Concesiones acuícolas serán por 25 años y no significarán dominio para sus titulares
Esta es una de las principales normas que alcanzó a despachar el Senado en la segunda jornada de votación del articulado del proyecto que modifica la Ley de Pesca en materia de acuicultura. Camara.cl, 13 de enero 2010.
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Los continuos argumentos de los senadores Guido Girardi y Alejandro Navarro sobre el carácter privatizador de mar que tendría el proyecto, en segundo trámite, que modifica la Ley de Pesca en materia de acuicultura generó la molestia entre sus pares de la Alianza, independientes e incluso algunos de la Concertación, quienes reclamaron por una manipulación del debate del articulado de esta iniciativa.
De este modo, en la segunda jornada de votación del proyecto que crea un nuevo marco regulatorio para la acuicultura tras la crisis vivida por la industria del salmón a raíz de la propagación del virus ISA, se avanzó en el despacho de las normas que definen el plazo y lo que se entenderá por concesiones acuícolas; en las disposiciones que eliminan la posibilidad de desarrollar esta actividad en lagos y ríos navegables y aquellas que protegen a la pesca artesanal, entre otras.
La disposición que fija en 25 años la duración de las concesiones renovables por igual periodo se aprobó por 24 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones; mientras que el artículo que contiene la definición de barrios acuícolas, zonificación del borde costero y que garantiza el espacio destinado a la pesca artesanal "caladeros" y los pueblos originarios fue aprobado por 25 votos a favor y 4 abstenciones.
No obstante, aún quedan pendientes los puntos más complejos del proyecto y que dicen relación con el carácter hipotecable de las concesiones y las cláusulas laborales que deberán cumplir las empresas titulares de las concesiones.
Por ello, el Presidente del Senado, Jovino Novoa solicitó a la Secretaría de la Corporación realizar un estudio que permita hacer una propuesta para poder agrupar las votaciones de los artículos que faltan por despachar de modo de evitar "que se repitan los mismos argumentos en el debate de norma por norma".
CONCESIONES DE 25 AÑOS
En esta oportunidad, el Senado también aprobó por 28 votos a favor, dos en contra y una abstención el artículo que regula la concesiones acuícolas y que establece que estas autorizaciones no significan dominio alguno para sus titulares sobre las aguas ni el fondo marino ubicado en los sectores abarcados por ellas.
La iniciativa dispone además que a los concesionarios "solo se les permitirá realizar aquellas actividades para las cuales les han sido otorgadas, de manera armónica y sustentable con otras que se desarrollen en el área de la autorización, tales como la pesca artesanal y el turismo".
Al respecto, los senadores Adolfo Zaldívar, Guido Girardi, Baldo Prokurica, Alejandro Navarro, Evelyn Matthei, Camilo Escalona, Juan Pablo Letelier, Ricardo Núñez, Jaime Orpis, Antonio Horvath, José Antonio Gómez, Guillermo Vásquez, Jaime Gazmuri y Pablo Longueira discreparon sobre el alcance de esta disposición que es una de las más relevantes del proyecto ya que define lo que se entenderá por concesión acuícola.
El senador Adolfo Zaldivar Zaldivar afirmó que "aquí no estamos ante actividad extractiva sino mas bien de índole agrícola que no se desarrolla sobre la tierra sino en el mar y en aguas dulces". Por lo tanto, recalcó que la pregunta que corresponde hacer es "queremos o no tener una industria acuícola en el país y desarrollarla con propiedad".
A su turno, el senador Guido Girardi defendió su postura afirmando que es contrario a que "se puedan constituir hipotecas sobre bienes nacionales de uso público". Explicó que "el problema no es la concesión sino el procedimiento mediante el cual se constituye hipoteca porque podrán terminar en manos de grupos transnacionales, lo que genera la oposición del 100 por ciento de las organizaciones ambientalistas".
A su turno, el senador Baldo Prokurica explicó que la norma que define las concesiones acuícolas "deja en evidencia que esta contradicción que algunos parlamentarios sostienen majaderamente sobre el riesgo de privatización del mar no existe ni tiene sustento jurídico alguno, porque se dice claramente que la concesión no constituye dominio ni sobre el agua ni el fondo".
En tanto, el senador Alejandro Navarro calificó como "una disquisición inefable" el debate sobre el dominio de la concesión porque los dueños de la misma son los que pueden disponer sobre esa porción del borde mar". Agregó que "la derecha tiene un ánimo productivista, de desprecio al medio ambiente y ha estado de acuerdo en eliminar las cláusulas laborales del proyecto".
La senadora Evelyn Matthei criticó el comportamiento de algunos senadores que levantaron carteles con la leyenda ‘se está privatizando el mar’, porque "eso induce a una falsa alarma y preocupación de la población. Esto revela una ignorancia, raya en la demagogia y constituye un abuso contra la democracia y el Senado".
En esa línea, el senador Camilo Escalona lamentó que se haya mezclado la discusión sobre concesión e hipoteca, y aclaró que la definición de concesión es lo que viabiliza la industria. Recordó que de la acuicultura dependen unos 50 mil empleos en forma directa o indirecta y, "en el caso de la Región de Los Lagos efectivamente se produjeron abusos y nos preocupamos de incluir normas laborales y medioambientales para permitir la sustentabilidad de esta actividad".
Por su parte, el senador Juan Pablo Letelier coincidió con su par en el sentido de que "me parece adecuada la definición de concesión" y aclaró que la discusión debe estar centrada en las hipotecas y "si es necesario o no que exista esta figura para generar garantías ante los bancos".
El senador Ricardo Núñez adhirió a la postura de que el procedimiento de las concesiones ha sido un buen camino para desarrollar tanto la infraestructura del país como distintas industrias. Sin embargo, expresó algunas dudas sobre los criterios para zonificar el borde costero y cómo compatibilizarlo con el sector artesanal.
Asimismo, el senador Jaime Orpis aclaró que "la norma que define a las concesiones solo tiene justificación en la medida que evitaría las distorsiones de los objetivos del proyecto hacia una presunta intención de privatizar el mar". Recalcó que técnicamente "una concesión jamás otorga propiedad ni dominio ni sobre las aguas ni el fondo marino. Es simplemente una autorización".
En tanto, el senador Antonio Horvath, en su calidad de presidente de la Comisión de Pesca defendió el trabajo realizado en la instancia en torno a escuchar a los representantes de todos los sectores involucrados incluyendo a las principales organizaciones medioambientales y aseguró que lo que se hizo en esta iniciativa fue "regular una actividad en beneficio de la comunidad y lo que ocurre es que existen algunas organizaciones que se oponen a la acuicultura de especies exóticas".
El senador José Antonio Gómez, precisó que "cuando uno no está de acuerdo con la mayoría no debería ser estigmatizado como ignorante". Añadió que a su juicio "el tema de fondo es discutir si es correcto o no que un bien de uso público se hipoteque o no".
Por su parte, el senador Guillermo Vásquez, aclaró que "en este caso no estamos en presencia de una hipoteca propiamente tal, porque desde punto de vista jurídico es una garantía que recae sobre un bien destinado a la explotación de las aguas". Sin embargo, señaló que también debió haberse considerado una prenda.
En la misma línea, el senador Jaime Gazmuri señaló que la definición del régimen de concesiones acuícolas a 25 años renovables "es el núcleo fundamental del proyecto" y descartó las críticas de algunos respecto a que la iniciativa significaría "un retroceso". No obstante, aclaró que "la crisis del sector ocurrió por ausencia de regulación y no por un exceso".
El senador Pablo Longueira recordó que "el gran salto que tuvo la industria de las carreteras en el país fue gracias a las concesiones y allí se introdujo la figura de la prenda, es decir, están prendadas todas las carreteras del país". Incluso manifestó que presentó una moción que pretendía que los feriantes pudieran prendar las calles donde funcionan de modo de poder vender o heredar esos bienes de uso público.
Finalmente, el ministro de Hacienda Andrés Velasco y el subsecretario de Economía Jean Jaques Duhart respondieron algunas de las inquietudes de los parlamentarios y aseguraron que discutir el tema de las concesiones acuícolas es discutir la existencia de esta actividad. Puntualizaron también que el proyecto aumenta en cinco veces el valor actual de la patente por hectárea, es decir desde 2 UTM a 10 UTM, por hectárea al año.