El Agua: Derecho Humano Actual y de las Futuras Generaciones
Columna de opinión Paola Vasconi, Coordinadora Programa de Medio Ambiente de Fundación Terram, publicada en blog de La Tercera el 31 de agosto de 2009.
Al mirar el planeta Tierra pareciera que el agua es un elemento abundante, sin embargo, las formas y estados en que se encuentra hacen que no toda sea apta para el consumo humano. De hecho, del agua disponible en el planeta, el 97% es salada y apenas un 3% agua dulce. De la fracción dulce, sólo el 0,03% está en ríos y lagos; un 0,6% en forma de agua subterránea y el 2,37% restante esta en glaciares y casquetes polares.
Ante la vital importancia que este elemento tiene para el desarrollo de la vida, para el mantenimiento de los ecosistemas y para los procesos productivos, desde hace décadas se viene plasmando una preocupación mundial en torno al agua, que busca promover la protección y conservación de los recursos hídricos para las futuras generaciones.
Situación que se torna cada vez más urgente si uno considera que uno de los mayores impactos del Calentamiento Global y los cambios climáticos será ciertamente la disponibilidad de los recursos hídricos. Según el Panel de Científicos de Naciones Unidas para el Cambio Climático, IPCC, esto implicará inundaciones más intensas y sequías más prologadas de las hasta ahora observadas en las distintas latitudes de nuestro planeta. Es por ello, que resulta imprescindible que los países definan políticas de gestión integradas de los recursos hídricos basadas en esta nueva realidad, considerando, además del cambio climático, el crecimiento de la población, la urbanización acelerada y la globalización del comercio exterior.
Si bien, desde hace algunos años se viene hablando sobre la necesidad de gestionar sustentablemente los recursos hídricos del plantea, hasta ahora no existen avances concretos en la materia y más allá de la declaración de buenas intenciones de los países y organizaciones mundiales, las acciones para proteger este preciado recurso siguen a la espera, lo que resulta alarmante y lamentable pues los informes y datos internacionales, de los últimos años, muestra un panorama poco esperanzador en la materia.
Según la Organización de Naciones Unidas, uno de cada 5 habitantes en el planeta no tiene acceso al agua potable; cerca de 3 millones de personas en promedio mueren al año por enfermedades relacionadas con el agua (diarrea, malaria, etc.); 2.600 millones de personas carecen de instalaciones de saneamiento básico; casi un tercio de la población mundial vive en áreas con problemas de agua, entre otros problemas.
A esto se suma el informe “Espejismo en el agua. El fracaso de las inversiones privadas en servicios de agua de países en desarrollo” publicado por la ONG Internacional de Servicios Públicos en el que se evidencia que el tan promocionado “modelo de privatización” como “La Solución” a los problemas de agua potable y saneamiento básico de los países en vías de desarrollo no es tal y que 15 años de inversión, sólo han logrado una extensión del servicio de agua potable y saneamiento básico de 900 personas al día, cuando se requiere una cifra de aproximadamente 270.000 personas al día, entre 2006 y 2015, para poder cumplir con el Objetivo de Desarrollo del Milenio, de reducir a la mitad el número de personas sin acceso duradero al agua potable y los servicios de saneamiento básico.
En nuestro país, en el tema de acceso a agua potable, red de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas se ha avanzado mucho, con cifras de 99%, 95% y 71,6% respectivamente. Progreso vía privatización que ha significado un aumento de 30% en las tarifas de agua potable a la población y que, adicionalmente, ha traído asociado una serie de problemas ambientales –olores, lodos, etc.- que están siendo absorbidos por las comunidades.
Sin embargo, en materia de gestión de cuencas hidrográficas, protección de recursos hídricos y descontaminación de los mismos, la tarea ha sido mucho más lenta. Recién en el 2005 se planteó, por parte del Estado, la necesidad de gestionar integralmente las cuencas hidrográficas y, por lo tanto, de contar con normas de calidad secundaria para nuestros ríos. Además, dentro de la reforma al Código de Aguas, aprobada también en el 2005, gracias a la presión de muchos se incluyó, finalmente, el concepto de caudal ecológico mínimo.
Durante el 2007, la carta pastoral del Obispo de Aysén Sr. Infanti, junto a otras acciones lideradas por organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios, han puesto de manifiesto nuevamente la necesidad de reflexionar sobre la situación de las aguas en Chile y, especialmente sobre la propiedad de ésta. Esto debido a que la Constitución Política establece que el agua es un bien nacional de uso público, pero el Código de Aguas implanta la posibilidad de que este bien común sea concedido a particulares mediante un derecho de aprovechamiento; es decir, se otorgan derechos que en la práctica constituyen un derecho real, a través del cual el titular puede usar, gozar y disponer del agua como cualquier otro bien susceptible de apropiación. Lo que significa en términos reales que el agua es un bien privado.
La gestión del agua se ve dificultada, además, por la existencia de múltiples organismos del Estado sin una visión común encargados de regular y fiscalizar en la materia. Lo que resulta más relevante es que nuestro país no considera el agua como un elemento esencial para la vida, lo que debiera hacernos reflexionar y replantearnos la manera en qué manejamos y gestionamos nuestros recursos hídricos, incluyendo en su visión no sólo el punto de vista económico como se ha hecho, hasta ahora, sino tomando en consideración también aspectos ambientales, sociales, culturales y por supuesto, su resguardo para las futuras generaciones.
Esto último, es de la mayor relevancia y ha generado un creciente nivel de conflicto entre comunidades locales e indígenas e iniciativas productivas. Entre ellos, Pascua Lama, por la amenaza a glaciares; Celco-Valdivia, por la contaminación del Santuario Carlos Anwandter; Salar de Surire, por extracción de agua; Géiseres del Tatio, exploración geotérmica; Parque Nacional Puyehue, por la eventual construcción de una hidroeléctrica de pasada; entre otros. A estos se suma el conflicto por las megarepresas que pretenden construir Endesa y Colbún en Aysén, el más visible de este tipo de enfrentamientos.
Estos conflictos son una señal que en Chile actualmente se están proponiendo y aprobando proyectos que afectan el acceso al agua de las personas, y/o limitan la posibilidad de desarrollar proyectos productivos a menor escala, debido a que los derechos de agua han sido entregados a grandes consorcios empresariales. La repetición de este tipo de situaciones genera una sensación de vulnerabilidad en las comunidades locales, los pequeños empresarios y la ciudadanía en general, que siente que tienen escasa capacidad para ejercer su derecho de acceso al agua.
Por su parte, la Presidente Michelle Bachelet, manteniendo la tónica internacional, comprometió en su Programa de Gobierno “definir una Estrategia Nacional de Cuencas que permita identificar, en base a la mejor información científica, aquellas cuencas que se podrán intervenir, así como las que es de interés nacional preservar”. Iniciativa actualmente en etapa piloto y su implementación de forma efectiva no estará exenta de dificultades impuestas por la normativa vigente.
La gestión integrada de cuencas es un proceso que promueve el aprovechamiento coordinado del agua y de los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico de manera equitativa, sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas. Busca coordinar diversas acciones del sector público, privado y sociedad civil, a partir de un objetivo común de desarrollo sustentable. Sin embargo, resulta difícil coordinar actores y acciones de diversos sectores cuando éstos no son iguales ante la ley, ya que sólo algunos son propietarios del agua.
Por ello, el mejoramiento de la gestión del agua en Chile pasa necesariamente por una “Reforma Constitucional” que garantice efectivamente el acceso al agua y que ésta sea considerada un bien común. En concordancia, debemos empezar a considerar el acceso al agua como un derecho humano básico e incorporar la dimensión ambiental en su gestión, asegurando el mantenimiento de los ecosistemas y la vida que habita en ellos.
Además, se hace necesario incorporar en la legislación consideraciones específicas en relación a las reservas de agua dulce – glaciares y ventisqueros-, así como establecer un sistema normativo, políticas y estrategias que permitan gestionar las aguas continentales y oceánicas -especialmente estuarios y borde costero- de forma integrada y coherente. Si como país no logramos en el corto plazo plasmar un acuerdo nacional en relación al acceso al agua, estaremos siendo cómplices con nuestra inacción de una creciente tensión y conflictividad en relación a este importante tema.