Opositores a Campiche dicen que norma de Minvu vulnera la regulación de uso de suelo

El abogado Juan Carlos Palma, que defendió a las comunidades de Puchuncaví, critica que la modificación de la normativa que podría beneficiar a la central de AES Gener. La Tercera Internet, 27 de enero 2010.
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El abogado Juan Carlos Palma, defensor de las comunidades de Puchuncaví que han liderado la ofensiva en contra de AES Gener por la construcción de la central eléctrica Campiche, afirma que el nuevo decreto que emitió el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) vulnera el espíritu y finalidad de las normas sobre uso de suelo.

El 31 de diciembre se publicó en el Diario Oficial un decreto supremo que permite extender el uso industrial al 100% de un terreno, en caso que el 30% de la superficie esté destinada para esos fines.

Palma percibe "que son demasiadas coincidencias, que deberían investigarse", en el caso que ha causado gran revuelo en la zona y que mantiene paralizada la construcción del proyecto desde junio de 2009.

A su juicio, llama la atención los porcentajes en que se modificó el destino de los suelos, pues sostiene que AES Gener declara que el terreno donde se emplaza la central Campiche tiene un 33% del predio en zona industrial y la modificación introducida es a partir del 30%.

El abogado plantea que cuál es la razón de fondo que llevó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a determinar que el uso de suelo de una parte minoritaria del terreno puede prevalecer sobre el uso de suelo mayoritario. "¿Por qué, por ejemplo, no se estableció un 70% en vez de un 30%?", afirma.

Aunque Palma no adelanta qué acciones legales emprenderán las comunidades de Puchuncaví, recalca que no aceptarán que se adopten este tipo de medidas.

En este mismo sentido, el abogado dice que "las nuevas autoridades deben dar una fuerte señal de que el cambio que prometieron no es sólo una frase de campaña".

Hasta ahora, el ministerio ha señalado que dictaron una norma general y que los casos particulares deberán ser analizados por las respectivas autoridades regionales.

Además, tras el nuevo decreto, AES Gener comenzó a realizar gestiones ante la autoridad ambiental para destrabar este proyecto. La empresa considera que con la nueva norma superan los reparos que tenía la Corte Suprema, entidad que anuló el permiso ambiental, esgrimiendo que no cumplía con los requerimientos del uso de suelo.

La central termoeléctrica Campiche supone una inversión de US$ 500 millones y aportará unos 270 MW de generación al sistema eléctrico.