Empresariado y gobierno enfrentan posturas ante tribunales ambientales

Sofofa y Sonami plantearon idea en octubre de 2008 en la Cámara de Diputados. Ministra de Medio Ambiente asegura que no existe un documento "donde haya una propuestaestructurada". El Diario Financiero, 04 de agosto 2009.;

Molestia ha generado en el empresariado la negativa de la ministra Ana Lya Uriarte frente a la propuesta de tribunales especializados en materia medioambiental.

Esto, porque la secretaria de Estado ha rechazado de plano la idea e, incluso, en la presentación de los gremios ante la Comisión del ramo del Senado hace un mes, sostuvo que “siempre surgen nuevas ideas respecto de mejores organizaciones dentro del aparato del Estado. Sin embargo, debo decirlo claramente el tema de los tribunales ambientales, su viabilidad y oportunidad no ha sido discutida en el marco del proyecto de ley”.

La semana pasada Uriarte reafirmó su postura y dijo a Diario Financiero que “no existe un documento donde haya una propuesta estructurada o formal que haya sido presentada ni a este gabinete ministerial, ni al Senado, ni a la Cámara de Diputados”.

Sin embargo, hace prácticamente un año, la Sofofa y la Sonami plantearon la necesidad de crear tribunales especializados en el marco de la discusión en la Cámara de Diputados del proyecto que modifica la institucionalidad ambiental.

Ambos gremios empresariales expusieron en la señalada instancia en octubre de 2008 y allí argumentaron una serie de aspectos a favor de una justicia independiente en la materia. De hecho, la Sofofa indicó que es clave “considerar la creación de tribunales especiales del medio ambiente, de integración colegiada y multidisciplinaria, para conocer las denuncias por infracciones a la legislación ambiental y los juicios por reparación del daño ambiental”.

La Sonami señaló en su presentación que “la realidad regulatoria actual tiende a una separación de las facultades de fiscalización de la potestad sancionatoria, por ejemplo, la creación de tribunales tributarios. De ahí que se propone mantener a la Superintendencia como un organismo fiscalizador eficaz y otorgar la potestad sancionatoria a un tribunal administrativo ambiental”.

Frente a esto, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara consignó en su informe de abril de este año la alternativa expuesta por el empresariado.