Bancos ingleses bajo presión por préstamos cuestionados por grupos medioambientalistas

Tendencia a nivel mundial presenta un desafío a las firmas financieras e inversionistas. El Diario Financiero, 16 de noviembre 2009.

El rescate del gobierno británico a los bancos locales tuvo repercusiones impensadas. El financiamiento de Royal Bank of Scotland a proyectos de desarrollo de combustibles fósiles fue cuestionado por grupos ambientalistas, que pidieron a la Corte Suprema británica que revisara las decisiones de un banco que ahora casi podría considerarse un órgano del estado.

El caso muestra la creciente tendencia mundial hacia la exigencia de que los inversionistas no sólo evalúen las condiciones económicas de los proyectos que se les presentan, sino también su impacto ético y medioambiental.

Cuestionamiento a RBS

En octubre de 2008, a menos de un mes de la caída del banco estadounidense Lehman Brothers, el gobierno británico anunció que rescataría a las tres principales instituciones bancarias del país: Royal Bank of Scotland (RBS), Lloyds TSB y HBOS.

Luego de haber aumentado su participación en tres ocasiones, la última de ellas a principios de noviembre, el Tesoro quedó finalmente con el 84% de la propiedad de RBS y con un 43% de Lloyds.

A un año del rescate, el Tesoro británico debió dar explicaciones ante la Corte Suprema por los préstamos de RBS a proyectos para el desarrollo de combustibles fósiles. Pese a que la “revisión judicial” (el examen de la corte a una decisión tomada por el gobierno) fue denegada, puso en el tapete los conflictos de interés que asoman cuando una firma rescatada por el gobierno financia proyectos que pueden tener un impacto negativo en los contribuyentes, que se han transformado en accionistas.

De acuerdo con datos de la organización People & Planet, RBS es el banco británico que apoya más proyectos relacionados con la minería de carbón, ya que entregó 27 créditos por un valor de US$ 96 mil millones entre mayo de 2006 y abril de 2008. Eso se compara con HSBC, que financió tres acuerdos por un valor de US$ 71 mil millones, y con Barclays, que entregó préstamos por US$ 38 mil millones. Asimismo, y según informaron en esa organización, RBS estaría entre los mayores inversionistas mundiales en el sector de petróleo y gas.

El rescate de RBS “impone una serie de obligaciones en el gobierno, de modo que los intereses de los contribuyentes sean protegidos”, explicó a DF Ian Leggett, director de People & Planet, que participó en la acción judicial junto a los grupos Platform y World Development Movement.

Según el activista, en el caso de las empresas privadas son los accionistas quienes cargarán con los costos de la emisión de carbono bajo el acuerdo que se logre en la cumbre de Copenhague. De igual manera, el Tesoro tendrá que contribuir con decenas de millones de libras para lidiar con las consecuencias del cambio climático. En el caso de RBS, ambos costos caerán en la espalda de los británicos, en su doble condición de contribuyentes del Estado y accionistas del banco.

Por ello, los grupos piden que el Tesoro imponga restricciones a RBS sobre los proyectos que financia, de la misma forma que ha establecido límites a los bonos de los ejecutivos.

El Tesoro argumentó en la audiencia preliminar que no es correcto considerar el cambio climático y los derechos humanos cuando al momento de evaluar los intereses “comerciales” de RBS. Sin embargo, los tres grupos que presentaron la acción judicial afirmaron que este enfoque es inadecuado, ya que los fondos de los contribuyentes deberían ser invertidos sólo en proyectos que promuevan “un futuro sustentable y ético”.

Establecería precedente

Según el activista, el escrutinio a quienes entregan financiamiento para proyectos, y no sólo a quienes los desarrollan, fue amplificado por la crisis financiera. “Antes de 2008 el sector bancario era casi intocable. En el Reino Unido los bancos eran vistos como una parte central de la economía, ya que eran generadores de riqueza, tenían una influencia muy poderosa sobre las decisiones del gobierno, sobre todo en lo referente a la regulación”, afirmó.

Sin embargo, agregó, “ahora todos pueden ver que la generación de riqueza era sólo para esos individuos particulares que generaban utilidades extraordinarias, bonos extraordinarios para ellos mismos, pero no conducían a desarrollo económico en las comunidades europeas”.

La situación de RBS es la de mayor figuración pública, pero no es única. La ONG International Rivers apuntó a los accionistas involucrados en el proyecto Hidroaysén, en el sur de nuestro país, pero también a los potenciales inversionistas (ver recuadro).

“La industria de financiamiento ético en este país (Reino Unido) comenzó de forma muy pequeña hace unos quince años, pero ya vale billones de libras. Las compañías están comenzando a cambiar sus prácticas, a pensar en beneficios que no necesariamente son comerciales y no necesariamente son de corto plazo”, explicó Leggett.

Los cuestionamientos a Hidroaysén

La ONG International Rivers, con sede en Estados Unidos, inició el año pasado una campaña contra el proyecto hidroeléctrico Hydroaysén, que se desarrollará en la Patagonia chilena.

La campaña apuntó directamente a los inversionistas del proyecto, que está valorado en US$ 3.200 millones y es propiedad de la empresa española Endesa y el generador chileno Colbún.

“Nos involucraremos en el proceso de financiamiento internacional en lo que se refiera a los intentos de Hidroaysén de solicitar apoyo para sus planes de parte de la comunidad financiera internacional”, dijo en octubre del año pasado el entonces coordinador de la campaña de International Rivers, Aaron Sanger.

Según el activista, los inversionistas están cada vez más quisquillosos. “Los prestamistas y quienes proveen capital están más y más sensibles a este tipo de riesgos (medioambientales y sociales)”, aseguró.