Comisión de DD.HH. recibió a funcionarias del SERVIU de Aysén por investigación sobre HidroAysén

En su segunda sesión de audiencias, la Comisión Investigadora recibió testimonio respecto de los diversos documentos que se gestionaron en el Servicio, previo a la oficialización del informe que se entregó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Camara.cl, 13 de junio 2011.
Lea noticia relacionada: “Si se comprueban los ilícitos entonces en Chile la ley no vale nada”.

Antecedentes sobre las irregularidades presentadas en el proceso de confección y de oficialización del informe final elaborado por el SERVIU (Servicio de Vivienda y Urbanismo) de Aysén para el sistema de impacto ambiental, en relación al proyecto hidroeléctrico de HidroAysén, entregaron esta tarde funcionarias del Servicio ante la Comisión de Derechos Humanos, convertida en investigadora sobre el caso.

Susana Niccodemi, Natasha Pot y María Teresa Alfaro, todas funcionarias del SERVIU de Aysén, entregaron su testimonio sobre el caso, tras haber sido señaladas como testigos de las irregularidades cometidas en el Servicio por Fernando Miranda, ex encargado de la evaluación del proyecto de HidroAysén.

Natasha Pot (arquitecto, analista de desarrollo urbano) corroboró lo manifestado por Miranda, la semana pasada, y desestimó las descalificaciones que hiciera el Seremi Nicolás Terraza respecto de dichos antecedentes.

La funcionaria afirmó que Terraza, pese a estar inhabilitado en el caso por un vínculo familiar con el proyecto hidroeléctrico, participó durante todo el proceso: en reuniones directas con ejecutivos de HidroAysén, para analizar las observaciones del Servicio a la propuesta; en definiciones estratégicas respecto del tema; y en la redacción del informe que se presentara ante el sistema de evaluación, que señalaba que se estaba conforme con lo requerido.

Natasha Pot dijo que el primer documento, que declaraba la inconformidad del Servicio, presentado en la mañana del 26 de abril, contenía los criterios que habían sido discutidos previamente entre Miranda, Terraza, el seremi subrogante, Rodrigo Solís (quien firmaría el documento final), y la jefa del Departamento de Desarrollo Urbano, Rosa Toro. Sin embargo, relató, horas después, en una reunión en la que Miranda no participó, se redactó una nueva versión, esta vez expresando la conformidad del Servicio.

La analista, desde su visión profesional, estimó que no hubo en el segundo informe un elemento técnico que justificara cambiar el parecer expresado en el primero. Recalcó que, tanto como reemplazante de Miranda en dos reuniones con la empresa, así como con conversaciones sobre el caso con su colega de trabajo, pudo conocer del proyecto y sus problemas, los que no habrían sido superados, pese a la conformidad manifestada.

Pot y Susana Niccodemi, encargada de la Oficina de Partes del SERVIU de Aysén hasta el 27 de abril, informaron que llegaron a haber tres informes distintos sobre el mismo caso: el presentado por Miranda, que se manifestaba disconforme y que no contó con la firma de Solís; y dos firmados por éste, en formato PDF, que se declaraban conformes.

Susana Niccodemi indicó que Miranda le había entregado el primer informe aquella mañana para que se subiera al sistema de partes, pero no se numeró dado que faltaba la firma del jefe del Servicio. Luego, precisó, casi al término de la jornada laboral, Solís salió de una reunión con Terraza y Toro, y le entregó un texto de una sola hoja con tres copias para ingresar al sistema, en el cual se expresaba el criterio de conformidad al proyecto hidroeléctrico.

Al día siguiente, continuó, se percató que estaban ingresados tres documentos: el entregado por Miranda, el que le pasó Solís y un tercero, también expresando conformidad, pero de dos hojas, que además, presentaba una numeración hecha a mano.

Sobre este tema, María Teresa Alfaro, del área de administración e informática, señaló que en la tarde del día 26, cuando Susana Niccodemi ya se había retirado, Terraza le solicitó que asistiera a Solís y a Toro para ingresar un documento en el sistema de parte, dado que no había Internet en ese momento y urgía efectuar el registro.

Explicó que se comunicó con el nivel central para efectuar el trámite y que allá, por falta de legibilidad del número (folio 291), se marcó a mano. Recalcó que todo el proceso estuvo mandatado por las máximas autoridades del Servicio, restando cualquier responsabilidad en el acto.

Luego de escuchar las declaraciones de las funcionarias, y tras sus aprensiones, la Comisión de Derechos Humanos -presidida por el diputado Sergio Ojeda (DC)- aprobó oficiar al Presidente Sebastián Piñera para que se entreguen todas las garantías a los funcionarios, ya sea de planta, contrata u honorarios, para que estén en libertad de entregar sus testimonios sobre el caso.

La instancia también acordó hacerse presente en la Región de Aysén entre el 8 y 9 de julio para obtener antecedentes en terreno y facilitar que algunas organizaciones de la zona entreguen su parecer sobre la investigación.