“Apostamos por una evaluación ambiental tecnificada (…) que evite discrecionalidades”

Ministra del Medioambiente, María Ignacia Benítez, explica el rol de su cartera en caso Barrancones. El Diario Financiero, 06 de septiembre 2010.
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Como una señal de la preocupación ambiental que tiene el presidente de la República, Sebastián Piñera, explica la ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez, la decisión -o petición a GDF-Suez- de relocalizar la central Barrancones, debido a los conflictos que suscita su instalación en una zona cercana a una reserva ecológica.

Sin precisar si se le consultó al Ministerio sobre los pasos a seguir sobre este tema, asegura que la evaluación de este proyecto se hizo de forma correcta y respetando la legalidad vigente.

– ¿La decisión del mandatario de trasladar la planta termoeléctrica, ¿la tomó por sorpresa?.

-El presidente me informó de la decisión.

-¿Le informó una vez tomada la decisión o fue consultada con anterioridad?

– El presidente siempre se ha preocupado del tema. Él es un presidente comprometido con el medio ambiente, tiene una sensibilidad ambiental especial y estaba preocupado del tema. A pesar de que como gobierno y Ministerio en particular, cumplimos con toda la institucionalidad ambiental, con respeto a la legislación vigente, el proyecto en particular, que viene del año 2007 en el sistema de impacto ambiental, y fue evaluado en un proceso que siempre se hace ante cualquier proyecto y cumplió con toda esa normativa. El presidente conversó con la empresa con el objeto de que ésta retirara el proyecto o lo relocalizara o pensara en otra ubicación. En todo caso, cualquier otra ubicación nueva para significa para este Ministerio un estudio de impacto ambiental nuevo.

– El presidente planteó que el caso Barrancones es una excepción. Bajo esta lógica, ¿Qué asegura que proyectos como Cruz Grande, Castilla, Los Robles e Hidroaysén, se consideren también excepcionales?

– Los proyectos siguen su evaluación ambiental. Muchos de estos proyectos ya fueron sancionados por la administración anterior y se resolvieron. Incluso llegaron a la Corte Suprema, y ésta no acogió los recursos ciudadanos. Este fue un caso excepcional tal como lo dijo el presidente, en atención a que la reserva marina y Punta de Choros tiene una biodiversidad muy rica se le quiso dar una protección mayor.

– ¿Usted no siente que con esta decisión se pasó a llevar la institucionalidad ambiental?

– No. Nuestra institucionalidad ambiental se acaba de reformular en enero de 2010, cuando fue aprobada por el Congreso y es la institucionalidad con la cual estamos trabajando y, por lo tanto, la institucionalidad está vigente. Por eso comentar que, aparte de la evaluación ambiental, el Ministerio y la Superintendencia del Medio Ambiente está la tramitación de los Tribunales Ambientales en el Congreso, y acabamos de enviar a la Secretaría General de la Presidencia, el proyecto de ley que crea el servicio de Biodiversidad y áreas protegidas. Con eso se completa nuestra institucionalidad ambiental. Y, a través de ese servicio, nos permite proteger la biodiversidad y los ecosistemas por medio de poder categorizarlos según niveles de protección y además se puede establecer qué se puede hacer o no dentro de esos sistemas.

– Cuando esté vigente la nueva institucionalidad ambiental ¿Casos como Barrancones no sucederán? ¿Será un organismo más técnico, sin espacios para decisiones políticas?

– Nuestra apuesta es por un servicio de evaluación ambiental lo más tecnificado posible, de manera de abordar todos los aspectos con los lineamientos que se hacen también en otros países, y tecnificar la evaluación de manera de evitar discrecionalidades y que los servicios puedan entonces poder opinar sobre sus competencias con lineamientos claros.

– La empresa gastó cerca de US$ 15 millones en estudios previos. ¿Habrá algún tipo de compensación a la compañía?

– La verdad es que no he conversado con la compañía. Yo estoy aquí para que la evaluación ambiental se efectúe garantizando el cumplimiento de la normativa y que los proyectos se den dentro de este proceso, y hacerse cargo de mitigaciones y compensaciones correspondientes.

– ¿No cree que pierda valor una resolución de calificación ambiental tras este episodio?

– Vuelvo a repetir, yo estoy para hacer y garantizar la normativa y respetar la institucionalidad ambiental con la normativa vigente.