Senado: Hoy se retoma esperada discusión de proyecto clave para reactivación de la salmonicultura
En el segundo lugar de la Tabla se encuentra la discusión del proyecto que, en segundo trámite, modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), iniciativa que debería ser votada hoy martes 12 de enero en el Senado luego que la semana pasada fuera aplazada a petición del Comité del Partido Por la Democracia (PPD). Aqua 12 de enero de 2010.
Durante la primera jornada que se realizó el miércoles 6 de enero, la discusión se centró en las disposiciones relativas a la condición hipotecable de las concesiones acuícolas y las normas laborales del sector, temas que han entrampado su aprobación, la cual se había proyectado para fines del 2009.
Los senadores discreparon sobre la posibilidad de entregar en garantía las concesiones acuícolas que tendrán una duración de 25 años y las normas que establecen que dichas concesiones no se renovarán si una empresa tiene tres sentencias ejecutoriadas por prácticas antisindicales en tres periodos productivos.
El senador Sergio Romero hizo notar que esta iniciativa cuenta con calificación de suma urgencia, es decir, de diez días para ser despachada por cada rama legislativa, por lo que llamó a sus pares a respetar las urgencias para tramitar a la brevedad esta iniciativa. Asimismo, advirtió sobre las consecuencias que traería para el sector acuícola la demora en la aprobación de este nuevo marco regulatorio.
El senador Antonio Horvath, quien preside la comisión de pesca, afirmó que la iniciativa incluye numerosas normas sanitarias, laborales y medioambientales que irán en beneficio de la actividad acuícola. "Con esta normativa se ordenará el sector y se garantizará que la acuicultura sea sustentable en el tiempo", comentó.
Asimismo desestimó las críticas respecto a que este proyecto "privatizaría el mar" y recordó que "fue durante los gobiernos de la Concertación que se estableció la concesión acuícola de carácter indefinido y esta iniciativa, por el contrario establece un plazo y dispone que se renueven solo si se cumplen determinados requisitos".
Por su parte, el senador Camilo Escalona recalcó el trabajo que realizó la Comisión de Pesca, en el sentido de establecer una regulación para este mercado y, por primera vez, se incorporaron normas medioambientales como por ejemplo, la figura del delito de escape de especies que en la Región de Los Lagos ya generó una situación ecológica y económica muy grave a raíz de la rotura de las redes de cultivo.
El parlamentario agregó que en esta instancia también se acogieron normas laborales y la causal de caducidad de una concesión por prácticas antisindicales ya que "están asociadas en forma directa al desastre ambiental producido a raíz del virus ISA. Los trabajadores y sindicatos que denunciaron la mortandad masiva de los peces en las jaulas no solo fueron ignorados sino que además perseguidos por las empresas".
En tanto, el senador Pedro Muñoz reiteró su rechazó a la fórmula que se propuso para salvar a este sector económico del país. "No comparto la hipoteca de bienes públicos, porque si bien la propiedad no se altera, la ciudadanía no podrá seguir usando el espacio destinado a la acuicultura y más aún éste podrá ser transado dentro del periodo acotado de la concesión". Agregó que "estas hipotecas me parecen inconstitucionales porque constituyen un acto de discriminación".
El parlamentario defendió además las exigencias de cumplimiento de las normas laborales en el sector y señaló que este tema no es nuevo porque ha quedado establecido en otras leyes que quien negocie con el Estado debe cumplir especialmente con todas las normas laborales vigentes.
Zonificación
En lo fundamental, la iniciativa establece la zonificación del borde costero y dispone que las áreas apropiadas para la acuicultura deberán ser compatibilizadas. Además, se suspenderá el otorgamiento de concesiones en las áreas que la zonificación declare incompatibles con la acuicultura.
Asimismo se estipula que la relocalización deberá cumplir con los demás requisitos de una solicitud, y someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, respectivo.
Además con el sólo mérito del informe de la Autoridad Marítima se modificarán las áreas apropiadas para la acuicultura excluyendo los sectores que correspondan al acceso a caletas de pesca artesanal, atracaderos o áreas de seguridad de embarcaciones menores.
De este modo, ya no existirán áreas de manejo sanitario sino agrupaciones de concesiones y se establece que ellas no limitarán otras actividades como la pesca, las áreas de manejo de recursos bentónicos, la libre navegación, el turismo ni los derechos de los pueblos originarios.
El proyecto establece que en ningún caso las concesiones de acuicultura otorgan dominio sobre las aguas ni el fondo marino y la actividad deberá desarrollarse en forma armónica y sustentable con otras actividades en el borde costero.
Por otra parte, se dispone una limitación del 20% para acceder al otorgamiento de concesiones por una misma persona a fin de evitar la concentración.