Reforma Ambiental: Pierde puntos importantes
Columna de opinión de Paola Vasconi, Coordinadora del Programa de Medio Ambiente de Fundación Terram, publicada en blog de La Tercera el 06 de noviembre de 2009.
Recientemente, en jornada maratónica de sólo dos días, la Comisión de Medioambiente del Senado aprobó el proyecto que crea el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Fiscalización, quedando en condiciones de pasar a la Comisión de Hacienda y después a la Sala para finalizar su segundo trámite constitucional.
Todo se inició el lunes 26 de octubre con la firma de un acuerdo político entre el Gobierno, la Alianza –senadores Longueira (UDI), Allamand y Horvath (RN)-, y los senadores Letelier (PS) y Alvear (DC) de la Concertación, con vistas a agilizar la tramitación de este proyecto de Ley. Acuerdo que se publicitó como un pacto firmado entre el Gobierno y senadores de todas las bancadas, a pesar de que los representantes de los partidos Radical y Por la Democracia, así como los independientes, no lo suscribieron, puesto que ello, significaría transgredir principios y reivindicaciones ambientales históricas de la ciudadanía que fueron patrocinadas por este grupo de parlamentarios en sus indicaciones a la iniciativa del Gobierno.
En la jornada del martes 27 de octubre la discusión se concentró principalmente entre las 9:45 pm y las 6:30 de la mañana del miércoles, y su tónica fue que el Ejecutivo aprobara mayormente su proyecto de Ley con los votos de la derecha y que los senadores Alejandro Navarro (independientes) y Guido Girardi (PPD) perdieran 3-2 cada una de sus indicaciones.
Desde nuestra perspectiva, la firma de dicho acuerdo no permitió mejorar todo lo que requería la actual legislación e institucionalidad ambiental. La premura del Gobierno por sacar a cualquier costo el Ministerio de Medioambiente y demás instituciones, impidió abordar en profundidad temas trascendentales, como la participación ciudadana, los conceptos y definiciones, el Servicio de Áreas Protegidas y Conservación de la Biodiversidad, entre otros. Más bien significó la operación de una aplanadora ambiental para las organizaciones ciudadanas que, desde el primer día de su tramitación, propuso éstos y otros temas. Sin embargo, no hemos sido considerados interlocutores válidos por parte del Ejecutivo.
La aprobación del proyecto en sus actuales términos significará una pesada carga para cualquiera sea el color político del nuevo gobierno, que deberá asumir los costos de haber aprobado una deficiente institucionalidad ambiental, incapaz de resolver los problemas ambientales actuales y futuros del país.