Balance ambiental del 2009: arquitectura institucional sin legitimidad cuidadana
Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, haciendo un balance del año 2009 en materia ambiental en el país.
El año que termina quedará en la historia como aquél en que se aprobó la creación de tres servicios públicos en materia ambiental en Chile: el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia y el Servicio de Evaluación Ambiental; por primera vez en su historia, el país contará con una institución del más alto rango para preocuparse de los temas ambientales. Sin embargo, este avance llegó con un sabor amargo, por razones tanto de fondo como de forma.
Por un lado, el proceso legislativo se deslegitimó ante la ciudadanía con la firma de un protocolo de acuerdo entre un grupo de senadores y el Ejecutivo –representado por los ministros de Hacienda y Medio Ambiente-, que condicionó la aprobación del texto, aceleró su tramitación e impidió que se discutieran a fondo temas esenciales, muchos de los cuales fueron los que en definitiva originaron esta reforma. Como consecuencia, tuvimos la aprobación “express” de un sistema complejo de instituciones cuyo objetivo es resguardar el patrimonio ambiental y la calidad de vida de los habitantes del país. La aprobación, durante la actual legislatura, de una “arquitectura” institucional para el sector, si bien puede ser considerada un avance significativo en términos de interlocución política, no está exenta de riesgos y puede perder peso si no se logra resolver algunos problemas que se han repetido en los últimos años. El contenido de esta reforma también dejó bastante que desear, debido a que no introdujo modificaciones en aspectos esenciales en materia de participación ciudadana, que se encuentran en el centro de muchos de los conflictos socio-ambientales que se registran en el país.
Junto con la creación del Ministerio, la ley aprobada establece un conjunto de modificaciones en relación a la evaluación ambiental de proyectos, así como la creación de una Superintendencia de Medio Ambiente, encargada de la fiscalización. Sin embargo, la entrada en vigencia de estas regulaciones quedó supeditada a la aprobación en el Congreso de una ley que crea los Tribunales Ambientales, una propuesta de los empresarios que fue acogida por parlamentarios de derecha y legitimada por el Ejecutivo y parlamentarios oficialistas.
Otro gran déficit de esta ley de reforma ambiental es la creación del Servicio de Conservación de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, que quedó postergada y sin fecha definida para su implementación. De hecho, una de las áreas con menos avances durante este período, y más bien con ciertos retrocesos, es la protección y conservación del patrimonio natural de la nación. No sólo se dejó de lado la creación de un Servicio específico para ocuparse de este tema, tal como estaba comprometido en el programa de la Presidenta Bachelet y en el Acuerdo Chagual, sino que tampoco se logró avanzar en la modernización institucional de CONAF. Peor aún, la misma semana en que el Parlamento daba luz verde a la reforma a la institucionalidad ambiental, el Ministerio de Agricultura dictó el Decreto 654, que permite la corta de especies declaradas Monumento Natural. Mediante este decreto en la práctica se elimina el amparo que se les había proporcionado a algunas especies vegetales tales como alerce, araucaria, belloto del norte, queule, pitao, que quedan sólo bajo la protección que les otorga la categoría de conservación, flexibilizando su protección y abriendo la posibilidad para su corta.
En el aspecto institucional, durante este 2009 destaca la creación de otro Ministerio, el de Energía, que permite esperar que, en el futuro, se impulse una mejor proyección y planificación en este ámbito. Así, es de esperar que en el futuro la toma de decisiones respecto a un tema tan crucial como es la matriz energética nacional no quede en manos de privados, como ha ocurrido hasta ahora.
Con ello, eventualmente, podríamos esperar una planificación estratégica de mediano y largo plazo, que nos permitiría pensar en un futuro sin la proliferación de centrales termoeléctricas a carbón, como hemos visto en los últimos meses. Para lograr esto los ciudadanos y ciudadanas debemos estar atentos, fiscalizando el accionar de los funcionarios públicos e impulsando cambios regulatorios.
En materia de energía, un hecho destacado de este año es, precisamente, el dictamen de la Corte Suprema que paralizó las obras de la central termoeléctrica Campiche, ubicada en la comuna de Puchuncaví (Quinta Región), luego de una presentación de las comunidades de la zona, que dieron una larga batalla.
Finalmente, es necesario mencionar la aparición en la agenda pública del tema del agua. Tanto a nivel nacional como internacional, se reconoce la importancia de este elemento como vital e insustituible para la vida, y crece la presión ciudadana mundial para declarar el acceso al agua como parte de los derechos humanos básicos. En un contexto de calentamiento global y variabilidad climática, se espera que el agua constituya un bien cada vez más escaso, por lo que los Estados debieran tomar medidas especiales para asegurar su distribución equitativa entre la población.