El sentido del día internacional contra las represas

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en La Nación, 13 de marzo 2009.

Cada 14 de marzo se conmemora el Día Internacional de Acción Contra las Represas, ocasión propicia para revisar en qué situación está el país respecto de estas obras, porque no se conocen los impactos ambientales y sociales que han causado. En 2000 la Comisión Mundial de Represas publicó el documento Represas y desarrollo, un nuevo marco para la toma de decisiones, que menciona los impactos positivos y negativos, proponiendo lineamientos para disminuir sus impactos y consignando resultados y conclusiones de relevancia para la sociedad en su conjunto.

En la comisión participaron gobiernos, empresas, organismos multilaterales de cooperación y ONG. El texto define las grandes represas como las de muros de más de 15 metros desde los cimientos o que teniendo muros entre 10 metros y 15 metros embalsan más de 3 millones de metros cúbicos. Pero estas directrices no tienen carácter obligatorio, por lo que su cumplimiento es voluntario y en Chile poco o nada se ha realizado.

Por otra parte, se conoció un informe del Banco Mundial que recomienda para Latinoamérica el uso de hidroelectricidad por sobre la energía a carbón como una alternativa más limpia, menos invasiva y de efectos más favorables para el cambio climático.

Si bien en la disyuntiva entre ambas alternativas energéticas, las centrales hidroeléctricas ofrecen una serie de ventajas ambientales en relación con las centrales a carbón, sobre todo en emisiones de CO2, es indispensable analizar aspectos como la magnitud y localización de las represas, estimar qué superficie se inundará y cuantificar los impactos sociales y ambientales a nivel local y nacional. No es posible que hoy se siga promoviendo la construcción de represas, sin un cuidadoso análisis que se inserte en un plan general que considere cambio climático, energía y agua como ejes centrales de planificación.

La construcción de represas en los cursos de agua es una intervención significativa, que puede tener implicancias en los ecosistemas naturales y en el ciclo del agua de una determinada zona. La autoridad tiene una enorme responsabilidad y debe tomar las mejores decisiones, siempre pensando en el bien común y actuando de una manera prudente.

El Banco Mundial debería también considerar cuidadosamente todos los aspectos a la hora de promover ciertas tecnologías, así como para decidir el otorgamiento de créditos a privados para el desarrollo de proyectos energéticos. No es lo mismo la instalación de un proyecto hidroeléctrico de pequeña escala, que uno de gran magnitud y tampoco es indiferente el lugar en que se instale. Las decisiones deberían incorporar factores sociales y ambientales, si efectivamente quieren impulsar beneficios para el país y la sociedad. En tanto, Chile debería establecer un marco general, que impulse una política para la construcción de centrales hidroeléctricas de pasada de mínimo impacto, y contar con una adecuada evaluación de los impactos sociales y ambientales de las centrales existentes.

Lo más importante es poner en práctica una política de diversificación de la matriz energética nacional -con fuerte impulso a las ERNC-, como de uso eficiente del agua, incorporando variables ecológicas y tomando en cuenta los efectos del calentamiento global. En Chile se espera un avance de la desertificación en la zona norte y central, con disminución de las precipitaciones en las zonas centro y sur, lo que reducirá la disponibilidad de agua. Pero no se ha diseñado una política ni implementado acciones ante este problema.

Chile cuenta en la zona más austral con enormes reservorios de agua dulce en forma de ríos, lagos y glaciares, que se cuentan entre los ecosistemas más valiosos del planeta. Esas reservas deben ser protegidas y conservadas con políticas de Estado para que estén disponibles en el futuro. Impulsar grandes represas en la zona es no entender la complejidad del problema o no tener disposición para formular una política pública en beneficio de la sociedad en su conjunto.