Termoeléctrica Castilla: entre el rechazo social y el imperio del carbón
Columna de opinión de Rodrigo Bórquez, economista de Fundación Terram, 06 de agosto 2010.;;
La oferta energética de la central termoeléctrica Castilla, de 2.354 MW que pretende levantarse en el sector costero de Copiapó (Tercera Región) es, ni más ni menos que la central de generación termoeléctrica a carbón más grande de Sudamérica, hecho que ha sido ampliamente difundido por todos los medios. En cambio, las objeciones presentadas tanto por los órganos competentes como aquellas provenientes de la comunidad, relativas a los daños que provocaría la puesta en marcha de esta obra, no han gozado de la misma difusión.
Las características de este complejo termoeléctrico -únicas debido a su gran magnitud- requieren de una acción gubernamental que evalúe cuidadosamente y de manera proporcional, consideraciones vinculadas a los impactos socioambientales y económicos asociados a su funcionamiento, algo que -en teoría- resulta obvio, pero que en la práctica no se ha dado por una evidente carencia de voluntad técnica y política. En este contexto adquiere especial importancia la resolución del Seremi de Salud de la región de Atacama, Sr. Raúl Martínez, que modificó la calificación ambiental otorgada a este proyecto por la administración anterior desde industria “contaminante” a sólo “molesta”. Este hecho no sólo da luz verde a este proyecto desde la perspectiva de la salud, sino que, además, valida la lógica costo-efectiva que ha marcado el desarrollo energético de este sector, ubicando así los intereses económicos de inversionistas extranjeros por sobre los de la ciudadanía.
La postura adoptada por el gobierno frente a este proyecto pierde más fuerza aún si se considera que la Tercera Región goza de cualidades irreproducibles en cualquier otro punto del país para el desarrollo de energías renovables no convencionales, principalmente eólica y solar, las que si bien actualmente presentan una baja competitividad en términos de costos -en comparación con las clásicas carboneras-, simbolizan la sustentabilidad futura para los principales sectores productivos del país, y en especial del minero, quienes -en un futuro no muy lejano- deberán competir en los mercados extranjeros bajo una nueva combinación diferenciadora, la que no sólo discriminará en términos de precio, sino que incluirá sus impactos ambientales, ya sea a través de la denominada “huella de carbono ” u otro instrumento de carácter ambiental.
Los argumentos en contra de la construcción de la central termoeléctrica Castilla suman y siguen. Lo cierto es que el estado chileno deberá decidir entre las supuestas “bondades” de esta central y aspectos tales como la disminución de la calidad de vida y de la salud de la población circundante, los impactos ecosistémicos, la pérdida del capital natural de pescadores artesanales de la zona, el patrimonio ancestral de la comunidad de Totoral y, en general, los daños irreversibles que inevitablemente acompañarían a esta localidad por un mínimo de 24 años. Esperemos entonces que la lógica marginalista de la política energética chilena no siga cubriendo de ceniza las decisiones de nuestros gobernantes, ni menos, el futuro de esta Región.