, que obligaron a retrasar la iniciativa, podría sumarse un eventual rechazo al proyecto de la minera estatal. En ambos casos los servicios sectoriales han detectado serias falencias técnicas y omisiones. Pero a diferencia de la iniciativa privada, esta es la tercera adenda que la Corema regional debe revisar a la gigante cuprífera liderada por José Pablo Arellano. El Mostrador, 14 de noviembre de 2008.

El próximo lunes 17 de noviembre era el dead line para que la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de Coquimbo presentara el informe consolidado sobre el estudio de impacto ambiental (EIA) de la Central Termoeléctrica Farellones, perteneciente a  Codelco. El mismo día debía resolver si daría  luz verde o rechazaría la iniciativa que contempla una inversión de US $1.100 millones y que pretende instalarse a 28 kilómetros de la Reserva Marina Isla Choros e Isla Damas.

Pero todo indica que la mano no viene favorable para la gigante estatal, que ya ha realizado tres adendas -informes complementarios al EIA- desde que presentara el proyecto en septiembre de 2007. Por ello, la minera del cobre apostó por buscar ampliar los plazos de evaluación, apelando a la necesidad de estudiar en mayor profundidad un informe recientemente emitido por la Universidad Católica del Norte y solicitado por la Comisión Nacional de Energía (CNE). Lo que fue aceptado por la Corema, que habría aplazado la votación en una semana.

Según fuentes ligadas al sector "todo apunta a que el EIA presentado es de muy mala calidad. Lo que incluso es reconocido por la propia empresa en círculos internos y por la Comisión Nacional de Energía (CNE), ya que hay debilidad en cuanto a la justificación técnica, propuestas de mitigación y evaluación de los impactos ambientales".

Además, esta es una de las tres termoeléctricas que pretenden instalarse  en la zona, y que se sumarían a la Central Punta Colorada, de la canadiense Barrick Gold, que ya fue aprobada.  Lo que ha generado una fuerte oposición por parte de las comunidades, e incluso, según cercanos al gobierno, ha generado un fuerte ánimo de rechazar el proyecto por parte de las autoridades locales y los servicios públicos.

Pero con o sin ánimo adverso, las observaciones desfavorables de los servicios son bastante duras. Y se refieren principalmente a que la aprobación de la iniciativa acarrearía riesgos para la salud de la población, afectaría los recursos naturales renovables, alteraría los sistemas de vida y costumbres, además del valor paisajístico y turístico. Y además tendría negativas consecuencias para áreas protegidas.

Las falencias del proyecto

Fuentes del sector estiman que en comparación a los otros dos proyectos termoeléctricos en calificación en la zona -Central Barrancones del grupo Suez y Cruz Grande de la Compañía Minera del Pacífico-, el de Codelco es el más débil técnicamente. Y al mismo tiempo es la decisión más compleja por tratarse de una iniciativa estatal, cuyo rechazo podría significar un efecto de retraso en cadena para las otras.

De hecho, 12 de los 13 servicios que se pronunciaron sobre la última adenda presentada por la empresa manifestaron su inconformidad. Por nombrar algunas observaciones: Conaf estima que la iniciativa que busca generar 800 MW a base de carbón no se hace cargo de posibles efectos que pueden generarse sobre los elementos de la diversidad biológica que se protegen en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y Reservas Marinas Costeras.

La autoridad sanitaria incluso estima que no queda acreditado el cumplimiento de la normativa de la calidad de aire. Y la seremi de Agricultura apunta a que habrá una alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos.

Además, la Seremi de Obras Públicas (OOPP), explica que la zona donde se instalaría el proyecto tiene una destinación preferente para la pesca artesanal y con esto se cambia su destino y finalidad.

Un escenario que se asemeja al reciente episodio con el EIA del proyecto energético Hidroaysén, muy cuestionado por los servicios sectoriales de la zona y que finalmente deberá someterse al mecanismo de adendas y responder más de 3 mil preguntas, lo que claramente alterará los plazos proyectados por la empresa.

La diferencia con la situación de Codelco, según explica el director de la Corema de Coquimbo, Marcelo Gamboa, es que "ya se presentaron tres adendas y ya evaluamos tres respuestas. Ya no tenemos más plazos para evaluar, sólo nos resta calificar con los antecedentes entregados".

Y aunque un proyecto es público y el otro privado, ambos hablan de estudios de impacto ambiental muy deficientes "y marcan alerta y preocupación en el aparato público y en las consultoras, que están un poco sobre vendidas", señalan fuentes del sector.

Al respecto, el abogado Lorenzo Soto, que representa a pescadores artesanales de la zona, opina que estas decisiones "siempre tienen un resorte político, pero yo diría que un proyecto que no cumpla con condiciones técnicas como en este caso, tiene más posibilidades de rechazo que de aprobación. Sobre todo si al día de hoy las objeciones técnicas no se han superado".

El encargo de la CNE

Durante la tarde del miércoles estaba bastante claro que la Corema resolvería el lunes la situación de la CTF. Pero este escenario cambió luego de que Codelco solicitara más plazos, basándose en la necesidad de tener más tiempo para revisar el informe realizado por la Universidad Católica del Norte a petición de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Este informe fue realizado por un equipo de dicha casa de estudios, y es el segundo informe que realiza la universidad.

El primero surgió como una iniciativa espontánea de académicos de la casa de estudios y de científicos del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (Ceaza), que consideraron que la información presentada por el EIA era "ineficiente y no contenía ningún tipo de consulta de la información que se tenía de los sistemas a nivel regional. Hay 30 años de estudio y ningún experto había sido consultado a raíz del tema", explican académicos que participaron en su elaboración.

Dicho documento se hizo público en diciembre de 2007 oficialmente por la Universidad, y fue presentado como una lista de observaciones. La diferencia con el último informe, según explican académicos, es que "la CNE pidió un estudio con datos duros que profundizara en aspectos relevados de esta lista. Pero a otros ni se refirió. Y nos llamo la atención la intencionalidad de acotar a cosas tan puntuales que en algún punto podían ser las menos relevantes en caso de amenaza a la biodiversidad y reservas cercanas. Ellos fueron los mandantes y pusieron las condiciones".