Termoeléctrica Campiche

Carta al director de Paola Vasconi, Coordinadora Programa de Medio Ambiente de Fundación Terram.;

La central termoeléctrica Campiche de Aes Gener atraviesa una compleja situación debido a que la Corte Suprema revocó los permisos otorgados por la Corema V Región, ya que las obras se ubican en una zona destinada para áreas verdes. Pese a ello, en declaraciones a El Mercurio, la Ministra de Vivienda, Patricia Poblete, afirmó que “el Gobierno está trabajando coordinadamente con los ministerios de Energía y del Interior para agilizar el proyecto”. Según la Ministra, “la única salida para Campiche es modificar el plano regulador de Puchuncaví”, comuna donde se emplaza la central.

Más allá de este caso particular, la Ministra Poblete ha señalado que trabajan en perfeccionar la actual Ordenanza General de Urbanismo y Construcción para evitar problemas que puedan surgir en los trámites ambientales, de manera de dar mayor claridad y seguridad a los inversionistas y que no se cometan “errores” como los de Campiche. Entre estos cambios estaría restar a los municipios de decisiones involucradas en el trámite ambiental.

De llegar a concretarse, esto sería lamentable y contradictorio con dos de los lineamientos permanentes del los programas de gobierno de la Concertación: democracia más participativa, y descentralización y regionalización.

Además, evidenciaría una absoluta descoordinación al interior del Gobierno puesto que la Reforma a la Institucionalidad Ambiental que se discute en el Parlamento busca, entre otras cosas, legitimar la labor que desempeñan los municipios en materia ambiental al crear la Unidad de Medio Ambiente y al hacerlos partícipes del proceso de evaluación ambiental, pues son ellos a quiénes los ciudadanos primero recurren en caso de verse afectados por algún proyecto.

Esta propuesta, junto a la iniciativa de pago por compensaciones a los municipios por la instalación de centrales de generación eléctrica impulsada por el Ministro de Energía, marcarían un retroceso de proporciones en materia de participación ciudadana en la gestión ambiental y serían el broche de oro del mal llamado Gobierno Ciudadano.