La minería y el Parque Nacional Lauca
Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en diario La Nación el 23 de junio de 2010.
A menos de tres meses de haber asumido el poder, el nuevo gobierno ha comenzado a dar algunos indicios preocupantes respecto de lo que podría ser su política en materia medioambiental. Uno de los últimos episodios lo detonó el mismo Presidente de la República, que durante su gira por el norte, hace algunos días, y en medio de un encuentro con la comunidad, anunció que impulsará la actividad minera en esa zona, para lo cual desafectará “algunas hectáreas” del Parque Nacional Lauca. Se trata de un hecho inédito, no sólo por la imprecisión y ligereza del anuncio, sino además porque es el Jefe de Estado quien da por zanjada una decisión con profundas implicancias jurídicas, ecológicas y sociales sin siquiera dar la posibilidad de abrir un debate sobre el tema.
De acuerdo con antiguas pretensiones de empresas mineras, la propuesta es explotar minerales a gran escala -Piñera habló de una inversión de 2.000 millones de dólares- dentro de los límites del parque. Cabe consignar que ésta no es una propuesta nueva, pues ya bajo la Presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, otro gran impulsor de megaproyectos privados, se barajó esta posibilidad. Además de los estudios de prospección minera, el lobby de las mineras definió entonces el área específica que era necesario desafectar, de unas 43 mil hectáreas del total de 137 mil con que cuenta el parque, bajo el débil argumento que se trataba de una zona árida sin presencia de flora y fauna significativas.
Por el contrario, bien sabemos que tanto el Parque Nacional Lauca, como la Reserva Nacional Las Vicuñas y el Monumento Natural Salar de Surire, conforman un circuito estrechamente interconectado de 360 mil hectáreas de un ecosistema de gran valor ecológico, pero al mismo tiempo enormemente frágil, con presencia de especies en peligro, como la llareta y vicuñas, además de una gran variedad de aves.
Estas tres áreas protegidas forman parte de una Reserva de la Biosfera, reconocida como tal por la Unesco, con una biodiversidad de carácter único y fuente productora de agua para toda la macrorregión (alimenta el acuífero del Tamarugal, el río Lluta y la Quebrada de Azapa), y que hasta la actualidad se ha mantenido relativamente libre de la explotación minera a gran escala que ha proliferado en el resto de la zona norte.
No menos importante, es necesario considerar la presencia de comunidades indígenas -aymaras y quechuas-, las que se han manifestado en repetidas oportunidades contrarias a la presencia no sólo de la actividad minera, sino también geotérmica en la zona. Para estas comunidades, constituye una especial preocupación precisamente la ingente necesidad de agua de este tipo de faenas, un recurso escaso y de importancia crítica para el desarrollo de la vida y de las actividades económicas tradicionales de la región, especialmente el turismo.
Con todos estos antecedentes, es comprensible la enorme sorpresa con la que se ha sido recibido el anuncio del Presidente. Los parques nacionales son áreas silvestres protegidas del Estado, declaradas como tal por su importancia biológica y ecosistémica, en cuyos límites está prohibido realizar emprendimientos comerciales. Además de las leyes nacionales, están protegidos por la Convención de Washington, tratado internacional suscrito por Chile. La autoridad debe tener claro que no puede pretender desafectarlo sin exponerse a una sanción internacional, tanto emanada de la mencionada convención, como por las normas contenidas en el Convenio 169 de la OIT, que obliga a consultar a los pueblos originarios cualquier emprendimiento que pueda afectarlos, como claramente ocurre en este caso.
Con medidas tan controversiales como la desafectación de un parque nacional de manera inconsulta, el gobierno sienta un pésimo precedente. En todo caso, el Presidente debe tener claro que encontrará una férrea oposición, tanto a nivel local como nacional, pues existe una clara conciencia de la importancia de proteger los valiosos ecosistemas y recursos naturales presentes en las áreas silvestres protegidas del país.