Reforma ambiental: avances y deficiencias
Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en La Nación el 14 de mayo 2009.
La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada el proyecto de ley que reforma la institucionalidad ambiental del país, creando el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Fiscalización; ahora resta que la iniciativa sea aprobada en el Senado. El consentimiento a esta reforma es importante y urgente, dado que durante los últimos años el país ha tenido un paulatino y sostenido debilitamiento de su institucionalidad ambiental, por lo tanto, de la capacidad que tenemos como país para proteger nuestro patrimonio natural. Cada vez con más frecuencia el Ejecutivo genera y valida mecanismos para que proyectos de inversión privados sean aprobados sin las debidas consideraciones ambientales, a costa de lesionar el patrimonio natural, cuando es deber del Estado cautelar.
Las organizaciones de la sociedad civil volcamos parte de nuestras esperanzas en el proyecto de reforma a la institucionalidad ambiental comprometido por la Presidenta Michelle Bachelet en su programa de gobierno. La propuesta fue ingresada a tramitación legislativa en julio de 2008 y este avance en su tránsito por el Congreso, con la aprobación en la Cámara, representa una señal importante en materia ambiental, porque la unanimidad que tuvo esta aprobación le da legitimidad a la iniciativa. Es una potente señal de parte de los parlamentarios respecto de la urgente necesidad de otorgarle mayor jerarquía al tema ambiental, y ponerlo en el nivel que se merece. Esta reforma resulta muy significativa, porque constituye un requisito acordado entre el Gobierno de Chile y la OCDE, a la que nuestro país pretende ingresar a fines de 2009.
Sin embargo, la propuesta aprobada presenta aún importantes debilidades. Por una parte, no resuelve de manera adecuada la forma y el organismo que estará a cargo de la aprobación de los proyectos de inversión, antes a cargo de la Corema. Tampoco aborda el problema de las negociaciones incompatibles entre las empresas y las organizaciones y/o comunidades locales durante el proceso de calificación ambiental ni la necesidad de que las comunidades cuenten con asesorías técnicas durante la evaluación de los proyectos, de manera de resguardar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Otro aspecto muy relevante para seguir los lineamientos de la OCDE y omitido es que se optó por excluir la creación de un Servicio de Conservación de la Biodiversidad y Áreas Silvestres, pese a que es un compromiso electoral de la Presidenta. Durante la tramitación parlamentaria, diputados de todas la bancadas solicitaron que el Ejecutivo patrocinara una indicación creando este servicio; el magro resultado de esta gestión fue que se introdujo un artículo transitorio que establece que "dentro del plazo de un año desde la publicación de esta ley, los ministros del Medio Ambiente y de Agricultura deberán formular y presentar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad una propuesta de rediseño de la institucionalidad en materia de biodiversidad y áreas protegidas, así como en el ámbito forestal".
Esta fórmula no hace más que relegar y postergar la creación de este servicio, además de entregar la decisión al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que según el proyecto será presidido por el ministro de Medio Ambiente e integrarán Hacienda, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, Minería y Planificación. Es decir, carteras a las cuales poco les importa la conservación del patrimonio natural de Chile y cuyo rol es impulsar el fomento productivo
Con esto, el proyectado Ministerio de Medio Ambiente pierde coherencia y fuerza para enfrentar los desafíos futuros. Chile necesita un Ministerio de Medio Ambiente poderoso, con capacidad de cautelar el bien común. Es fundamental que el Ejecutivo recoja las opiniones tanto de parlamentarios como de la sociedad civil, en el sentido de reponer dentro del proyecto la creación de un Servicio de Conservación, Biodiversidad y Áreas Protegidas.