Chile, la OCDE y el cambio climático

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en El Mostrador el 13 de enero de 2010.

En diciembre de 2009 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) oficializó su invitación a Chile, que el país aceptó oficialmente en una ceremonia celebrada el 11 de enero en La Moneda, con lo que sólo resta la aprobación en el Congreso del Acta de ingreso para que Chile se incorpore a este exclusivo club de países desarrollados.

Personeros de gobierno, empezando por la propia Presidenta, han insistido en la importancia de este hito y se han mostrado satisfechos, pues esta invitación es la culminación de un proceso de más de dos años, en los que el Ejecutivo ha ido cumpliendo una serie de exigencias del organismo internacional. Sin embargo, es necesario recordar que durante este proceso se han dejado de lado varias recomendaciones, es decir, preceptos no obligatorios, especialmente los relacionados con temáticas y/o problemas ambientales, así como relacionados con la protección, conservación y manejo de la biodiversidad.

Las cifras muestran que durante los gobiernos de la Concertación ha aumentado la brecha entre los más ricos y los más pobres, situación que tiene su correlato en materia ambiental.Uno de los más significativos de estos “olvidos”, probablemente, sea la poca importancia que ha otorgado el gobierno a las recomendaciones en materia de biodiversidad contenidas en el informe de evaluación del desempeño ambiental del país efectuado por la OCDE el año 2005. En particular llama la atención que la Presidenta Bachelet optara por dejar fuera de la reforma a la institucionalidad ambiental la creación de un Servicio de Conservación de la Biodiversidad y Áreas Protegidas.

La membresía de Chile en la OCDE es, indudablemente, un reconocimiento a la estabilidad y prosperidad económica que ha alcanzado el país en los últimos 20 años, pero debemos tomar conciencia que ser miembro de esta entidad, si bien puede ser considerado un privilegio, también impondrá nuevos desafíos en muchos ámbitos del quehacer nacional. Ser socio del club de países desarrollados le costará al Estado de Chile 7 millones de dólares anuales, además de la obligación de cumplir ciertos estándares propios de la elite de países a la que se integra. Si bien Chile cumple con una serie de requisitos, hay aspectos en que es mejor mirar dos veces para darse cuenta que no todo lo que brilla es oro. El crecimiento económico experimentado en el país no se ha visto acompañado de una mejor distribución del ingreso, o de un equilibrio y/o mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes; este crecimiento, si bien ha beneficiado a algunos, para otros ha significado un deterioro. Las cifras muestran que durante los gobiernos de la Concertación ha aumentado la brecha entre los más ricos y los más pobres, situación que tiene su correlato en materia ambiental.

El mundo está cambiando de manera acelerada y radical. La crisis climática, de la que cada día existen nuevas evidencias, invade la agenda de los políticos y gobernantes que, antes que el daño se siga profundizando, tienen la responsabilidad de tomar medidas para disminuir la emisión de gases contaminantes que contribuyen a aumentar la temperatura planetaria, al tiempo que deben adoptar medidas de mitigación ante una serie de efectos adversos asociados a la variabilidad climática que son, a estas alturas, inevitables. En este contexto es urgente e imprescindible que nuestras autoridades de una vez por todas tomen conciencia de las implicancias que tiene el cambio climático en materia de generación de energía, disponibilidad de agua y pérdida de biodiversidad, entre otros aspectos.

En cuanto a Chile, si bien no somos grandes emisores, sabemos que somos un país vulnerable, donde los impactos de la crisis climática mundial afectarán al país inevitablemente. Sin embargo, no vemos que nuestros gobernantes, autoridades y líderes de opinión estén preocupados por lo que está ocurriendo y puede ocurrir en el país en el futuro.

Como sabemos, la desigualdad se reproduce, pues son precisamente los sectores más pobres los que ya se han visto afectados con las catástrofes y las variaciones del clima. La inequidad en el acceso al agua, las inundaciones, entre otros problemas, se agudizarán en la medida en que aumente la temperatura de la Tierra.

Por eso, lejos de la complacencia que parece invadir al Ejecutivo frente al ingreso a la OCDE, este hecho debiera tomarse con responsabilidad; más que la satisfacción de ingresar a un “club de países ricos”, el país debiera asumir el desafío que implica generar cambios profundos que nos lleven a situarnos como un país desarrollado, con más igualdad y justicia socio-climática.