Nuevo ministerio: logros y deudas
Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en diario La Nación el 16 de noviembre de 2009.
Con la creación del Ministerio de Medio Ambiente, que acaba de completar su tramitación legislativa al ser aprobado por la Cámara de Diputados, comienza una nueva etapa en la historia ambiental de Chile.
Es un importante logro de la ciudadanía, que por años ha presionado para que se otorgue mayor jerarquía a estos temas.
Hoy, a través de esta nueva secretaría de Estado, que se une a una Superintendencia de Fiscalización y a un Servicio de Evaluación Ambiental, se está dando un importante paso en este sentido.
Pero es de justicia señalar que la institucionalidad recién creada tiene importantes deficiencias, porque dejó pendiente aspectos relevantes, lo que genera dudas sobre su capacidad de responder adecuadamente a los desafíos ambientales.
La discusión sobre la propuesta de reforma estuvo cruzada por la polémica, en especial la última etapa, cuando mediante un acuerdo entre el Ejecutivo y la derecha, en representación del sector empresarial, celebrado de espaldas de la ciudadanía, se aceleró la tramitación de la ley, con un alto costo para el país: el apuro impidió discutir e incorporar una serie de temas demandados por amplios sectores.
La propuesta finalmente aprobada en el Congreso, que ahora deberá someterse al escrutinio del Tribunal Constitucional antes de su promulgación, es un retroceso sobre lo que se había acordado en su primer paso por la Cámara, en especial en cuanto a las posibilidades de participación ciudadana en la evaluación ambiental estratégica y la evaluación ambiental de proyectos de inversión.
Otro tema ciudadano que no fue incluido, pese a haber sido planteado reiteradamente, es la unicidad de los proyectos de inversión, que permitiría evaluar como un todo proyectos relacionados, porque no puede existir el uno sin el otro (por ejemplo, una hidroeléctrica y su línea de transmisión), incluso si pertenecen a titulares diferentes.
Tampoco se incluyó nada sobre las negociaciones incompatibles entre el proponente y las comunidades afectadas durante la evaluación ambiental, cuestión que hoy genera importantes distorsiones.
Respecto de este tema, se desechó la propuesta de establecer un apoyo técnico a las comunidades para un mejor análisis de las propuestas durante el EIA, lo que habría sido un aporte para igualdad ante la ley entre la ciudadanía y las grandes empresas.
La ley contempla crear unidades ambientales en los municipios, pero no especifica requisitos mínimos ni si existirá un presupuesto específico para que estas instancias sean un aporte a los gobiernos locales.
En términos históricos, la reforma surgió de la presión ejercida por la ciudadanía organizada tras una serie de graves desastres ambientales en los últimos años, el más grave la contaminación del santuario del río Cruces por parte de Celco, que llevó a la muerte y migración de miles de aves.
Pero ni los parlamentarios ni el Ejecutivo han estado a la altura del desafío y quedaron en deuda. No fueron capaces de desarrollar un debate de altura. Esto muestra la escasa cercanía y conocimiento de la autoridad respecto a los problemas ambientales y la realidad de las comunidades locales.
Como consecuencia, se desperdició una importante oportunidad de lograr una reforma a la institucionalidad ambiental profunda y sustancial; Chile ha quedado con una reforma trascendente pero insuficiente, que sin duda representa un importante desafío para los próximos años, en los que seguiremos intentando incorporar los temas ciudadanos, tanto en la legislación sectorial como en las prácticas cotidianas de la autoridad.