Reforma ambiental: “Es un paso hacia la economía verde”
Acompañada por la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, la Presidenta Bachelet firmó la ley que por primera vez en Chile crea la nueva institucionalidad ambiental. La Nación, 13 de enero 2010.
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Gobierno da el vamos al nuevo aparato local de medioambiente.
La permanente pugna entre sectores industriales y ciudadanos que periódicamente ponen a prueba la capacidad del Estado para resolver conflictos ambientales, tiene desde ayer un nuevo tablero sobre el cual mover sus piezas.
Tras año y medio de tramitación en el Congreso, la reforma ambiental se convirtió en ley al crear el ministerio, la superintendencia de fiscalización y el servicio de evaluación ambiental.
La nueva Ley N° 20.417 fue firmada ayer por la Presidenta Michelle Bachelet, quien destacó que con esta reforma el país da “un paso sustantivo hacia una economía verde y hacia una sociedad más respetuosa del medio ambiente”, dijo ayer la Mandataria en La Moneda.
El rediseño institucional tuvo un expedito trámite en el Congreso y su aprobación fue zanjada en un acuerdo entre oposición y oficialismo que se selló a fines de 2009 con el respaldo de los senadores Pablo Longueira (UDI) y Andrés Allamand (RN), que lograron incluir una cuarta institución, el Tribunal Ambiental, instancia propuesta tanto por un sector del ambientalismo -la ONG Fiscalía del Medio Ambiente-, como por el principal gremio industrial del país, la Sofofa.
Una de las principales innovaciones de la nueva arquitectura verde apunta a la mayor facultad fiscalizadora que poseerá la naciente superintendencia, y el drástico aumento de multas contra empresas por daño ambiental: de las actuales 500 UTM como multa máxima, la nueva ley eleva el castigo hasta las 10 mil UTM.
Todas las resoluciones de la superintendencia y otros organismos ambientales podrán, en todo caso, ser “apeladas” ante el tribunal ambiental por empresas y ambientalistas.
No obstante, aún queda camino por recorrer. La superintendencia no verá la luz sino hasta que el Congreso apruebe el tribunal, proyecto de ley enviado al Parlamento por el Ejecutivo en noviembre pasado.
IMPLEMENTACIÓN 2010
Por lo mismo, será tarea del próximo gobierno implementar y poner en marcha no sólo la superintendencia y el tribunal, sino también el ministerio y el servicio de evaluación ambiental.
Este último organismo, además de tecnificar más sus decisiones, tendrá mayores y más estrictas facultades para tramitar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que presentan las empresas.
La ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, destacó además el aumento de la participación ciudadana a las Declaraciones de Impacto Ambiental de las inversiones en infraestructura, energía u obras sanitarias, por ejemplo, y en etapas más avanzadas de la tramitación.
Junto con enfatizar que la reforma busca reducir la “inequidad en la exposición a riesgos ambientales” de los sectores más pobres, Bachelet añadió que es el inicio de una política “que se encuadra en los requerimientos del ingreso a la OCDE”, señaló.
Ambientalistas entre críticas y aplausos
Si bien varias de las ONG ambientales han calificado la nueva institucionalidad ambiental como un avance en la materia, algunas aplauden más que otras.
Mientras la Fundación Terram señala que se trata de una “institucionalidad sin legitimidad ciudadana”, producto de la “tramitación express” en el Congreso que impidó abordar temas de fondo, Chile Sustentable, celebró ayer su firma.
“Con esta reforma, el gobierno cumple con el 30% del Acuerdo de Chagual comprometido con los ambientalistas que la apoyaron”, indicó Sara Larraín. Terram, en tanto, también releva que con la reforma “la Presidenta dio cumplimiento al compromiso ambiental más importante de su gobierno”.
Respecto de las críticas, la ministra Uriarte sostiene que hubo cinco meses de debate en el Congreso y que una expedita tramitación no es sinónimo de falta de discusión.