Piñera lapida la nueva institucionalidad ambiental
Columna de opinión de Paola Vasconi, Coordinadora Programa de Medio Ambiente de Fundación Terram, publicada en blog de La Tercera el 12 de mayo de 2011. Vea Blog AQUÍ.
“Respetar la institucionalidad ambiental y no armar un circo” ha sido el pedido del gobierno de Sebastián Piñera a través de su vocera, a propósito de la reciente aprobación ambiental del megaproyecto hidroeléctrico de Aysén. Sin embargo, ni los ministros de estado ni el propio presidente de la República son capaces de cumplir con este cometido.
Tras los pronunciamientos favorables a la iniciativa de distintos ministros, instancias previas a la votación del proyecto, el hecho más grave ha ocurrido durante el día de ayer cuando el propio presidente de la República ha dado su apoyo explícito al proyecto Hidroaysén, haciendo suyo el discurso y la campaña publicitaria impulsada por el consorcio Endesa/Enel-Colbún y su vicepresidente ejecutivo Daniel Fernández, que han asegurado que Hidroaysén es un proyecto “estratégico” para el país y que de no construirse las cinco represas en la Patagonia chilena, estaríamos condenando al país a un apagón eléctrico en los próximos años.
La gravedad de las palabras del presidente dice relación, entre otras, con el funcionamiento y la legitimidad del actuar de la nueva institucionalidad ambiental, pues aunque Hidroaysén ya obtuvo una calificación ambiental favorable emitida por la Comisión de Evaluación de Aysén, el pasado lunes 9 de mayo, todavía quedan instancias administrativas de reclamación por recorrer y, en este caso, de acuerdo a la nueva institucionalidad ambiental, es el Comité de Ministros del Servicio de Evaluación Ambiental, conformado por seis ministros de estado (Medio Ambiente, que preside, Agricultura, Economía, Minería, Salud y Energía), el que deberá pronunciarse sobre los recursos de reclamación al proyecto que pueden presentar, tanto la empresa como los opositores al proyecto que han participado del proceso de evaluación ambiental.
En este sentido, resulta impensable que siendo el presidente Piñera el superior jerárquico de los ministros y quien marca las pautas de la conducción política del gobierno, alguno de los ministros miembros de este Comité se sienta con la libertad de maniobra necesaria para acoger favorablemente las reclamaciones que presentarán quienes nos oponemos a este megaproyecto.
Con ello, Piñera lapida la nueva institucionalidad ambiental vigente en nuestro país y deja en evidencia la imposibilidad que ésta tiene para imprimir un carácter técnico a la evaluación ambiental de los proyectos de inversión. Por el contrario, a todas luces y en cada etapa del proceso de evaluación de éste y otros proyectos, ha ido quedando en evidencia que se trata de una decisión política ordenada desde La Moneda por el Presiente de turno, que no incorpora ni la opinión de las instancias técnicas ni la de la ciudadanía en general.
Muchos han defendido la legitimidad de esta institucionalidad ambiental señalando su reciente tramitación en el Parlamento. Me permito recordarles que el diseño institucional ambiental que hoy día tenemos es producto de un “Acuerdo Político” entre la Alianza y la Concertación, durante el Gobierno de Bachelet, pues este proyecto de Ley recibió más de 1500 observaciones, lo que complejizada su discusión en el Congreso y la posibilidad de Bachelet de pasar a la historia como la presidenta que reformó la CONAMA.
La reforma institucional impulsada por Bachelet se enfocó fundamentalmente en diseñar la arquitectura institucional (Ministerio, SEA y Superintendencia) y no en darle sustancia y contenido a las nuevas instituciones. Menos aún, en acoger las demandas y propuestas de las organizaciones ciudadanas que fueron la base para cambiar las instituciones en esta materia.
Hoy hemos visto una vez más que las decisiones ambientales en nuestro país fueron y siguen siendo decisiones políticas y no basadas en los criterios técnicos de los servicios encargados de la evaluación. Nuevamente queda claro que la reforma a la institucionalidad ambiental que surgió de la Ley 20.417 no reformó ni solucionó los temas de fondo que la originaron, seguimos teniendo serias carencias. El Ministerio de Medio Ambiente y los servicios relacionados no cuentan con el peso político mínimo indispensable que le permita proteger adecuadamente el patrimonio natural de la nación.
Sin lugar a dudas, hoy, nuevamente nuestra institucionalidad ambiental vive un escenario complejo.