Semillas transgénicas encuentran terreno “fértil” en Chile
La superficie destinada en Chile al cultivo de organismos vegetales genéticamente modificados (OVGM) crece entre un 10% y 20% cada año sin que exista una ley coherente que proteja su desarrollo, ni la coexistencia de estos cultivos con orgánicos y convencionales, a los que puede poner en peligro. La Nación, 23 de noviembre 2009.
Los transgénicos están Chile hace casi dos décadas y, si bien, hasta los comemos con más frecuencia de lo que sabemos -o quisiéramos saber- el tema sigue siendo tabú y causa controversia cada vez que se trata de discutir sobre él, lo que lejos de ayudar, ha significado un atraso en la postura del país frente a este producto biotecnológico, lo que es criticado a nivel transversal.
La actual normativa permite la importación de semillas genéticamente modificadas sólo para ensayos (evaluación de riesgo) o para ser multiplicadas y luego exportadas y si bien, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) se encarga de velar por que ningún producto de estas semillas quede en el país y mucho menos, se comercialice internamente, los granos transgénicos entran de todas maneras como alimento para animales y, en forma procesada, para humanos.
Ningún rastro de transgénico cultivado por chilenos debe quedar en el país, en contraste, sí se pueden importar granos transgénicos desde Argentina, por ejemplo, destinados a la alimentación de animales. “Esta situación genera grandes contradicciones. Por una parte, es posible cultivar semilla transgénica con una serie de resguardos que significa para las empresas costos adicionales. Por otra parte, no se restringe el ingreso al país de commodities que son OGM (organismos genéticamente modificados) y que no son material de propagación, por lo tanto, no entran en el campo de jurisdicción de la actual normativa y no son regulados por ningún organismo competente”, sostiene Marina Gambardella, académica del Centro de Ciencia e Innovación en Biotecnología Vegetal (ceCIBUC) de la Universidad Católica.
Peligrosidad
Según la ingeniera agrónoma experta en genética, estos granos destinados al consumo animal, pueden resultar peligrosos para el medioambiente, “podrían producir contaminaciones sin existir ningún control sobre este tema”.
De hecho, señaló que estudios informales han detectado que de 30 camiones cargados con granos que ingresan al país, 29 son OVGM y que éstos siembran los transgénicos por las carreteras, poniendo en peligro, entre otros, a los cultivos orgánicos.
“Uno no puede descartar que puedan haber eventos, que son los menores, los mínimos, nosotros siempre estamos en proceso de constante perfeccionamiento y mejora”, dice en respuesta el director del SAG, Víctor Venegas. Según el encargado del organismo regulador, el SAG puede imponer sus normas a la importación de granos con fines de reproducción, pero los que entran para consumo son responsabilidad de los importadores.
El SAG sostiene que el transporte no lo hace cualquier camión, “están bajo las normas y medidas de bioseguridad que nosotros determinamos, el tipo de camión, la forma de la carrocería, todos completamente cubiertos, muchos son sellados”, sin embargo, Venegas reconoce que existe riesgo de escape del material transgénico por hendiduras.
La serie de contradicciones y vacíos legales que se producen en Chile son algunos de los temas que urgen ser regulados y, sin embargo, la serie de proyectos de ley que han tratado de discutirlos, permanecen en distintas comisiones del Congreso, ninguna de las que ha dado señales de avance este año.
La semana pasada, en un seminario sobre el tema organizado por el Núcleo Milenio en Genómica Funcional de Plantas, el ceCIBUC y la Escuela de Biotecnología de la Universidad Santo Tomás, Eduardo Bitrán, actual presidente de la Comisión Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC) señaló que le parece que la normativa sobre transgénicos en Chile “es absurda”. “Pongámonos de acuerdo: o nos gusta o no nos gusta, pero no tengamos una ambivalencia tan absurda. Discutamos este tema, veamos lo que tenemos que hacer”, sostuvo.
Ambigüedad
En el mundo, la discusión sobre las normativas que rigen este tipo de cultivos ha considerado el aspecto científico y la dimensión social, política, ética y económica de la adopción de esta tecnología en cada país. Sheila Jasanoff, experta en políticas sociales y ambientales de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, señaló que Chile está en una “posición de ambigüedad, pero también de oportunidad y de apertura, por lo tanto, hay opciones abiertas para aprender de las experiencias de otros”. Jasanoff advierte que cualquier normativa debe considerar la opinión de la ciudadanía, sino corre el riesgo de fracasar.
Dominique Hervé, directora del programa de Derecho y Política Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, enumeró una serie de elementos que a su juicio debe contener un marco regulatorio de bioseguridad. “Soy de la idea que debe existir una ley de bases de bioseguridad, que incorpore todos estos elementos de manera de crear un sistema comprehensivo, coherente y completo en relación con todos los organismos genéticamente modificados, no sólo vegetales”, sostuvo.
“Es evidente que Chile no ha querido tener una política clara respecto a este tema, sin prejuicio que lo ha ido regulando desde principios de los 90. Sin embargo, no ha habido la voluntad para adoptar una posición frente al tema, lo que ha generado muchas incertezas y situaciones que perjudican, por un lado, la protección del patrimonio genético nacional y por otro, perjudican económicamente a muchos productores agrícolas”, dijo.
Hervé, al igual que Garbardella y María Isabel Manzur, de la Fundación Sociedades Sustentables y Luis Flores, de Consumers Internacional, sugirió la ratificación del Protocolo de Cartagena, que regula los movimientos transfronterizos de este tipo de organismos, pues cree que esta indefinición está generando incertidumbres en materia de comercio internacional.
Asimismo, un marco regulatorio adecuado debería contener la regulación para la liberación, evaluación de riesgo caso por caso y paso a paso, participación pública, regulación distinta para OGM confinados, trazabilidad, etiquetado, regulación de la coexistencia y de productos farmacéuticos para humanos y animales.
Tanto la Fundación Sociedades Sustentables como las agrupaciones de agricultores orgánicos sugieren que se declare a Chile libre de transgénicos, pues se pone en peligro la biodiversidad del país, el endemismo y las relaciones comerciales con mercados que no quieren transgénicos. LN
Crecimiento de las plantaciones
En Chile no existe una norma que prohíba los organismos transgénicos de forma específica, pero tampoco una que permita su entrada libre-, por lo que siguen ingresando al país y la superficie destinada a la multiplicación de este tipo de cultivos aumenta cada año.
“El sistema tiende a la evolución”, dice Gonzalo Pardo, encargado de vivos modificados genéticamente del SAG. ”Nosotros somos contra estación del hemisferio norte, eso significa que somos atractivos. El crecimiento o contracción de un sistema como el nuestro está directamente ligado al mercado de semillas del hemisferio norte, si ellos necesitan más, van a mandar a Chile para ganar los seis meses que van a estar inactivos”, explica el ingeniero agrónomo.
Pardo dice que aún no es posible estimar cuánto aumentará la superficie esta temporada (2009-2010), “sin embargo, teniendo en cuenta la tendencia (ver infografía), lo más seguro es tener un aumento en superficie respecto a la temporada anterior”, dice.
Legislación en el mundo
Libby Harrison, gerenta general de la Autoridad de Gestión del Riesgo Ambiental (New Organisms), de Nueva Zelanda, explicó que en la nación oceánica tanto la ciudadanía como los pueblos originarios son informados cada vez que se pretende insertar un organismo nuevo al país. Harrison aseguró que desde 1998 han ingresado 18 eventos al país sólo para experimentación bajo contención, pero, ninguno ha sido liberado. “No hay demanda por cultivos transgénicos en Nueva Zelandia”, afirmó y, de hecho, sus habitantes no los aceptan, pues pueden dañar la imagen prístina de la isla.
En México, centro de origen del maíz por excelencia, estaba prohibido experimentar con transgénicos desde hace 11 años. Sólo el mes pasado el gobierno dio luz verde a la siembra de estas variedades, causando polémica entre académicos y grupos ambientalistas. Pero Reynaldo Ariel Álvarez, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados de México, señala que no hay riesgo, pues es posible compatibilizar ambos tipos de cultivos, a través de las prácticas agronómicas apropiadas, como se ha hecho por años con el maíz híbrido.
Álvarez contó que la ley en México protege a las variedades endémicas, que cada organismo se revisa caso por caso y que existen cinco representantes de los usuarios y comunidades de agricultores en las comisiones evaluadoras. Además, cada vez que se aprueba un nuevo OGM, se envía información al público vía boletín.
Por su parte, Jeremy Sweet, vicepresidente de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria -GMO Panel-, de Reino Unido, explicó el análisis de riesgo que se realiza a cada organismo que intente ingresar a la comunidad de países. Sweet sostuvo que sólo el maíz Bt está autorizado hasta el momento. “Es un largo camino entre los análisis científicos y la aprobación final, donde el principal problema que los atrasa son las maniobras políticas”, explicó.
En Europa todo producto que tenga más de 0,9% de transgénico debe ser etiquetado. Existe tolerancia cero a los productos no aprobados, una traza de transgénico no aprobada puede eliminar todo un embarque.
DATOS
De 30 camiones que ingresan al país con semillas, 29 son OVGM, según estimaciones del ceCIBUC de la Universidad Católica.
151 países integran el Protocolo de Cartagena, que regula el movimiento transfronterizo de OGM. Chile no lo ha ratificado.