Termoeléctricas y contaminación, el dilema que dejó al descubierto Barrancones
Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en Blog de La Tercera eñ 08 de septiembre 2010.;
La presión ciudadana, que de manera organizada y masivamente salió a las calles en varias ciudades del país para protestar por la autorización ambiental de la Central Termoeléctrica Barrancones, se anotó indudablemente un triunfo al conseguir que el Presidente Sebastián Piñera mediara directamente con la empresa, que finalmente optó por desistir de materializar la central en Punta de Choros. Ahora, las organizaciones ciudadanas, especialmente los grupos locales, se mantendrán alertas a la espera que la franco-belga Suez Energy haga efectiva su renuncia, cuestión que se concretará sólo cuando retire el proyecto Barrancones del Sistema de Evaluación Ambiental; es necesario recordar que, de acuerdo a la legislación nacional, los permisos ambientales no caducan por lo que, en teoría, la empresa podría dejar en pausa el proyecto por el tiempo que estime necesario, hasta que considere que tiene mejores condiciones para concretarlo.
Sin embargo, más allá del problema puntual de Punta de Choros y la reserva marina de pingüinos de Humboldt, lo cierto es que la polémica por Barrancones ha dejado al descubierto, para los ojos de la opinión pública, el problema que implica la proliferación de centrales térmicas a carbón que se ha registrado en el país en los últimos años, y que actualmente se encuentran diseminadas a lo largo y ancho del país, generando emisiones al aire y agua, con profundas consecuencias para la salud humana y los ecosistemas naturales.
De los aproximadamente 15.000 MW de capacidad instalada de la generación eléctrica del país, más de 9.000 corresponde a centrales térmicas. Sin embargo, sólo a partir de 1997 – cuando entró en vigencia el SEIA- han sido evaluadas ambientalmente. Las termoeléctricas que funcionan desde antes de 1997 constituyen un problema mayor, pues representan más de 3.500 MW de potencia instalada, lo que corresponde al 44% de la capacidad de generación actualmente en funcionamiento. Se trata de generadoras que funcionan sin ninguna exigencia ambiental, con tecnologías antiguas, poco eficientes y cuya única ventaja es económica, pues producen energía a un costo mínimo.
En tanto, según cifras entregadas por el Ministro de Energía, desde enero de 2007 a la fecha se han aprobado y se encuentran sin construir del orden de 4.700 MW en proyectos térmicos, de los cuales 3.600 MW son a carbón; además, se encuentran en evaluación proyectos térmicos por otros 4.200 MW, todos a carbón, considerando tanto el Sistema Interconectado Central como el Sistema Interconectado del Norte Grande, los dos mayores sistemas de distribución del país. En consecuencia, si la matriz energética eléctrica de Chile ya tiene actualmente un fuerte componente termoeléctrico, esta tendencia seguiría en aumento de aprobarse algunos de estos proyectos.
El problema actual es que las comunidades no quieren más centrales en sus territorios. Pese a que muchos de estos proyectos superan exitosamente la evaluación ambiental, predomina una falta de credibilidad en el sistema, que en la práctica no ha permitido reducir impactos y ha autorizado proyectos que han terminado contaminando y generando impactos en la calidad de vida.
Este complejo panorama hace imprescindible generar un marco normativo más exigente en materia ambiental y de energía, que sea capaz de resolver los problemas que han catalizado a partir de Barrancones. El proceso de evaluación ambiental actualmente establecido en la ley se aplica de manera aislada, sin tomar en cuenta efectos sumatorios de instalaciones en zonas aledañas; no existe restricciones para cierto tipos de emplazamientos, no hay normas de emisión al agua y aire ni existe una regulación para el tipo de combustible que utilizan. Más allá de la ley N° 19.300 o de la nueva ley la N° 20.417, que definen nuestra institucionalidad ambiental, los problemas persistirán, ya que no se han realizado cambios en el proceso de calificación, el que se ha mostrado incapaz de acoger las legítimas inquietudes ciudadanas y de proteger adecuadamente el medio ambiente y la salud de la población. Es importante destacar que el país no cuenta con una norma específica que regule a las centrales termoeléctricas, que establezca parámetros mínimos y especifique exigencias en términos de tecnologías aplicadas orientadas a minimizar el impacto en el medio ambiente y en la salud de la población.
Por ello, resulta impostergable que la autoridad emprenda acciones orientadas, por un lado, a uniformar y aumentar el nivel de exigencias para todas las centrales termoeléctricas, tanto las que se encuentran actualmente en funcionamiento –que debieran someterse a intensos procesos de modernización o eventualmente cerrarse-, como las unidades que están actualmente en proceso de calificación ambiental. Paralelamente, es urgente acelerar la tramitación de la norma de emisiones al aire para termoeléctricas, que ha demorado más de diez años, de manera de entregar un marco regulatorio claro para las termoeléctricas nuevas y antiguas, así como avanzar en una norma de emisiones al agua.
Finalmente, en términos globales y a la luz del amplio debate público surgido por el caso Barrancones, el Ejecutivo debiera liderar la discusión sobre la matriz energética del país, la que debe conjugarse con definiciones relativas al ordenamiento territorial, en ambos casos en el marco de un debate amplio, que involucre a todos los sectores de la sociedad.